La administración de Donald Trump mantiene conversaciones avanzadas con Venezuela, de la que subrepticiamente tomó poder tras la caída en desgracia de Maduro, para que Estados Unidos adquiera una participación directa en más de una docena de yacimientos petrolíferos que albergan casi un tercio de las enormes reservas energéticas del país latinoamericano, en momentos en los que la diáspora venezolana desde el exilio le cuestiona a la Casa Blanca el retraso en la transición hacia la democracia en el Palacio de Miraflores.
AVIDEZ POR EL CRUDO
Estados Unidos ejerce máxima presión sobre Venezuela para acceder a 17 yacimientos petroleros
Trump, quien se declaró veedor de la democracia venezolana tras hacer caer a Maduro, presiona a Venezuela para lograr un acuerdo que le permita a Estados Unidos acceder a 17 yacimientos petrolíferos venezolanos.
En el caso de que Washington y Caracas lleguen a un acuerdo, esto allanaría el camino para que productores energéticos de Estados Unidos participen en la producción de petróleo en dicho país, según fuentes cercanas a las negociaciones, que revelaron a Axios el jueves todos los detalles sobre estas negociaciones.
De acuerdo con las versiones que comparten las agencias Reuters y Bloomberg y el medio digital estadounidense Axios, la administración de Donald Trump, que el 3 de enero hizo rodar la cabeza de Nicolás Maduro bajo un operativo especial que lo capturó en jurisdicción venezolana y lo llevó tras las rejas, busca asegurarse el acceso a 17 campos petroleros venezolanos que serían desarrollados por compañías estadounidenses.
Las conversaciones, incluso, contemplan la posibilidad de que Estados Unidos obtenga un arrendamiento de 100 años sobre varios campos petroleros de Venezuela, lo que abre ciertos interrogantes sobre su legalidad y sobre si el gobierno de Delcy Rodríguez se arrodillará a tales pretensiones para poder seguir gobernando y evitar comparecer en los tribunales estadoundienses como lo está haciendo Maduro.
Estados Unidos planea hacerse del petróleo venezolano
Un acuerdo de Estados Unidos para hacerse del petróleo venezolano sería una válvula de alivio para Washington frente al impacto de la guerra contra Irán en sus costos energéticos.
Esto, debido a que el conflicto iniciado por Trump e Israel, que cursa su sexto mes, derivó en el cierre efectivo del estrecho de Ormuz —una vía clave en el Golfo por donde fluye una gran parte de los hidrocarburos del mundo— y en los ataques hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb —una vía marítima vital que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y que representa otra arteria energética clave—, lo que, a su vezm ha provocado fuertes disrupciones en el suministro y contribuido a elevar los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Según las filtraciones de negociación entre la administración de Trump y la de Caracas, el acuerdo daría a Estados Unidos una posición estratégica en al menos 17 de los campos de petróleo y gas más prometedores de Venezuela, que albergan unos 90 mil millones de barriles de reservas probadas, casi el doble que las de Estados Unidos.
De concretarse dicho acuerdo, este tranquilizaría a las empresas estadounidenses que tendrían reparos en invertir capital en la industria petrolera de un país que aún sigue gobernado por el chavismo, aunque este se halle totalmente doblegado a la administración Trump para no correr la misma suerte que Maduro.
Es que durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela pasó de un modelo en el que compañías petroleras extranjeras tenían una participación significativa en proyectos de explotación a otro en el que el Estado, a través de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A), recuperó el control mayoritario de la industria.
La política de nacionalización, expropiación y aumento coercitivo del control estatal sobre el crudo se intensificó en 2007, cuando Chávez obligó a las empresas que operaban en la Faja del Orinoco a convertirse en socias minoritarias de PDVSA, que pasó a tener el 60% de las acciones. Mientras compañías como Chevron, Total y BP aceptaron el nuevo esquema mixto que relegaba a las empresas extranjeras a la condición de socias minoritarias, ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron y abandonaron sus proyectos, dando lugar posteriormente a millonarios arbitrajes internacionales.
El proceso, presentado por Chávez como una recuperación de la soberanía petrolera, significó en la práctica una fuerte expansión del control estatal sobre la industria y marcó un punto de quiebre en la relación de Venezuela con las grandes petroleras internacionales.
Luego de la muerte de Chávez, el presidente Nicolás Maduro siguió con la misma política de Estado para mantener la soberanía petrolera. Tanto Chávez como su sucesor denunciaron en repetidas ocasiones que Washington buscaba un cambio de régimen para imponer un gobierno subordinado que entregara la soberanía energética y los yacimientos del país.
Trump pretende asegurarse 100 años de acceso al crudo de Venezuela y se cuestiona la legitimidad del acuerdo
Las agencias Reuters, Axios y Bloomberg revelaron este jueves que funcionarios de la administración del presidente Donald Trump trabajan para garantizar a Washington el acceso a largo plazo a una parte de las reservas venezolanas.
Aunque los términos del acuerdo todavía están en discusión, las negociaciones contemplan que Washington se asegure el control sobre un grupo de campos petroleros que luego serían desarrollados por compañías estadounidenses.
El crudo producido tendría como destino garantizado a Estados Unidos, según fuentes citadas por Reuters.
Una de las maneras legales que se estudia es el arrendamiento de los campos. Sobre ello, Bloomberg señala que entre las posibilidades discutidas figura incluso un plazo de 100 años. “Esto es real y se está debatiendo en los más altos niveles de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela”, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las conversaciones.
Cabe destacar que las negociaciones ocurren a siete meses de que Venezuela, tras la caída forzada de Maduro, aprobara una profunda reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos, lo que ha abierto la puerta a una participación privada mucho mayor en una industria controlada durante décadas por el Estado.
Bajo este trasfondo en el que se filtran las reales intenciones de la Casa Blanca sobre Caracas, el economista venezolano Ricardo Hausmann cuestionó este jueves, en su cuenta de X, la constitucionalidad y legitimidad de las negociaciones.
Del mismo modo, el economista y exdirectivo de PDVSA, José Toro Hardy, también coincidió con en ese problema.
Al analizar las dificultades para atraer capital hacia el sector petrolero, precisó, en declaraciones ante el medio ‘VPItv’, que Venezuela es actualmente “el país más inseguro del mundo para invertir” y sostuvo que cualquier recuperación petrolera necesitará ofrecer garantías a quienes aporten capital.
“Debemos brindar seguridad jurídica”, señaló.
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