Animadversión entre Estados Unidos y Brasil por la designación de un funcionario clave de la OEA

Lula da Silva y Donald Trump, mientras atrás hay fuego cruzado.

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Bajo un telón de fondo en el que reinan las hostilidades mutuas debido a los aranceles y las posturas con respecto al clan Bolsonaro, Estados Unidos y Brasil rivalizan en la Organización de los Estados Americanos (OEA) en torno a la elección del próximo relator especial para la libertad de expresión (RELE), que funciona bajo la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que reemplazará al actual relator, Pedro Vaca Villarreal.

Washington cuestiona la transparencia y la representatividad del proceso, manifestando tener profundas dudas respecto al procedimiento que se está utilizando para designar al futuro relator que promueve y protege la libertad de pensamiento y expresión en América Latina, por lo que, a través de la representación diplomática estadounidense en la OEA, ha pedido que se analice en el Comité Permanente de la OEA cómo la CIDH designa al relator.

Ante ello, Brasilia ha denunciado que esto representa “un claro intento de interferencia” de parte de la Casa Blanca, sobre todo considerando que el relator especial para la libertad de expresión (RELE) tiene un papel central en cuestiones vinculadas con la libertad de expresión, la regulación de plataformas, la desinformación, la censura, la prensa y las restricciones al discurso político. De hecho, la propia CIDH define su función como la entidad que se encarga de la promoción y protección de la libertad de pensamiento y expresión en las Américas.

Lula y Trump

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De acuerdo el embajador de Brasil en la OEA, Benoni Belli:

“Se trata de un claro intento de interferencia en la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al pretender cuestionar criterios de un proceso selectivo en curso, cuando inclusive ya se encuentra publicada la lista de finalistas. Y teniendo en cuenta que los criterios son los mismos desde hace 20 años y son conocidos por todos”.

Y concluye: “Intentar cambiar las reglas del juego cuando el juego está en curso no es solo contrario al Estado de derecho y a la seguridad jurídica; constituye igualmente una injerencia indebida en los trabajos de un órgano independiente de protección y promoción de los derechos humanos. Lo que nos parece intolerable por crear un peligroso precedente que tiende a minar los cimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Frente a este escenario, en el que EE.UU. pone en tela de juicio el procedimiento para la designación del próximo relator especial para la Libertad de Expresión (RELE), la CIDH ha enviado una carta a todos los representantes de la OEA para defender su método de selección.

“La metodología de la valuación se basó en la evidencia documental presentada por las personas candidatas, incluidos los formularios de aplicación y los currículos vitae, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria pública”, explica la carta que firma Tania Reneaum Panszi, secretaría ejecutiva de la CIDH.

Estados Unidos y Brasil también rivalizan por el clan Bolsonaro y los aranceles

La denuncia del supuesto intento de interferencia de Estados Unidos en las elecciones del relator especial ocurre justamente en un contexto de máxima confrontación política entre ambos países, debido al respaldo explícito del presidente Trump a las aspiraciones presidenciales de Flávio Bolsonaro, senador por el Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y tras la imposición de un arancel del 25% a “la mayoría” de las importaciones brasileñas, medida que el propio Lula ha calificado de “injustificada e infundada”, mientras miembros de su Gabinete asegura que el republicano utiliza los gravámenes como un arma de guerra.

Flávio Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro junto a Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

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El 26 de mayo de este año, Trump recibió en el Despacho Oval de la Casa Blanca al aspirante presidencial Flávio Bolsonaro y a su hermano Eduardo Bolsonaro, ambos hijos del ex mandatario brasileño. Un año antes, Trump había declarado que el expresidente Jair Bolsonaro, condenado en Brasil a 27 años de prisión por supuestamente liderar un complot golpista, había sido víctima de una “caza de brujas” pergeñada por el Gobierno de Lula. Incluso, por aquellas fechas, el Departamento del Tesoro estadounidense había decidido sancionar al magistrado Alexandre de Moraes, uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil que sentenció a Bolsonaro, bajo la Ley Global Magnitsky (aunque en diciembre de ese año finalmente se lo eliminó de la lista luego de tensas negociaciones diplomáticas entre ambos países).