Si uno cree que en el Siglo XXI, la esclavitud ya está abolida, tan sólo mire el caso de los 200 hombres que trabajaban a sol y sombra en los viñedos de la ciudad de Bento Goncalves, en Serra do Rio Grande do Sul, Brasil. El 22 de febrero, un operativo coordinado por el Ministerio de Trabajo local logró liberar a más de un centenar de brasileños que habían sido privados de su libertad, llevados engañados a trabajar recolectando uvas para Bodegas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Saltón y otros productores rurales de la región, con la falsa promesa de un buen sueldo y sobreentendiéndose el respeto a los DD.HH. Según la agencia de noticias Globo, la empresa que ofrecía mano de obra a las bodegas era Fênix Serviços Administrativos, quién está imputada por el delito de trata.
MACABRO
"Esclavos del Vino" en Brasil: Picaneados y bajo secuestro
Un centenar de brasileños fueron rescatados de unos viñedos al Sur del país, trabajando en condiciones de esclavitud, retenidos contra su voluntad y picaneados con pistolas eléctricas.
Las autoridades dieron con los trabajadores rurales esclavizados, gracias a que tres sujetos que habían huido de este albergue del terror ubicado en Bairro Borgo, a unos 15 km de los viñedos del municipio de Bento Goncalves, acudieron por ayuda a la Policía Federal de Caminos (PRF). El Ministerio Público del Trabajo, la Policía Federal de Caminos y la Policía Federal comunicaron que cuando este lugar fue allanado, se encontraron a seres humanos en “condiciones degradantes”.
La promesa de una excelente remuneración (salarios superiores a $R 3.000), alojamiento y alimento incluidos durante la estadía laboral, empujaron a trabajadores de clase popular a emplearse en la vendimia al sur de Brasil. "En cuanto llegamos allí nos enviaron a trabajar, sin tiempo para descansar. Inmediatamente supe que algo andaba mal", comentó Neco, un brasileño esclavizado, a las agencias de noticias tras la repercusión mediática:
Los “Esclavos del Vino” como fueron bautizados por los medios de comunicación, sostuvieron que llegaban a trabajar obligatoriamente unas 12 horas initerrumpidas por día (de 5 a.m a 8 p.m ) durante toda la semana —con excepción los sábados—, y que recibían castigos físicos. También testificaron haber estado sumidos en una situación de secuestro, ya que para recobrar la libertad, por así decirlo, tenían que pagar una “deuda” con la empresa. A su vez, la comida que les cubría el salario estaba rancia y en mal estado, además de que el dinero gastado para compras propias en un mercado a pocas cuadras, era finalmente descontado de su salario.
Esclavitud moderna: en negro, jornadas largas y secuestro
Como si esto fuera poco, muchos de los trabajadores eran despertados a la madrugada, cuando iniciaba su jornada, con picanas eléctricas. Y el recinto en el que dormían hacinados, en camas cuchetas, bajo condiciones insalubres, parecía un campo de concentración. Tenían guardias de seguridad controlando todos sus pasos, y si sufrían de tos u otras enfermedades estacionales no podían recibir atención médica.
"Las personas que intimidaron a los trabajadores mostraron, con mucho, la conducta más violenta con la que me he encontrado en los 12 años que he tratado casos de trabajo forzado", lanzó Admar Fontes, coordinador de una agencia gubernamental contra la esclavitud del estado de Bahía, de donde provenían el 93% de los esclavizados, cuya mayoría se autopercibe como negro (95%), y un 58 % de ese total no había completado la escolarización, así lo refirió Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, indicando la extrema situación de vulnerabilidad.
"Las personas responsables de contratar a estos trabajadores actuaron con audacia, como si pudieran tratar a los hombres de manera horrible y salirse con la suya", agregó.
La empresa responsable penalmente es Fênix Serviços Administrativos e Apoio a Gestão de Saúde LTDA, dirigida por Pedro Augusto de Oliveira Santana, de 45 años, quien responderá a la justicia bajo libertad tras haber pagado una fianza R$ 40 mil.
Tal fue el escándalo en Brasil que rozó al lobby vitivinícola, que el secretario general de la Confederación Nacional de Obispos argumentó que los vinos producidos por fabricantes que “violen la dignidad humana” no deben ser elegidos para uso feligrés:
Trata de personas: No todo es oro (negro) en Vaca Muerta
Un proceso judicial por presunta trata de personas en Añelo, la ciudad cabecera de Vaca Muerta, tardó 5 años en llegar a juicio oral, y terminó con el retiro de la acusación fiscal y el sobreseimiento de las dos personas investigadas.
En todo ese tiempo solo una de las cinco posibles víctimas fue citada a declarar, y ya no se volvió a ubicar el paradero de ninguna.
"Las rotan todo el tiempo por todo el país", explicó una especialista dedicada al tema al diario 'Río Negro', que cuenta hoy sobre la audiencia.
Un hombre y una mujer, ella de nacionalidad dominicana, que regenteaban un pool en Añelo, eran los imputados. Esta semana se realizó una audiencia ante el juez del Tribunal Oral Federal Alejandro Cabral, de la que participaron el fiscal José Nebbia, y como defensores Luis Varela y Maximiliano Orpianessi.
Personal de Prefectura Naval vestido de civil concurrió en distintas fechas y horarios al local para realizar tareas de investigación, no vieron a menores de edad, pero de todos modos el 6 de diciembre del 2017 se allanó con la participación de especialistas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.
Pasó el tiempo y en abril del 2018, según Nebbia, la Cámara Federal de Roca hizo un llamado de atención por el lento trámite de la causa. Recién el 7 de septiembre se llamó a declarar a una de las presuntas víctimas, una mujer de nacionalidad dominicana. En el local había 5, pero a ellas nunca se les tomó declaración, y al poco tiempo desaparecieron sin dejar rastros. Hasta el día de hoy no se las pudo volver a localizar.
Demasiadas demoras
En octubre se procedió a la indagatoria de los encargados del local, que tenía habilitación municipal, y en agosto de 2019 se pidió su procesamiento: "Un año y 9 meses después de la denuncia", remarcó el fiscal.
El procesamiento fue dictado en febrero del 2020, y en marzo la fiscalía pidió la ampliación de la indagatoria y del procesamiento para imputarles otros delitos. El juez respondió en septiembre y le devolvió el expediente a la fiscalía, que contestó en febrero del 2022. En abril de ese año se concretó la elevación a juicio de la causa.
Nebbia destacó que inicialmente, la propia fiscalía solicitó el sobreseimiento de los imputados de la acusación por "administrar y regentear" un prostíbulo "por haber prescripto la acción penal por el paso del tiempo".
Pero no reunieron pruebas para comprobar ninguno de esos delitos: "No había situación de sometimiento o explotación sexual dentro del local", dijo el fiscal, "no se puede afirmar que las mujeres recibían sólo el 50% del valor de las copas que pagaban los hombres; ellas tenían libertad para moverse; no les retuvieron el documento; no les controlaban las salidas ni les imponían sanciones", enumeró.
Los imputados "siempre estuvieron a derecho", aclaró, y remarcó que los defensores no incurrieron en maniobras dilatorias.
Y dijo el fiscal en la audiencia en la cual retiró la acusación contra las dos personas imputadas:
Y retiró la acusación.
Los defensores Varela y Orpianessi prestaron conformidad. El juez Cabral dictó el sobreseimiento, y lamentó que el caso haya llegado a juicio "en cinco años y no en cinco meses. Habríamos podido citar a las víctimas y tal vez algo distinto podría haber surgido", reflexionó.
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