Donald Trump pone en marcha deportaciones masivas

En EEUU se espera que Donald Trump movilice agencias de todo el gobierno para llevar a cabo su plan de deportación de inmigrantes, aprovechando todos los recursos disponibles y así presionar a las llamadas jurisdicciones "santuario" para que cooperen, según ex funcionarios.

Donald Trump

Donald Trump fuerte contra la inmigración

Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris en una sorprendente remontada política , proyectó Edison Research, y dijo a sus partidarios que Estados Unidos le había dado un "mandato poderoso y sin precedentes"

Los partidarios de Trump -incluidos algunos que podrían entrar en su segundo gobierno- anticipan que el presidente electo republicano llamará a todos, desde el ejército estadounidense hasta los diplomáticos en el extranjero, a convertir en realidad su promesa de campaña de deportaciones masivas. El esfuerzo incluiría la cooperación con los estados liderados por los republicanos y el uso de fondos federales como palanca contra las jurisdicciones resistentes.

Trump recuperó la Casa Blanca prometiendo una amplia ofensiva contra la inmigración . El eje central de su campaña de reelección fue la promesa de deportar a una cantidad récord de inmigrantes, una operación que el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, estimó que podría expulsar a un millón de personas por año.

Los que defienden a los inmigrantes

Los defensores de los inmigrantes advierten que la iniciativa de deportación de Trump sería costosa, divisiva e inhumana, y que conduciría a la separación de familias y a la devastación de comunidades. Las encuestas de salida de Edison Research mostraron que el 39% de los votantes dijo que la mayoría de los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente deberían ser deportados, mientras que el 56% dijo que se les debería permitir solicitar un estatus legal.

Trump luchó por aumentar la deportación entre 2017 y 2021

Al contar tanto las expulsiones de inmigrantes como las “devoluciones” más rápidas a México por parte de los funcionarios fronterizos estadounidenses, Biden deportó a más inmigrantes en el año fiscal 2023 que en cualquier otro año de Trump, según datos del gobierno.

Pero una operación de deportación dirigida a millones de personas requeriría muchos más agentes, camas de detención y jueces de tribunales de inmigración. El Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa de los inmigrantes, estimó que el costo de deportar a 13 millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos ascendería a 968 mil millones de dólares en poco más de una década.

Tom Homan, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que se espera se una a la nueva administración, dijo en una entrevista a fines de octubre que la escala de las deportaciones dependería de los posibles oficiales y del espacio de detención. “Todo depende de cuál sea el presupuesto”, dijo.

Si bien el gobierno entrante de Trump podría beneficiarse de la experiencia adquirida durante su primer mandato, podría volver a encontrar resistencia por parte de empleados gubernamentales ideológicamente opuestos, incluidos los funcionarios que examinan a los inmigrantes para solicitar asilo.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y grupos de defensa de los inmigrantes se han estado preparando para batallas judiciales si Trump vuelve a poner a prueba los límites de su autoridad legal.

Lee Gelernt, un abogado de la ACLU que lideró la lucha contra la polémica política de separación familiar de Trump , dijo que más de 15 abogados centrados en inmigración en la oficina nacional de la organización pasaron el año preparándose para la posibilidad de un regreso de Trump.

“Definitivamente necesitamos estar coordinados y tener más recursos, porque creo que vendrán mucho más preparados”, dijo Gelernt.

El Departamento de Estado en particular podría ser un lugar donde Trump actúe más agresivamente que durante su primer mandato, dijeron varios partidarios de Trump.

Un factor clave será si otros países aceptarán a sus ciudadanos, un tema que Trump afrontó con limitado éxito durante su primer mandato. El gobierno de Trump también tuvo dificultades en ocasiones para convencer a otras naciones de la región, incluido México, de que tomaran medidas para impedir que los migrantes se dirigieran hacia la frontera entre Estados Unidos y México.

Ken Cuccinelli, ex subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, dijo que el Departamento de Estado era un “obstáculo” para la aplicación de la ley migratoria y que designar personas agresivas será clave.

Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021, dijo recientemente que estaba frustrado por la renuencia de algunos diplomáticos estadounidenses a abordar la aplicación de las leyes migratorias.

"Nadie pensó realmente que ese era su problema", dijo Landau en un panel de discusión en octubre del Centro de Estudios de Inmigración, que está a favor de restringir la inmigración.

Aproximadamente la mitad de los 21.000 empleados del ICE forman parte de su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, que se centra en delitos transnacionales como el tráfico de drogas y la explotación infantil, en lugar de en la aplicación de las leyes de inmigración. Varios aliados de Trump dijeron que la unidad tendría que dedicar más tiempo a la inmigración.

HSI se ha distanciado del trabajo de inmigración de ICE en los últimos años, diciendo que el miedo a la deportación dificultaba que sus investigadores generaran confianza en las comunidades inmigrantes.

Stephen Miller, el arquitecto de la agenda de inmigración del primer mandato de Trump, dijo en 2023 que las tropas de la Guardia Nacional de los estados cooperativos podrían potencialmente ser desplegadas en estados resistentes para ayudar con las deportaciones, lo que probablemente desencadenaría batallas legales.

Trump planea usar un estatuto de guerra de 1798 conocido como la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas, una acción que casi con certeza sería impugnada en los tribunales.

La ley se ha utilizado tres veces, según el izquierdista Centro Brennan para la Justicia: la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se empleó para justificar los campos de internamiento para personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana.

El Centro Brennan y otros han pedido al Congreso que derogue la ley.

"Muchos temen que una segunda administración de Trump intente utilizar esta ley para justificar la detención indefinida y expulsar a personas del país rápidamente y sin revisión judicial", escribió Naureen Shah, subdirectora de asuntos gubernamentales de la ACLU, a fines de octubre.

George Fishman, ex funcionario del DHS bajo el gobierno de Trump, dijo que la administración Trump tendría que demostrar que los inmigrantes fueron enviados por un gobierno extranjero. "Me preocupa un poco prometer demasiado", dijo Fishman.