El miércoles (2/10) la ahora ex fiscal departamental de la región de Bolivia, Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció que la cabeza del Ministerio Público de Bolivia, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, la despidió y ordenó frenar una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en una investigación por presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas.
ORDEN DE CAPTURA ANULADA
Desentierran el 'estupro' de Evo Morales y despiden a fiscal
La fiscal departamental de Tarija, Bolivia, Sandra Gutiérrez, denunció que el Ministerio Público frenó una orden de captura contra Evo Morales por estupro y tráfico de personas.
03 de octubre de 2024 - 09:00
Un nuevo capítulo de la guerra fratrcidia entre Evo Morales y Luis Arce.
“Para mí es una persecución y lo denunció de como el fiscal Juan Lanchipa, que ha jurado defender la legalidad de las normas y la sociedad, pero tratándose de un exmandatario, de Juan Evo Morales, donde existe un delito de lesa humanidad que es trata y tráfico, la directora de género ha venido a deshacer esta conformación de fiscales y a parar las investigaciones que estábamos llevando adelante”.
Gutiérrez explicó que su comisión ahora disuelta tenía órdenes de aprehensión también hacia otras personas. Pero sus superiores lo han dejado sin efecto con un acción de libertad en Santa Cruz luego de que se filtrara faltando una hora para que se ejecute.
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La acción de libertad es un recurso tutelar en Bolivia frente a privaciones o limitaciones arbitrarias, indebidas o ilegales de la libertad física o de locomoción, equiparable al 'habeas corpus'.
Antes de desvincularla, Juan Lanchipa, le había ordenado dejar el caso y disolver la comisión creada para investigar a Morales y amenazado con "procesos penales y disciplinarios" si no obedecía.
La ahora exfiscal afirmó que el miércoles dos de los tres fiscales de esa comisión recibieron "memorandos de agradecimiento" por sus servicios y que ella fue removida del cargo tras negarse a renunciar.
Según la desvinculada, ahora el caso está en manos de la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, que es la directora general, de la Fiscalía General del Estado. En una llamada, ésta le dijo que seguiría las órdenes específicas del “jefe”, en alusión a Lanchipa, “de no hacer nada”, según informó La Razón Digital.
Estupro
El caso por el que se investiga a Morales es por el supuesto delito de "trata y tráfico de personas". Supuestamente ocurrió cuando la supuesta víctima "tenía 15 años" en una provincia de Tarija, si bien Gutiérrez se excusó de dar mayores detalles al haber una adolescente involucrada.
En 2020 en plena campaña presidencial, el entonces viceministro de Transparencia, Guido Melgar, aseguró que Evo Morales era padre de una niña nacida en 2016, cuando su madre tenía 16 años. “La menor existe, la madre existe, y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma”. Esos datos habrían sido corroborados por el Servicio de Registro Civil y el Servicio General de Identificación Personal.
El gobierno interno boliviano ya había denunciado a Morales por estupro, trata y tráfico de personas, en referencia a la captación o traslado de personas para fines irregulares, por su supuesta relación, en 2015, con una adolescente de 14 años, Noemí M., que presuntamente lo acompañaba en viajes cuando este era presidente.
El caso se conoció tras la filtración de imágenes de la joven, que fueron vistas en toda Bolivia. Además de las fotos, existirían chats por Whatsapp de supuestas conversaciones entre Morales y la menor, que el periodista español Alejandro Entrambasaguas, de OK Diario, decía tener en su poder.
También la investigación sugería que la menor edad habría utilizado documentación falsa para visitar a Morales tanto en México como en Argentina, donde el expresidente estuvo exiliado.
Gutiérrez argumentó que "los antecedentes vienen de un informe de inteligencia" y denunció que supuestamente hay "órdenes específicas" de Lanchipa "de no hacer absolutamente nada" sobre este caso.
Por ello, analizará la posibilidad de presentar una denuncia internacional "porque el delito de trata y tráfico es un delito de lesa humanidad".
El caso surge en medio de la guerra fratricida en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) entre las facciones afines a Morales y al presidente del país, Luis Arce, por el control del partido, y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, uno de los tantos evistas, denunció que existe una ‘persecución política’ contra el exmandatario Evo Morales tras las marchas violentas que lideró contra Arce.
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