Periodistas denuncian restricciones inéditas a la prensa en democracia y reclaman garantías para informar desde la sede del Poder Ejecutivo.
La prensa en alerta luego de la avanzada del Gobierno en Casa Rosada.
Foto: ChatGPT 30/04/2026 Tras el informe emitido en el programa ¿Y mañana qué? conducido por Luciana Geuna a través de la pantalla TN, se intensificaron las restricciones hacia los periodistas acreditados en la Casa Rosada, generando preocupación en el ámbito de la prensa. Desde Urgente24 hablamos con colegas afectados en este contexto de creciente tensión.
La periodista Silvia Mercado remarcó que las restricciones afectan directamente el acceso a información clave: “Si uno no entra, no está en la Casa Rosada, solo tiene la información que manda el Gobierno”, y agregó que “podemos tener una cantidad de información que el Gobierno no cuenta que estando afuera no podemos tener”. En ese sentido, subrayó que “es un trabajo delicado que es muy importante y que requiere la presencialidad del periodista” y que se trata de “un periodismo de otra calidad, es un periodismo más preciso”. Además, advirtió que “este es el gobierno que más restricciones le puso a los periodistas” y calificó el escenario como “una situación delicada” para el control democrático.
Asimismo, su colega Alejandro Gomel calificó la situación como “grave” en términos institucionales y de libertad de expresión. “No podemos imaginarnos, por ejemplo, que esté cerrada la sala de periodistas de la Casa Blanca”, ejemplificó. Además, advirtió que “se afecta la calidad, la transparencia, la información que recibe la ciudadanía” y consideró que la medida refleja “una faceta muy autoritaria del Gobierno” al no respetar “la libertad de prensa y el acceso a la información”.
Es preciso destacar que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó su Informe Anual de Monitoreo 2025 y advirtió un récord de 278 ataques contra la prensa, el número más alto desde 2008, con un aumento del 55% respecto al año anterior. El reporte, titulado “El periodismo en riesgo de silencio”, remarcó al poder político como principal agresor y ubica al presidente Javier Milei como responsable de 119 casos. Además, alerta sobre el crecimiento de la violencia estatal y digital, así como el deterioro del clima para el ejercicio periodístico, con impacto directo en la calidad democrática y el acceso de la ciudadanía a la información.
El abogado constitucionalista Diego Armesto, representante del medio Ámbito Financiero, sostuvo que la medida “afecta derechos humanos fundamentales, principalmente la libertad de expresión y la libertad de prensa”. En ese sentido, remarcó que “cualquier restricción al derecho a la libertad de prensa y expresión es una vulneración a los derechos fundamentales”, al tiempo que recordó que estos principios están protegidos por la Constitución y tratados internacionales.
El letrado explicó que, si bien “no hay derechos absolutos en la Constitución”, la libertad de expresión tiene límites muy específicos. Citó que, como establece la normativa internacional, “la libertad de expresión, el derecho a saber, a informarse tiene una limitación que es nada más y nada menos la responsabilidad ulterior”, y subrayó que ese es el criterio que “debería tener presente el Gobierno” al momento de adoptar decisiones.
Sobre la acción judicial, detalló que “el amparo presentado lo que pretende es, obviamente, defender los derechos vulnerados a partir de la medida arbitraria y manifiestamente ilegal”. Apuntó directamente contra el Poder Ejecutivo al señalar que la decisión implica “vulnerar derechos humanos fundamentales”, en particular aquellos vinculados al ejercicio del periodismo y al acceso a la información pública.
Finalmente, advirtió sobre el impacto institucional de estas restricciones y su vínculo con la vida democrática. “La libertad de prensa tiene un gran correlato con el debate público y la necesidad de los ciudadanos de participar”, afirmó, y recordó que “sin el periodismo sería imposible controlar al Gobierno”. En esa línea, expresó su expectativa de que la Justicia actúe para “proteger el derecho humano fundamental” y garantizar el orden constitucional.
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