Prisiones privadas ganan US$ 13.000 millones con la ofensiva migratoria de Donald Trump

El gobierno de Donald Trump ha deportado a miles de migrantes de USA en 2025, incluyendo cientos que están encarcelados en una prisión de alta seguridad en El Salvador. Entre ellos se encuentra el venezolano Andry Blanco Bonilla, de 40 años. Al rastrear la trayectoria de Blanco, que se desarrolló a lo largo de 2 Administraciones presidenciales (comenzó con Joe Biden y Donald Trump), surgen los beneficios extraordinarios de decenas de empresas vinculadas al sistema de prisiones privadas estadounidense (ICE, Immigration and Customs Enforcement): Notable investigación de Elizabeth Findell, Jack Gillum, Jemal R. Brinson y Juanje Gómez para The Wall Street Journal.

Importante: La principal diferencia entre una cárcel y una prisión radica en la duración de la estancia y el nivel de seguridad. Las cárceles son centros de detención de corta duración para personas en espera de juicio o condenadas por delitos menores, y las prisiones albergan a individuos condenados por delitos más graves y cumplen condenas de mayor duración.

El encarcelamiento de Blanco en El Salvador se produjo tras más de 1 año de lidiar con el complejo sistema migratorio estadounidense. Su historia pone de relieve cómo las empresas se lucran en casi todas las etapas del proceso de deportación, con ingresos superiores a los US$ 13.000 millones en la última década, según un análisis de contratos del WSJ. Ahora, las empresas esperan ingresos aún mayores. El gasto 2025 ya ha aumentado 50% con respecto a 2024.

WSJ examinó 10 años de gastos relacionados con las operaciones de control y deportación del ICE. Contabilizó las llamadas obligaciones (compromisos que el gobierno asume con los proveedores) y estandarizó las categorías de gastos.

La promesa de campaña de Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación interna en la historia de USA hizo que se dispararan las acciones de GEO Group y CoreCivic, las 2 principales empresas de detención privada de inmigrantes.

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Comedor de una prisión de GEO Group.

Deportaciones y Negocios

Con Trump, ambas compañías han firmado nuevos contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para centros de detención desde la investidura de Trump. Pero el verdadero objetivo —los fondos de un proyecto de ley fiscal y de gasto multibillonario previsto— aún se está tramitando en el Congreso, lo que mantiene los ingresos atados por ahora a la agitada burocracia gubernamental.

Las empresas privadas de detención gestionan instalaciones que subcontratan a agencias estatales y federales, incluido el ICE. También transportan detenidos. Cada una afirmó estar invirtiendo decenas de millones de dólares para prepararse para la afluencia prevista de contratos con el ICE, que representan el 43% de los ingresos de GEO Group y el 21% de los de CoreCivic.

Hasta ahora, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha votado para asignar US$ 45.000 millones a ICE para la detención de inmigrantes, que se utilizarán hasta septiembre de 2029.

Los republicanos de la Cámara de Representantes esperan lograr que el proyecto de ley completo sea aprobado antes del Día de los Caídos, con el objetivo de tenerlo en el escritorio de Trump el 04/07o.

Si bien los arrestos por inmigración han aumentado, la Administración Trump ha tardado en intensificar las deportaciones, un sello distintivo de la campaña presidencial. Las deportaciones diarias durante los primeros 100 días de Trump fueron menores que el promedio del último año de la Administración Biden.

El Grupo GEO actualmente tiene un contrato exclusivo con el ICE para servicios de monitoreo electrónico (brazaletes GPS y aplicaciones para teléfonos inteligentes), que se utilizan para inmigrantes que no son detenidos durante sus procedimientos. Su uso ha disminuido en los últimos años, de un máximo de aproximadamente 370.000 en 2022 a aproximadamente 185.000.

Trump ha prometido priorizar la deportación de inmigrantes que hayan cometido delitos.

“Nunca en nuestros 42 años de historia como empresa hemos tenido tanta actividad y demanda de nuestros servicios como la que estamos viendo ahora”, afirmó el CEO de CoreCivic, Damon Hininger.

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Instalación de CoreCivic.

El caso Blanco Bonilla

Andry Blanco Bonilla inició sus problemas en USA el 28/12/2023, cuando como inmigrante ilegal se entregó ante las autoridades migratorias en la frontera con México, y 3 días después fue liberado, con la condición de cumplir una serie de citas ante las autoridades.

El 21/02/2024 Blanco Bonilla asistió a un centro de inmigración para acompañar a una prima que tenía que presentarse. En ese momento, aprovechó de cambiar su dirección de Austin a Dallas (siempre Texas). "Le hacen el cambio, lo atienden amablemente y cuando ya se retiraba de las instalaciones, el oficial Víctor Figueroa le alcanza a ver el tatuaje del brazo y lo lleva a una de las oficinas. Ahí le pregunta si tiene otros tatuajes a lo que mi hijo responde que sí y se los muestra. El oficial Víctor le dice que queda detenido porque él es uno de los miembros del Tren de Aragua", relató Carmen Bonilla, madre de Andry.

Andry fue a la Corte, donde el juez le pregunta que si quería pedir asilo o si quería la deportación. "Mi hijo le dijo que quería la deportación, porque no quería estar 2 años encerrado por la tramitación de un asilo. Es así como 5 meses y medio después lo liberan, nuevamente bajo presentación", indicó la madre.

Su hijo comenzó a presentar problemas de hipertensión en 2024, luego de esos 5 meses y medio detenido.

El 06/02/2025 los oficiales de migración buscaron a Andry en su domicilio. Como se encontraba trabajando, dejaron un número telefónico para que él se comunicara. "Mi hijo llama y efectivamente le dicen que se tiene que presentar a las 10:00 de la mañana. Se presenta al día siguiente en una casa, eso no era ni siquiera una oficina de migración. Ahí le dicen que tiene que quedar detenido porque tiene orden de deportación", agregó su madre.

Blanco Bonilla estuvo en un centro de detención en Texas durante 3 semanas y luego fue trasladado a una prisión en Oklahoma, junto a otras personas pero 8 días después fue trasladado nuevamente a Texas.

Luego lo trasladaron a la frontera con México, a Laredo (centro Río Grande). "El día 11 de marzo me dice que estaba ahí y que necesitaba que le depositaran (dinero) porque no les estaban dando comida y que en el perímetro del lugar en el que estaban colocaron un aviso grande en una cartulina con la frase ‘peligro, no acercarse’, como si fueran unos delincuentes".

Su hijo la llamó nuevamente el viernes 14/04 en la mañana. "Me dice que a las 4:00 de la mañana los sacaron porque los iban a deportar a Venezuela pero por el mal tiempo no se pudo realizar el vuelo. También me dijo que me iba a llamar al siguiente día, pero mi hijo no me volvió a llamar".

Andry terminó en El Salvador, sin pruebas ni juicio, de pertenecer al Tren de Aragua. El WSJ investigó todo ese recorrido e hizo las cuentas.

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