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¿ASÍ MANEJARÁN OBRA PÚBLICA?

Planes sociales: Se destapó otra olla pero nadie investiga

Se desató otro escándalo por el manejo de los planes sociales, que todavía controlan los piqueteros. Hay preocupación por los fondos de la obra pública.

Los planes sociales continúan en la mira por el manejo de los fondos para planes sociales que hacen funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que a su vez son intermediarios en su condición de líderes de los movimientos sociales o piqueteros.

De hecho, hay quienes ironizan que la cartera está integrada por personas que a la mañana negocian/otorgan/presionan fondos y partidas con el propio presidente Alberto Fernández y a la tarde se encargan de recibirlas en sus agrupaciones (¿?).

Fue el periodista Andrés Klipphan quien desde Infobae reveló:

Detectaron que más de 250 mil beneficiarios de planes sociales compraron dólares y declararon Bienes Personales. Un pedido de informes del ministerio de Desarrollo Social a la AFIP determinó la irregularidad en el programa Potenciar Trabajo. Casi el 20% de quienes reciben el beneficio no deberían hacerlo Detectaron que más de 250 mil beneficiarios de planes sociales compraron dólares y declararon Bienes Personales. Un pedido de informes del ministerio de Desarrollo Social a la AFIP determinó la irregularidad en el programa Potenciar Trabajo. Casi el 20% de quienes reciben el beneficio no deberían hacerlo

Según el comunicador, "un informe reservado, que aún no llegó al ministerio de Desarrollo Social, revela que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales".

El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del Potenciar Trabajo. La tarea, que demandó más de cuatro meses, detectó que 253.184 de ellos -el 18,30% del padrón de beneficiarios- realizaron una “manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales” y que 35.398, el 2,56%, “habían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses”.

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La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, aseguró en una conferencia de prensa en Casa Rosada el pasado miércoles 9 de noviembre que suspenderá “inmediatamente” esos planes sociales otorgados.

“Estamos entrecruzando la última base de datos del Potencial Trabajo. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, dijo la funcionaria luego de una reunión de Gabinete.

“Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades”, explicó una de las pocas funcionarias cercanas a Fernández que quedan en el gobierno y anticipó que “empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos”.

"El ex ministro Zabaleta había realizado un pedido de informes al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, que fue elevado a este ministerio. Da cuenta de una información estadística que no permite encontrar la nominalidad de esos datos. Da cuenta de una necesidad que nosotros tenemos que es empezar a trabajar en la articulación con el Ministerio de Trabajo, con AFIP, con el Sintis, que es la base de información más grande de la Argentina, para poder entrecruzar datos no solamente en el ingreso del Potenciar sino previo a la liquidación cada 30 días para poder trabajar con las certezas que necesitamos a la hora a la hora de transferir cada mes", explicó Tolosa Paz.

Preocupación por la obra pública a movimientos sociales

Sin auditorías que controlan en tiempo real quiénes reciben los planes sociales y quienes no para entender cuánto dinero se está malgastando o se quedan los intermediarios, el presidente Alberto Fernández cerró filas el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la UTEP de acara al año electoral 2023.

En el decreto 728/2022, que se conoció el viernes 4 de noviembre, Fernández no solo le puso un tope a nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial sino que además otorgará a las cooperativas de trabajo de la economía popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $300.000.000.

¿De esta manera van a manejar esos 30 millones de pesos? ¿También pedirán más del 2% de su sueldo a los contratados? ¿Por qué la Justicia o la oposición no intervienen para una investigación integral, profunda y más sólida? ¿Qué está pasando que nadie investiga a los funcionarios y las organizaciones? ¿Hay temor a un estallido o, en realidad, hay connivencia? ¿Es compatible que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social sean a la vez los que reciben esos fondos en caracter de secretarios o líderes de esas mismas agrupaciones?

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Según el DiarioAR, "el paquete de medidas para la llamada economía popula, comenzó a cocinarse en la Casa Rosada hace exactamente un mes. El 5 de octubre pasado, en su despacho, Alberto Fernández recibió junto a Sergio Massa a los principales dirigentes sociales del oficialismo: Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita; Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa (CCC), y Daniel 'Chucky' Menéndez, de Somos-Barrios de Pie. También estuvo Gildo Onorato, del Evita y secretario gremial de la UTEP".

Por ejemplo, Daniel Alejandro Menéndez es el actual subsecretaría de Políticas de Integración y Formación, y Emilio Miguel Ángel Pérsico es secretaría de Economía Social.

Decreto Pérsico y escándalo por la millonaria caja de planes sociales

A través del subtítulo "Los mostradores del Evita" en la nota titulada "El 'decreto Pérsico' y la influencia del Evita: obra pública, planes sociales y la disputa electoral en el conurbano", el periodista Mauricio caminos hizo una interesante radiografía del escandaloso manejo del dinero que generan los contribuyentes con su trabajo:

Cuando la cúpula del Evita se reunió esta semana puertas adentro –generalmente se encuentran todos los martes– la posibilidad de que el Presidente firmara un decreto fue tema de conversación. Lo olfateaban, pero no tenían la confirmación concreta, juró una voz al tanto de la dinámica interna. “En algún punto sí era lo que pedíamos, pero finalmente fue a lo Alberto: caja de Pandora”, remarcó el vocero. La demora de al menos un mes desde aquella cumbre en la Rosada demuestra también el grado de procrastinación presidencial.

La organización tiene varias espadas políticas, con un pie en el territorio y otro en la función pública. Pérsico es formalmente secretario de Economía Social, a cargo del Potenciar Trabajo. Un opositor lo calificó de “ministro de hecho”, por el sinfín de despachos que tiene el Evita en Desarrollo Social. Un dato revela el poder de su firma: el programa de planes tiene para 2023 un presupuesto de $ 590.981 millones, casi la mitad de lo dispuesto para toda la cartera, y equivalente al otro gran programa ministerial: la Tarjeta Alimentar, que maneja la camporista Laura Alonso. Ahí está parte de la fricción Evita-La Cámpora La organización tiene varias espadas políticas, con un pie en el territorio y otro en la función pública. Pérsico es formalmente secretario de Economía Social, a cargo del Potenciar Trabajo. Un opositor lo calificó de “ministro de hecho”, por el sinfín de despachos que tiene el Evita en Desarrollo Social. Un dato revela el poder de su firma: el programa de planes tiene para 2023 un presupuesto de $ 590.981 millones, casi la mitad de lo dispuesto para toda la cartera, y equivalente al otro gran programa ministerial: la Tarjeta Alimentar, que maneja la camporista Laura Alonso. Ahí está parte de la fricción Evita-La Cámpora

Además de Pérsico, entre sus filas se destacan Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario; Leo Grosso, diputado nacional, y Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Juan Manuel Abal Medina acaba de sumarse a la jefatura de Gabinete nacional como asesor ad honorem.

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Con el decreto, el Evita se aseguró una mesa fija de alto nivel donde tener voz y voto para negociar políticas y recursos: el Consejo de la Economía Popular. Ahí se van a sentar periódicamente representantes de las carteras de Economía, Trabajo y Desarrollo Social con “las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica”, según reza la letra chica. En los hechos, pudo saber elDiarioAR, será la UTEP; en concreto, la organización de Pérsico, Somos-Barrios de Pie y la CCC, y no otras agrupaciones. El primer anotado para integrar dicho consejo es Esteban “Gringo” Castro, el secretario general del gremio, a su vez pareja de la intendenta Fernández.

El apéndice más importante de esa mesa será coordinar el manejo de la obra pública de baja intensidad, el título que ganó todos los portales el viernes. “La obra pública se va a controlar como se hace siempre en los contratos públicos”, aclaró un importante dirigente evitero, intentando despejar las críticas, y se quejó: “Tanto en la opinión pública como en la política hay un interés particular en controlar a los pobres”. Fuentes del ministerio de Obras Públicas, que conduce Gabriel Katopodis, precisaron a elDiarioAR que las obras de hasta 300 millones de pesos generalmente abarcan trabajos menores como bacheo, cordón cuneta o terminación de viviendas, que son licitados por las provincias y los municipios, y no a nivel nacional.

Lo que haría el decreto, entonces, es dar un marco general para que esas jurisdicciones firmen contratos con las cooperativas de trabajo, que a su vez forman parte de los movimientos sociales. Allí hay tanto beneficiarios de planes sociales, como no. La economía popular abarca a 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. A su vez, de los 1,3 millones de personas que tienen el Potenciar Trabajo, se estima que el Evita agrupa el diez por ciento. Tiene músculo propio para batallar licitaciones, sobre todo en un año marcado por lo electoral.

A todo esto, la pobreza no baja, el empleo no se recupera en los sectores populares, la inflación explotó, el Estado se sigue endeudando para financiar estos gastos y este jueves (10/11), por ejemplo, habrá piquetes en todo el país para más fondos y más planes sociales. ¿Alguien puede explicar cuál es el círculo virtuoso de todo esto? Quienes sostienen este gasto ahora tendrán que soportar los piquetes. ¡Ezeiza!

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