Juicio por YPF: El Gobierno presentó el escrito y dijo que recurrirá a la Corte Suprema si el fallo es adverso

Este miércoles (23/07), la Argentina presentó sus argumentos por escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado. "La República Argentina presentó sus escritos de réplica en respuesta a los presentados por los demandantes el 17 de julio", informaron desde la Procuración del Tesoro, que comanda Santiago Castro Videla, en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge.

El Gobierno sostuvo que causaría un daño irreparable a la Argentina, ya que sería prácticamente imposible revertirla una vez concretada, por lo que plantearon también que si su pedido es rechazado irán de manera urgente ante la Corte Suprema de USA.

Las partes esperan una definición en cuestión de horas, aunque el tribunal no tiene plazos establecidos Las partes esperan una definición en cuestión de horas, aunque el tribunal no tiene plazos establecidos

Entre los principales argumentos, el Gobierno sostuvo que:

- "la orden de entrega de las acciones de YPF vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero".

- "contradice lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, ya que las acciones se encuentran en territorio argentino, no fueron utilizadas para actividades comerciales en EE.UU. ni en la actividad comercial base de la demanda".

- la transferencia "implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país", lo que generaría un daño irreparable.

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Argentina: Principales argumentos del país para justificar la suspensión de la orden de traspaso de acciones de YPF:

1. "La Juez Loretta Preska resolvió una cuestión jurídica contra del criterio del Gobierno de los Estados Unidos y de todos los demás tribunales que han… pic.twitter.com/zMIz2TpHkV
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) July 23, 2025

El pedido de la Argentina

La defensa nacional pidió mantener en suspenso la transferencia de las acciones, ordenada por la jueza Loretta Preska como parte de pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera, mientras se resuelve la apelación sobre la cuestión de fondo: si la expropiación de YPF en 2012 fue irregular y corresponde una indemnización.

Según el fallo de primera instancia firmado por la jueza Loretta Preska, Argentina debería pagar. Si bien el proceso podría extenderse hasta 2026, la cautelar que impide la entrega de las acciones fue objetada por no haber presentado garantías, motivo por el cual el Gobierno busca ahora evitar su ejecución definitiva.

En el caso Bainbridge, la Procuración del Tesoro argumentó que no existe un perjuicio si se mantiene la suspensión, ya que la ley argentina prohíbe la venta de las acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso: "La legislación argentina garantiza por sí misma el mantenimiento del statu quo", indicó.

También advirtió que el interés público "se ve claramente favorecido por la suspensión de la medida", que afectaría a terceros como YPF, sus accionistas y la población, y podría comprometer las relaciones bilaterales con USA.

"Permitir que la orden se ejecute sin suspensión podría desatar un conflicto diplomático significativo, con implicancias sensibles en materia de política exterior", añadieron los argumentos, según resumió Sebastián Maril, de Latam Advisors.

Las opciones que analiza la Corte de Nueva York en el caso YPF

Ahora la Argentina espera que la Corte de Apelaciones suspenda la entrega de las acciones sin condiciones, lo que permitiría continuar con el proceso de apelación sin exponer al país a sanciones. Una posibilidad intermedia sería que se mantenga la suspensión, pero exigiendo algún tipo de garantía, lo que devolvería el caso al estrado de Preska. El escenario más desfavorable es que el tribunal rechace el pedido y quede firme la entrega de acciones.

El Gobierno anticipó que, en caso de un revés judicial, acudirá a la Corte Suprema de USA: "Negociar no es una opción", dijeron desde la Procuración.

Burford litiga contra la Argentina tras haber comprado el 70% del juicio por el 25% que las sociedades españolas Petersen, de la familia Eskenazi, tenían en YPF hasta 2012 cuando la petrolera fue nacionalizada.

Burford Capital, principal beneficiario del fallo, adquirió el 70% de los derechos de litigio de las empresas Petersen que tenían acciones en YPF al momento de la expropiación. La firma sostuvo que no busca quedarse con la petrolera, pero reclama garantías para asegurar el cobro. Por su parte, el gobierno de USA se presentó como amicus curiae en favor de Argentina y advirtió que ejecutar la orden sin apelación afectaría la inmunidad soberana del país.

En 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, USA ya se había pronunciado en este expediente, aunque en ese momento fue en contra de Argentina.

Finalmente, en cuanto a los tiempos, si bien no hay una fecha precisa, se estima que en cuestión de días puede haber una resolución sobre la suspensión de la entrega de acciones en la que se pueden dar las alternativas antes mencionadas.