Javier Milei reasigna partidas presupuestarias con ajustes en el financiamiento de áreas clave como seguridad

"Ante la emergencia, resulta indispensable que el Gobierno Nacional asegure una distribución eficiente de los recursos para cumplir con sus obligaciones. Por ello, es necesario adecuar el presupuesto vigente y asignar fondos adicionales a áreas clave. De no realizarse esta modificación de manera inmediata, se vería comprometida la prestación de servicios esenciales a cargo del Estado Nacional", justifica el decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete: Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger.

La norma, publicada como Decreto 186/2025, también introduce un régimen especial para regularizar deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y establece nuevas condiciones de pago con bienes del Estado.

Las modificaciones son sobre la prórroga del Presupuesto 2023, en vigencia por la falta de aprobación de una nueva ley por parte del Congreso.

La medida refuerza partidas para la Agencia Nacional de Discapacidad, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Seguros de la Nación, mientras que se redujeron transferencias destinadas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

En materia energética, el decreto establece mecanismos para regularizar la deuda de distribuidoras con el MEM y habilita un esquema de créditos para las empresas que hayan cumplido con sus obligaciones.

Para Seguridad, se amplió el presupuesto del Ministerio de Seguridad Nacional conducido por Patricia Bullrich para financiar la supervisión y monitoreo electrónico de personas procesadas y condenadas. A su vez, se asignaron nuevos recursos a la Jefatura de Gabinete para cubrir erogaciones vinculadas a procesos electorales.

También se dispuso la disminución de aportes del Tesoro Nacional a diversas áreas del sector público.

En Educación, se restablece la vigencia del artículo 7° de la Ley 26.075, para asegurar el reparto automático de fondos a las provincias y municipios para gastos en el sistema educativo.

En el sector energético, el decreto establece un régimen de regularización de deudas para las distribuidoras de electricidad, que permitirá cancelar obligaciones con Cammesa en hasta 72 cuotas mensuales y con una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el MEM.

Se crea a la vez un régimen especial de créditos para las distribuidoras que hayan cumplido con sus compromisos financieros, con condiciones preferenciales definidas por la Subsecretaría de Energía Eléctrica.

También se habilitó al Gobierno a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo. También se permitió saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales. La medida se implementará en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, con la participación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se autoriza al Ministerio de Economía a definir los activos a transferir y su valuación, con el objetivo de reducir el impacto de las obligaciones fiscales.

En el plano internacional, se aprueban aportes por un total de 439,4 millones de dólares para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos compromisos se abonarán en cuotas anuales y estarán a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con recursos provistos por el Tesoro Nacional.

Las medidas que se destacan

- Aumento del presupuesto para la supervisión de personas procesadas y condenadas.

- Reducción de transferencias a CAMMESA y aumento de fondos para ENARSA. Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enarsa) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff - La Barrancosa, en Santa Cruz.

- Refuerzo presupuestario para el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad.

- Incremento de fondos para la Superintendencia de Seguros de la Nación para afrontar un embargo judicial.

- Garantía de recursos para el sector educativo y científico.

- Implementación de un régimen de normalización de deuda en el mercado eléctrico para asegurar la sostenibilidad del sistema. Se establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para aquellas distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.

- Autorización de avales para provincias y la Ciudad de Buenos Aires para acceder a deuda externa.

Uso de bienes inmuebles del Estado para el pago de deuda pública.

Y también se incluye:

- Presupuesto educativo: Garantiza la asignación automática de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para gastos educativos.

- Aportes internacionales: Autoriza pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por u$s2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (IDB Investment Corporation) por u$s436,9 millones en siete cuotas.

- Defensa: Establece que el Instituto de Ayuda Financiera para Retirados y Pensionados Militares cubra al menos el 46% de los haberes de retiro y pensión.

- Pago de deuda con bienes del Estado: Permite utilizar bienes muebles e inmuebles del Estado Nacional para saldar deudas con provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

- Promoción de la Economía del Conocimiento: Asigna un cupo fiscal de $195.000 millones para beneficios promocionales.

Principales modificaciones

- Asistencia Financiera a Empresas Públicas (Ministerio de Economía): reducción de $1.378.408 millones.

- Servicios Económicos (Obligaciones a cargo del Tesoro): incremento de $1.245.420 millones.

- Asuntos Penitenciarios (Ministerio de Seguridad Nacional): aumento de $61.969 millones.

- Actividades Comunes de Programas de Gestión Sanitaria (Ministerio de Salud): ampliación de $30.000 millones.

- Seguridad Federal (Ministerio de Seguridad Nacional): suba de $16.429 millones.

- Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional (Jefatura de Gabinete de Ministros): recorte de $15.000 millones.

- Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa (Ministerio de Salud): aumento de $13.507 millones.

- Información de Inteligencia de Estado (Presidencia de la Nación): incremento de $7.366 millones.

- Alistamiento Operacional del Ejército (Ministerio de Defensa): suba de $4.100 millones.

- Actividades Centrales (Vicejefatura de Gabinete de Ministros): aumento de $2.529 millones.

- Otras modificaciones en distintas jurisdicciones: incremento de $4.010 millones.

En caso de ejecutarse en su totalidad a lo largo del año, estas modificaciones representarían una reducción neta del gasto total de $8.079 millones.

El decreto entra en vigencia al ser publicado en el Boletín Oficial.

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