Si las Asociaciones de Inquilinos nacionales alcanzan su objetivo, se beneficiarían 7.600.000 personas que alquilan en Argentina. Los argumentos en contra del cobro de comisiones a inquilinos cobraron fuerza a mediados de mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja presentada por los abogados del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), porque olvidaron adjuntar documentación en el reclamo.
COMISIONES INMOBILIARIAS
Inquilinos agradecen error de CUCICBA y ahora a todo el país
Comisiones inmobiliarias con novedades: Inquilinos porteños le ganaron a CUCICBA (corredores inmobiliarios) y ahora el alivio podría extenderse ¡a todo el país!
22 de junio de 2022 - 11:00
CUCICBA dejó abierta la puerta para que el beneficio porteño se extienda a Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en 2017 la Ley N°5.859 que determinó que la comisión inmobiliaria por un contrato de alquiler de vivienda debe ser afrontada por el dueño de la propiedad. Además, esa comisión no puede superar el 4,15% del total del monto.
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La norma también establece que las inmobiliarias no pueden cobrar al inquilino gastos de gestoría ni de administración. En tal sentido, Gervasio Muñoz, de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, señaló que “es el avance más importante de la organización de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires” ya que la iniciativa entiende que el dueño del inmueble es quien contrata a una inmobiliaria, y no el inquilino. Con esta legislación, 1 millón de personas que alquilan en CABA se ven beneficiadas.
Idas y vueltas en la Justicia
Frente a la medida, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA), el Centro de Corredores Inmobiliarios (CECIN), la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios (CRCI) y 75 Corredores Inmobiliarios presentaron recursos de amparo planteando la inconstitucionalidad de la misma.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña les dio la razón. Entre otros argumentos habían planteado que la ley lesionaba el derecho de los corredores inmobiliarios a ejercer su actividad comercial (?). Plantearon además que el Gobierno porteño se inmiscuyó en competencias propias del Congreso de la Nación (?), y que la Ley vulnera el derecho de propiedad al resultar confiscatoria (?).
Luego, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires rechazó una demanda contra el Gobierno porteño iniciada por CUCICBA. La agremiación de corredores solicitaban que se dejara sin efecto la Ley N°5.859 y su decreto reglamentario por considerarla inconstitucional. En ese sentido, el TSJ concluyó que es el dueño del inmueble, y no el inquilino, quien contrata a una inmobiliaria, al tiempo que reivindica las competencias de cada provincia para regular en materia de aranceles de las actividades profesionales. De ese modo dejó sin efecto el fallo de la Cámara.
El error del CUCICBA y la escala nacional
En última instancia, CUCICBA intentó que el caso fuera revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal decidió rechazar el recurso porque el estudio del abogado Jorge Martín Irigoyen, patrocinante de CUCICBA, no adjuntó las fotocopias que solicita el Reglamento de la Corte.
“Este error es imperdonable porque deja firme la sentencia que establece la constitucionalidad de la Ley, pero es muy grave el hecho de que la Comisión Directiva del CUCIBA no nos haya comunicado, a los corredores, esta decisión que la Corte Suprema tomó en el mes de mayo”, señala un colegiado porteño en el marco del programa radial Conexión Abierta.
Por su parte, el representante de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó que se trata del “puntapié inicial para lograr que en el resto de las provincias se avance en la modificación de las leyes que nos obligan a pagar honorarios a inmobiliarias que sólo defienden los intereses de las personas propietarias".
El 'efecto mariposa' desatado por CUCICBA comienza a plantearse en distintas jurisdicciones, que ya avanzan en sintonía con la ley porteña.
De ese modo, agrupaciones que representan a inquilinos en Córdoba y Rosario insisten con la sanción de una ley que obligue a propietarios a pagar los honorarios de corredores inmobiliarios.
También en que el sellado no lo tienen que pagar los inquilinos, sino los propietarios. Para ello ya han presentado proyectos en las legislaturas respectivas.
En tanto, un fallo reciente de Defensa del Consumidor de Rio Negro, dependiente de la Secretaría de Comercio de la Provincia, obliga a una inmobiliaria a devolver una comisión que había cobrado a un inquilino de manera indebida.
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