El Gobierno de Javier Milei sigue con los recortes y disolvió la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), un organismo que apoyaba a emprendedores sin acceso al sistema financiero formal en una decisión que impacta en una estructura que buscaba impulsar proyectos productivos de sectores sin acceso al crédito formal.
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El Gobierno disolvió la CONAMI: "No se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra"
El Gobierno disolvió el "Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social" y la Comisión Nacional de Coordinación del Programa.
13 de diciembre de 2024 - 08:50
Federico Sturzenegger anticipó el cierre de la CONAMI, que ya es oficial.
"Es un área que tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos. Pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene. Es muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra", declaró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una entrevista televisiva.
La medida quedó oficializada a través del Decreto 1094/2024, publicado hoy en el 'Boletín Oficial' con las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello.
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Sobre la Comisión Nacional del Microcrédito
La Comisión Nacional de Coordinación del Programa funcionaba bajo la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. En esa misma línea, el Ejecutivo dispuso también la disolución del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
Tenía por objetivo "generar un sistema de economía circular que articule la diversidad de recursos de cada comunidad para generar más y mejor trabajo".
"Impulsamos la producción local y la autonomía de las personas. A través de los Microcréditos ayudamos a los emprendedores que no puedan acceder al sistema financiero formal a que sigan adelante con sus proyectos", señala el sitio Argentina.gob.ar.
Los argumentos del Gobierno
El Gobierno alegó que, "desde 2006 se han pagado expedientes por un total de $3.341.517.790, destinados a la capitalización de las Instituciones de Microcrédito". "Sin embargo, a septiembre de 2024 se registra una cartera activa de $751.240.653″, aclararon y explicaron que "el monto actual de la cartera refleja una pérdida de los fondos totales entregados históricamente".
En consecuencia, consideraron que esta situación evidencia "una deficiente administración del Programa por parte de la Comisión Nacional, que ha provocado la dilapidación de recursos públicos que debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Programa de Microcréditos".
"No ha alcanzado sus objetivos, dado que no se ha implementado un registro formal de las instituciones de microcrédito, ni se han aplicado sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que dicha normativa impone, lo cual refleja una falta de control y supervisión efectiva en la ejecución del Programa", evaluaron.
Entre otras irregularidades detectadas, resaltaron que "desde la creación del Programa de Microcréditos no se han realizado evaluaciones formales ni estudios de impacto que permitan medir la efectividad de la política de microcréditos en los emprendedores de la economía social".
Con respecto a la comisión, el Ejecutivo señaló que "presenta un sobredimensionamiento en relación con las necesidades actuales del Programa, con una estructura y funciones que exceden los requerimientos operativos y de gestión necesarios para el cumplimiento de sus objetivos".
"La contribución al desarrollo del Programa de Microcréditos por parte de la mentada Comisión Nacional, en términos de alcance e impacto, no ha sido significante ni proporcional a los recursos dispuestos para su funcionamiento, lo cual denota una ineficiencia económica que justifica su disolución", mencionaron y sostuvieron:
En el marco de la reducción de la presencia del Estado nacional, también mencionaron que "en la actualidad, diversas instituciones financieras, tanto públicas como privadas, así como organizaciones sin fines de lucro, cuentan con líneas de microcréditos activas destinadas a pequeños emprendedores, lo que indicaría la capacidad del sistema financiero para satisfacer esta demanda".
Desde el Gobierno, fundamentaron a su vez que, para tomar esta decisión, "se tuvo en cuenta que el país se encontraba atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que aún impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico, en el marco de una crisis tan severa que pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común".
Así, destacaron que esta situación "transcurre en medio de una situación de enorme gravedad social como consecuencia de una economía que no crece desde el año 2011, con altísimos índices de pobreza e indigencia con especial impacto en la niñez y deterioro de los salarios reales, ayudas sociales y haberes previsionales".
Cabe destacar que en el artículo 5° de la norma, establecieron que "el personal que revista en la planta permanente del organismo disuelto pasará a situación de disponibilidad en los términos del artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias, quedando bajo la dependencia administrativa y disciplinaria" de la cartera que dirige Sandra Pettovello.
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