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Periódicamente el Estado argentino ingresa nuevos tributos a su nomenclador de gravámenes y tasas. No sólo es una práctica contraria a los principios de la correcta gestión tributaria sino que es una carrera permanente hacia el incremento del gasto público, la pérdida de competitividad y la idea de que un poco más de presión impositiva no le hace mal a nadie. Ahora bien, este concepto no sólo se aplica hacia los que supuestos 'adinerados' sino también es un castigo hacia los 'pobres'. Al fin de cuentas, el impuesto inflacionario no tiene descanso. Tampoco otros gravámenes tales como castigar las tarifas de servicios públicos, el consumo de combustible, los débitos bancarios, los salarios supuestamente 'altos'. El comportamiento es tan ridículo que los automóviles 0 Km., que son menos contaminantes, pagan más tributo que los viejos, cuando debería estimularse el recambio de vehículo porque es más actividad de la industria automotriz. Por último, todos saben que se necesita una reforma pero nadie se atreve; tal como todos saben que se precisa un Presupuesto Base 0 pero nunca se realizará.
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Los empresarios argentinos comenzaron a expresarse en contra del impuesto a la riqueza. El banquero Jorge Brito disparó: "Así como existe una política económica, debe existir, y con más énfasis, una política tributaria. Las provincias aumentan los impuestos sobre los ingresos brutos a tasas exorbitantes, la AFIP propone una reforma y, dicho sea de paso, no es la AFIP la que debe proponerla, pues ese organismo está para fiscalizar y para recaudar y no para dictar normas tributarias. Quien debe proponer la reforma es el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Finanzas públicas. Decía: las provincias aumentan los impuestos, la AFIP quiere hacer una reforma, un diputado propone el impuesto a la riqueza, otro un blanqueo para la construcción. Y en todo este desorden, ¿alguien espera que el sector privado siga mansamente en el país?".
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