Alberto Fernández se lanzó a la campaña electoral. No está claro aún si el Presidente intentará ir por su reelección, ni si el kirchnerismo se lo permitirá. Pero lo que sí quedó de manifiesto en los últimos días es que ubicó a Mauricio Macri como su principal contradictor. Casi de manera obsesiva. Primero le dedicó un video con estética de spot electoral en el que le responde al exPresidente, quien había dicho hace unos meses que “la sociedad argentina debe ser la más fracasada de los últimos 70 años". El clip incluye imágenes de Macri, por ejemplo, abrazado con Jair Bolsonaro, a quien le adjudican la autoría intelectual del asalto que sufrieron los edificios de los 3 poderes del Estado en Brasil en días recientes. El video denuncia a “los que no aprecian la democracia”. Algunos se preguntaban si el clip no pretendió ser un escrache a través de un canal oficial, como lo es la cuenta de Twitter del Presidente. La obsesión con Macri continuó el viernes, en un acto de entrega de viviendas en Pompeya, es decir, en la Ciudad de Buenos Aires, el territorio del exalcalde. Fernández hizo una comparación punto por punto entre lo que cree que fue el gobierno del líder del PRO y lo que cree que es su propia gestión. En Pompeya, Fernández se autocelebró por lo que interpreta como logros mientras afirmaba que Macri “es algo parecido” a la pandemia, que en la Argentina dejó más de 100 mil muertos. El exPresidente no debería sorprenderse por tanta agresividad. Después de todo, dijo que está “en el ring”.
PANORAMA
Alberto, obsesionado con Macri; la CGT se acuerda de Tusam, y la decepción de los pobres
El Presidente ubicó a Macri como adversario. Sindicatos miran con recelo la "convergencia" de los salarios. La clase baja, la más enojada con el Gobierno.
El Gobierno erró la previsión de inflación de 2022 en 62 puntos. Como decía Tusam, "puede fallar"... aunque ¿por tanto?
Pero Fernández atacó no sin una cuota de cinismo. Acusó al gobierno anterior de haberle heredado una economía que acumuló 300% de inflación en 4 años, con un índice que superó el 50% en el último de ellos. Pero para decirlo sin enrojecerse obvió que ese nivel de suba de precios su gestión ya la alcanzó en sólo 3 años, y cuando aún le falta transitar uno más, en el que las proyecciones no lo favorecen. Reconoció que el 2022 acumuló una inflación del 94,8%, como informó el INdEC el jueves. Dijo que eso no le gustaba, pero igual le bastó para envalentonarse contra quienes pronosticaban un resultado en 3 dígitos. Hecha la salvedad, a Fernández también le habría parecido irrelevante que el saldo de 2022 haya sido el más alto de los últimos 31 años y ubicado a la Argentina entre los 4 países con más inflación en el mundo . Así las cosas, le será muy difícil al Presidente hacer campaña diciendo que 53 es peor que 95. Pero, como se ve, ya lo está intentando. Quien mayor provecho le sacaría a las estadísticas que se conocieron en estos días es Sergio Massa. A diferencia de Fernández, el ministro de Economía no deberá responder por el número final de la inflación del año pasado. Asumió en agosto, y desde entonces -merced a un apretón fiscal y monetario- logró salir de la dinámica de precios del 7% mensual. El IPC de diciembre arrojó una suba del 5,1%, que si bien es mayor que el 4,9% de noviembre (y que las previsiones que el ministro hizo trascender), la estacionalidad y el margen de error le permiten a Massa exhibir cierta estabilidad. La oposición, no obstante, le recuerda que la curva de inflación interanual que muestra el INdEC mantiene un incesante sesgo ascendente. Habrá que ver también cuál será el efecto en los precios de la disparada del dólar blue, que sólo el viernes ganó $8, lo que llevó la cotización hasta el récord de $369.
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Massa, Moyano y Tusam
Algunas encuestas ya ubican a Massa como el único candidato presidencial del Frente de Todos. El ministro, sin embargo, desmiente trascendidos que lo señalan confesando un lanzamiento para abril si logra dominar a la inflación (no era la primera vez que circulaba ese presunto comentario) y le baja el tono a cierto clamor dentro del Frente Renovador, la fuerza que él lidera. “No me suban a otra carrera, porque la nuestra es una carrera para bajar la inflación”, dijo en Entre Ríos para cuidar las formas. A esa pulseada, Massa convocó a los camioneros de Pablo Moyano para controlar los precios congelados. Ya circulan videos de los gremialistas recorriendo depósitos de centros de distribución. Las imágenes, algo intimidantes, generaron cierto escozor entre los empresarios. Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, pero también de los industriales alimenticios, rechazó que “terceros” sustituyan al Estado en las tareas de inspección. Menos diplomática, Patricia Bullrich los llamó “patoteros”.
Moyano es uno de los triunviros de la CGT. Massa busca el beneplácito de los grandes gremios para “converger” los precios y los salarios como herramienta contra la inflación, como lo intentó alguna vez Martín Guzmán, que en estos días reapareció para recordar que al actual jefe del Palacio de Hacienda le dieron el apoyo político que a él le negaron. El Presupuesto para este año proyecta una inflación del 60%. El plan de “convergencia” implicaría paritarias del 30% por semestre. El camionero ya dijo que no convalida un sistema como ese. Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, confirmó que el Gobierno busca este entendimiento, pero que aún no había acuerdos en ese sentido. No obstante, la UTA cerró una paritaria del 31% para el primer semestre del 2023, muy en sintonía con el plan oficial que, como en años anteriores, incluirá una cláusula de revisión. Porque, aunque es una apuesta, los gremios no terminan de confiar en las proyecciones oficiales. Motivos no les faltan: el proyecto del presupuesto del 2022 -que no se aprobó- preveía para diciembre de ese año un IPC acumulado del 33%. Le erraron nada más que por 62 puntos. “Puede fallar”, decía el ilusionista Tusam, pero se desconoce si creía que por tanto.
El Gobierno, el problema
La inflación sigue siendo por lejos la mayor preocupación social. Lo demuestran 2 encuestas que se publicaron en los últimos días. Por un lado, la edición de diciembre de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión de la Universidad de San Andrés ubica la suba de precios al tope de las inquietudes con el 61% de las respuestas (fue la 1ra opción entre múltiples para el 21%). Por el otro, la encuesta de la consultora de Raúl Aragón también registra la inflación como problema mayoritario. Aunque con una particularidad: le empatan quienes creen que el principal problema no es la inflación sino “el Gobierno”. Si se ahonda en esta encuesta que se terminó de recolectar en los primeros días de enero, se descubre que el prestigio de la Administración Nacional está más dañado entre los sectores bajos de la pirámide socio-económica. Es decir, en el electorado del Frente de Todos. Mientras el 23% de los consultados de los sectores bajos cree que la inflación es el principal problema del país, el 26% cree que, en realidad, la gestión de Alberto Fernández es lo que los está perjudicando. Esta última apreciación incluso supera el nivel general, del 25,3%.
La encuesta de la Universidad de San Andrés revela otro dato interesante. En la lista de los percibidos por los consultados como “principales problemas” hay que ir hasta el 7mo puesto para encontrar a la Justicia como uno de ellos. Sólo el 7% lo mencionó en primer término, y un 21% en total. Antes, los encuestados identifican a “los políticos” como obstáculo para el desarrollo del país (24%), lo que refleja una vez más el desacople que hay entre la clase dirigencial y la ciudadanía. Que el Gobierno se haya embarcado en tratar de llevar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema como principal punto de su agenda no hace más que confirmar aquella desvinculación de las urgencias de sus gobernados.
Especulando
El proyecto de jury que se tratará no será el que firmaron el Presidente y 11 gobernadores (se confirmó que el chubutense Mariano Arcioni adhiere a la causa), sino el que presentaron 15 diputados del oficialismo encabezados por Eduardo Valdés, pero que “se fundamenta” en el documento presidencial. El cambio parece hacerse con miras a una composición de las Cámaras más favorable a los promotores del juicio por presunto “mal desempeño” de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Es que si lo presenta el Presidente, explicaron en el oficialismo, el eventual dictamen de comisión, con la investigación correspondiente, sólo tendría vigencia para este período legislativo, mientras que uno firmado por diputados la extendería a 3. En otras palabras, si no están los 2 tercios de los votos en el recinto para sostener la acusación (que no lo están), podría intentarse en el futuro otra embestida con la misma investigación, especulando con una eventual mayoría agravada conseguida en próximas elecciones.
Las acusaciones contra los cortesanos son múltiples y van declaraciones públicas de Rosatti interpretadas como un intento de “condicionar” a los otros poderes del Estado, pasando por la cautelar que benefició a la Ciudad de Buenos Aires con el reparto de la coparticipación y los contactos del colaborador del presidente de la Corte, Silvio Robles, con el ahora en uso de licencia ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro; hasta el fallo que modificó el Consejo de la Magistratura y el que le reconoció el benefició del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Se explica en este último punto que Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de Derechos Humanos hayan sido citados como testigos. No es el caso de Human Right Watch, que se expresó en contra de esta y otras avanzadas del oficialismo contra el Poder Judicial en un informe que el propio Ejecutivo desacreditó.
Bloqueo
El FdT cuenta con la mayoría necesaria para avanzar en todas las instancias de la Comisión de Juicio Político. Esos diputados, 16 sobre 31, se reunieron esta semana. En un comunicado destacaron la “asistencia perfecta” de sus legisladores, lo que apuntaba a despejar suspicacias respecto a cuál será el accionar de los 3 que responden a Sergio Massa, quien sigue sin pronunciarse sobre el intento de juicio político. El ministro de Economía le concedió una entrevista a Diario Perfil donde quedó en claro que no quería responder sobre ningún tema que no estuviera relacionado con la gestión de su cartera. “Se hace el distraído”, le reprocharon desde Juntos por el Cambio, que le reclama definiciones sobre la cuestión. El principal bloque opositor dijo que acudirá a la Comisión para intentar contrarrestar el ataque oficialista a la Corte. Cuáles atribuciones tiene la Comisión también será parte del acalorado debate. Además, como estrategia, JxC negará el quórum para tratar cualquier otro proyecto del Gobierno en las sesiones extraordinarias que el Presidente convocó y que incluye en su temario otros proyectos judiciales, como la reforma de los tribunales federales, la designación del Procurador General, la reforma del Consejo de la Magistratura e, insólitamente, la ampliación de la Corte. Cabe recordar que la ausencia opositora impidió que el oficialismo realizara las últimas 2 sesiones convocadas en la Cámara Baja. El principal perjudicado del bloqueo cambiemita sería Massa, quien envió varios proyectos de índole económico, entre ellos, el nuevo blanqueo de activos.
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