Vínculo narco: Citaron al juez de Rosario a defenderse antes de iniciarle un jury

Bailaque fue imputado la semana pasada en una audiencia oral y pública realizada en los tribunales federales de Rosario por los fiscales Juan Argibay Molina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Matías Scilabra de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR, y Federico Reynares Solari de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Luego de esta triple imputación, se una cuarta contra Bailaque del fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, quien lo acusó de haber “cajoneado” durante ocho años una causa contra una cerealera por lavado de activos y cuando la devolvió a la provincia ya estaba prescripta, según informaron fuentes judiciales al medio Clarín.

Ante este escenario, el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura, Miguel Piedecasas, abrió una investigación contra el juez en el marco del artículo 11 del Reglamento, para que se defienda y decidir si empieza un jury para su destitución. La fecha para la defensa no está determinada.

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El juez Marcelo Bailaque (izquierda) con el contador Gabriel Mizzau imputado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Foto: Clarín.

Marcelo Bailaque investigado por vínculos narcos

En la primera de las causas la PROCUNAR y la PROCELAC imputaron por lavado de activos a los contadores públicos Eduardo Semino y Gabriel Mizzau por firmar balances y permitir sobrefacturación de las empresas (Toia, Edra, Logística Santino, y Sagrado Corazón de María) que narcotraficante Alvarado usaba como pantalla para blanquear dinero.

Como Mizzau es amigo y contador de Bailaque, los fiscales le atribuyeron al juez no haberse excusado de intervenir en la investigación contra Alvarado, que tramitaba desde 2013. Los fiscales solicitaron que se los autorice a requerir el listado de llamadas entrantes y salientes en el período 2014 a 2018 del celular del juez, y que se levanten los secretos fiscal, bancario y bursátil previstos en el artículo 22 de la Ley 25.246.

Desde la PROCUNAR y la PROCELAC también pidieron que se autorice a requerir al Consejo de la Magistratura información sobre las declaraciones juradas del juez y solicitar al mismo organismo copias del expediente. El juez Rodrigues Da Cruz autorizó las medidas, pero ordenó una serie de requisitos y que se informe el listado de las personas de la fiscalía que tendrán acceso a las evidencias para evitar transferencias.

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El juez es investigado por favorecer a un financista amigo

También Reynares Solari imputó a Bailaque por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato en una causa donde se intervinieron fondos por $1000 millones de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada de las ciudades de Puerto General San Martin y San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en favor de una financiera de Fernando Whpei, amigo personal del juez.

Este expediente comenzó a tramitarse en 2019 en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien ordenó la detención Herme Juárez, titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios por de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad.

Charvay también ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias, cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros de la entidad. Sin embargo, por una cuestión de competencia territorial, la causa pasó a la justicia federal de Rosario, y cayó en el juzgado de Bailaque.

Según el fiscal, el juez federal rosarino resultaría “recusado por un grupo de asociados de la cooperativa que alegaron los intereses del magistrado en el caso en función de su estrecha amistad con el empresario financista Fernando Whpei, quien fue favorecido a partir del desbloqueo judicial de fondos que implementó Bailaque en el ejercicio de sus facultades como juez federal”.

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El juez Marcelo Bailaque con el contador Gabriel Mizzau imputado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Foto: Clarín.

Reynares Solari indicó que luego de que Bailaque les negara ser querellantes, los socios de la cooperativa fueron reconocidos como tales por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en abril de 2021. Los mismos recusaron a Bailaque por su amistad con Whpei en abril de 2021 y presentaron una revocatoria con apelación en subsidio contra el desbloqueo de fondos.

En ese marco, en diciembre de 2020, Bailaque primero autorizó la liberación de $150 millones y luego, en abril de 2021, otros $ 1000 millones, para operar financieramente con el Grupo Unión SA y con la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, cuyo referente es su amigo Fernando Whpei.

Según el fiscal, Bailaque fue “recusado por un grupo de asociados de la cooperativa que alegaron los intereses del magistrado en el caso en función de su estrecha amistad con el empresario financista Fernando Whpei, quien fue favorecido a partir del desbloqueo judicial de fondos que implementó Bailaque en el ejercicio de sus facultades como juez federal”.

“Frente a la recusación, Bailaque presentó un informe alegando su imparcialidad en relación con las distintas circunstancias del caso, sin abordar específicamente el eje troncal de la recusación, es decir, si tenía o no algún vínculo con el empresario Whpei”, remarcó Reynares Solari.

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Como consecuencia de esto, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió rechazar el planteo de los querellantes. Per luego la Cámara Federal de Casación Penal advirtió irregularidades, al remarcar que el juez omitió toda referencia a su relación con el financista.

Entonces, a Bailaque le solicitaron que efectúe un nuevo informe donde detalle expresamente su vínculo con Wbpei. En el informe el juez sostuvo de manera explícita que tiene una relación de amistad con el financista, por lo que la Cámara Federal dispuso lo apartó del caso y ordenó que el dinero depositado en la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales sea retirado y depositado en un plazo fijo del Banco Nación.

Reynares Solari agregó que “si bien Bailaque fue el juez del caso durante todo el período detallado en que se incorporó una modalidad de administración financiera riesgosa, nunca se excusó como magistrado ni admitió la recusación articulada por la querella, pese a haber tomado conocimiento con precisión que su amigo era favorecido por sus decisiones judiciales”.

Por último, el fiscal solicitó la duplicación de plazos (por seis meses) para profundizar la investigación, ordenó el informe de registros de llamadas entrantes y salientes, impacto de antenas, líneas activas y titularidad de líneas activas del juez, entre 1° de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.

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