Proponen cobrar salud y educación a los que no son porteños

La ley apuesta a la creación de un "Sistema de Reciprocidad Sanitaria y Educativa Interjurisdiccional", así se titula el proyecto.

"Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras”, argumentó Kienast en diálogo con el Diario Clarín.

En ese sentido plantean que se podrían recaudar $16.419 millones si se cobrará a las provincias y que el gobierno porteño podría ahorrarse en un año $13.906 millones del sector sanitario y $2.563 millones de educación.

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Marina Kienast, coautora del proyecto de ley.

Ante la duda sobre el discernimiento en el control del ingreso de los estudiantes a las escuelas o los pacientes a los hospitales, el texto resalta que "los establecimientos del sistema de salud pública de CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción sea atendido en un centro asistencial".

“Lo importante es que el proyecto busca mejorar la gestión de los gobiernos, sin afectar a la persona que se atiende en un hospital o que manda sus hijos a la escuela. Para ellos seguirá siendo gratis la salud y la educación, pero sin que lo paguen los porteños”, sostuvo García Moritán.

En su cuenta personal de Twitter, el diputado García Moritán anunció este lunes por la mañana la presentación del proyecto de ley con duras críticas al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Cada Provincia tiene un presupuesto destinado a la educación y la salud de sus habitantes. La Ciudad no puede seguir costeando la incapacidad de gobernadores como @kicillofok. Presentamos un proyecto para obligar a los gobiernos provinciales a hacerse cargo".

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En cifras, el proyecto de ley expone que en el año 2015, los habitantes de la provincia de Buenos Aires representaron el 40% de las consultas médicas externas en centros públicos porteños .

Por otro lado, aseguraron que en el año 2020, el 7% de los alumnos de establecimientos educativos públicos en los niveles inicial, primario y secundario habitaba en la Provincia que rodea a la Ciudad. "La mayor notoriedad en la disparidad se da en las Comunas 11 y 13, donde más del 17% del alumnado es no residente", remarcaron.

Por su parte el Líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy agregó a lo dicho por los legisladores de su partido: "Los ciudadanos de CABA no deben recibir el costo de los servicios prestados a personas de otras jurisdicciones. Esto no va a generar ningún costo para quienes utilicen los servicios. Estamos planteando una transferencia entre provincias, para que se disminuya la carga fenomenal que se está poniendo sobre la Ciudad".

Es decir que las provincias de aquellos ciudadanos que usen los servicios sanitarios y educativos de la CABA deberían reintegrar los gastos de los mismos al gobierno porteño.

En este sentido es relevante destacar que este proyecto se presentó en medio del conflicto judicial entre CABA y el Gobierno nacional, por la decisión del presidente Alberto Fernández de recortarle fondos y que el caso está en stand by en la Corte Suprema de Justicia.