La legislatura bonaerense postergó este martes el tratamiento en una comisión conjunta del proyecto que regula y crea un registro de repartidores que trabajan con aplicaciones, como Rappi y Pedidos Ya. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado provincial, por lo que si la aprueba la Cámara de Diputados, se convertirá en ley.
FESTEJAN LOS LIBERTARIOS
Posponen tratamiento de proyecto que regula apps de delivery
El proyecto tiene media sanción. Se iba a tratar en un plenario de comisiones. Se pospuso para escuchar la posición de los repartidores.
El proyecto es impulsado por el oficialismo y rechazado por la oposición. El Frente de Todos cuenta con mayoría en la comisión, sin embargo, se decidió postergar el tratamiento a fin de escuchar la posición de los afectados, los repartidores, que se manifestaron en contra del proyecto. El oficialismo busca mayor consenso.
El diputado Nahuel Sotelo, de La libertad avanza, les comunicó la noticia los motoqueros que estaban en las afueras de la legislatura. "Logramos que la próxima citación sea con verdaderos repartidores para que todos escuchen a los que están en la calle", agregó en Twitter el legislador que responde a Javier Milei.
Sotelo había advertido que el proyecto buscar poner a los repartidores en "relación de dependencia", generándoles perjuicios tanto a ellos como a las empresas.
El proyecto con sanción parcial fue impulsado por el senador provincial y líder de los trabajadores canillitas, Omar Plaini y cuenta con el apoyo del Sindicato Único de Conductores de Moto de la República Argentina
"Nosotros planteamos que haya una ley que regularice la actividad para poder pensar que existimos, nos ven todos los días, pero en lo laboral somos unos desaparecidos. Las leyes laborales no se aplican, nosotros pensamos que es un avance. La regularización y el registro es el primer paso para ir a un empleo en blanco", manifestó el secretario general del sindicato, Mariano Robles, en diálogo con FM Cielo.
La normativa establece que el registro que funcionará en Provincia deberá “fijar las condiciones y requisitos de inscripción; identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados".
También tendrá atribuciones para "controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad; determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento" y “exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP) que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores”.
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