'Wado' en Interior, Solá canciller, suba salarial de 20%, fondo inglés para refinanciar y no reforma de CSJN

"(...) En sus conversaciones diarias con Cristina Fernández de Kirchner, que no se han interrumpido durante el nuevo viaje de la futura vicepresidente a Cuba, se discuten los nombres propuestos por cada un de les Fernández. La decisión es de Alberto, pero todo está sometido a consulta con Cristina. Ambos están juramentads para no volver a pelearse, algo que sólo ocurriría por diferencias inconciliables sobre temas fundamentales, cosa que no asoma en el horizonte previsible. En la entrevista con Jorge Fontevecchia dije que Alberto pudo comprobar que la primera parte de su definición (sin Cristina no se puede) se demostró cierta, a diferencia de la segunda (con Cristina sola no alcanza). Un alcahuete de provincias escribió que el kirchnerismo intentaba así condicionar y ningunear al candidato. Por ignorancia o mala fe, omitió que no fui yo sino Alberto quien dijo que Cristina no necesitaba cederle la candidatura, porque ella sola ganaba, con Felipe Solá como candidato a la vicepresidencia, como él proponía. (...)".

Más allá de la afirmación de Verbitsky, molesto vaya uno a saber con quien, esto último no es verificable porque al momento en que CFK cedió a Alberto Fernández la cabeza del binomio, había balotaje en el horizonte electoral argentino, posibilidad hoy muy difícil porque Alberto F podría ganar en 1ra. vuelta.

Es cierto que también sucedió toda la hecatombe económico-financiera pero la durísima derrota de Mauricio Macri en la PASO detonó la crisis, y ese resultado electoral no parecía posible con CFK como candidata presidencial.

Lo más interesante de la columna de Verbitsky es la confirmación de 3 nombres para el próximo gabinete de ministros, si gana Alberto F.

"(...) El candidato entiende que esto se expresa también en el trío de inseparables que lo acompañan:

Su colaborador personal Santiago Cafiero, quien se estrenará como Jefe de Gabinete de Ministros a una edad avanzada en comparación con su abuelo Tony, quien fue ministro de Comercio Exterior de Juan Perón a los 30 años, diez menos de los que tiene Santiago.

El ministerio de Comercio Internacional, Relaciones Exteriores y Culto, como pasará a denominarse, fue asignado a Felipe Solá, en representación del Frente Renovador de Sergio Massa. Lo acompañará un embajador de carrera para manejar las relaciones al interior de la guarida de devoradores de canapés de la calle Esmeralda, y un especialista en comercio, con la dura tarea de promover el crecimiento de las exportaciones. (...) 

El ministro del Interior, Wado de Pedro, secretario general en el último gabinete de Cristina, el miembro de la conducción de La Cámpora más próximo a Máximo Kirchner y uno de los hombres que muñequeó la reunificación peronista, desde antes del reencuentro de Alberto y Cristina.

Las distintas procedencias de cada uno (y de quienes completen el elenco) no implica que se trate de un loteo al estilo de las coaliciones europeas o, más cerca, de Chile. Todos ellos son personas de confianza personal de Alberto, con quien conforman el núcleo del próximo gobierno. Cafiero ama a Cristina, y Solá sólo desearía que ella fuera más expresiva hacia él y lo considerara como ministro propio, y no sólo de Alberto. (...)".

El vocero K confirma que Alberto Fernandez pretende un 'shock de consumo' a partir de promover un inmediato incremento salarial no vinculado a la productividad sino en el marco de una supuesta Tregua Social. Enorme el voluntarismo de la propuesta, al menos tal como la presenta Verbitsky:

"(...) Pero tampoco ignora que lo más difícil es sostener en el tiempo las coincidencias que se logren al principio, como demuestran todas las experiencias previas, incluyendo el Pacto Social del tercer peronismo. Alberto se propone una recomposición salarial rápida, que devuelva a los trabajadores el 20% que perdieron sus salarios durante la calamidad neoliberal. Imagina que las patronales aceptarán otorgar desde el 1° de enero un aumento de esa magnitud a sus trabajadores y que se comprometerán a no trasladarlo a los precios. El gobierno asumiría un compromiso equivalente con los jubilados y con los trabajadores estatales. En este rubro, la pérdida no fue del 20 sino del 40% del valor adquisitivo del salario. Esta armonía es posible, pero como diría la línea del FMI, no con alta probabilidad. (...)".

El tema de la deuda pública es motivo de muchas especulaciones, por ahora de impreciso final:

"(...) En su visita a la Fundación Mediterránea en Córdoba, un orador que precedió a Fernández encomió el «reperfilamiento a la uruguaya». A su turno, el candidato aceptó que era una posibilidad. Pero no más que eso. De inmediato, fueron voceros del Fondo Monetario los que adujeron que no bastaba con la extensión de los plazos ni con un periodo de gracia, que era imprescindible una quita, por supuesto sobre los fondos privados de inversión. El estatuto del FMI, del que la Argentina es socia, no permite quitas a sus créditos. Se trata de un acreedor privilegiado. Su estimación es que, sin quita a los privados, el país no tendría los dólares necesarios para cancelar su deuda con el Fondo.

Por la situación de los inversores, el candidato recibió una propuesta atractiva de un fondo inglés, cuyo nombre se comprometió a mantener en reserva, que ofreció hacerse cargo de la reestructuración y ofreció cuatro años de gracia. El candidato aprecia que si ése es el planteo inicial, no sería imposible obtener aún mejores condiciones. También le atrae la señal que implicaría desplazar la negociación de Nueva York a Londres, que sigue siendo la capital financiera del mundo. Está claro que la deuda es una sola, aunque esté repartida entre distintos tipos de acreedores, porque el bolsillo pagador es el mismo. Se trata de un fondo con experiencia en ambos lados del Atlántico, en Asia y el mundo árabe. Su única actuación previa en esta región fue en Colombia. (...)".

Tal como se afirma en el Palacio de Tribunales, Alberto Fernández no promueve la ampliación de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí se menciona una eventual jubilación de Elena Highton de Nolasco:
 
"(...) En cambio, Alberto Fernández no suscribe la idea de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, para diluir en una nueva mayoría los conflictos entre el Obispo de Rafaela, Ricardo Lorenzetti, quien a toda costa se propone recuperar las canonjías que alegran la existencia del presidente del tribunal; el Emperador, Carlos Fernando Rosenkrantz, que se ilusiona con ejercer en plenitud el cargo arrebatado a su adversario y no intuye ninguna sombra en su futuro; el ex ministro de Justicia y Procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, que aspira al mismo sitial, y el Pato Juan Carlos Maqueda, que sería el más calificado para asumir tamaña responsabilidad en este momento, pero que por eso mismo no quiere saber nada con tal carga. Elena Highton merece un reparador descanso, luego de tantos trajines en bien de la patria y la familia. Sí ha pensado en un candidato impecable para la Procuración General de la Nación, que tendrá un rol fundamental en la Justicia penal cuando entre en plena vigencia el nuevo Código Procesal acusatorio, con el que las investigaciones recaerán en los fiscales. Es una de las personas que soportó con entereza el aislamiento en Comodoro Py, por no participar de las reglas del juego. (...)".

Y un anticipo de una función que regresaría de la CSJN a la Procuración General:

"(...) Una hipótesis es que la secretaría de asuntos estratégicos creada durante el macrismo para Fulvio Pompeo, pase a ocuparse de la inteligencia estratégica nacional. Allí  trabajan jóvenes analistas altamente calificados, que no pertenecen a la estructura política del PRO. Respecto de las escuchas telefónicas y las captaciones remotas de dispositivos electrónicos, tan utilizadas por el gobierno de Maurizio Macrì, Patricia Bullrich, Marcelo Sebastián D’Alessio y Mario Montoto, volverían a depender del Ministerio Público Fiscal, que es donde mejor funcionaron a lo largo de la historia, sin una sola filtración ni intromisiones en la vida privada de nadie.

El Presidente Fernández también disolvería el Ministerio de Seguridad, cuyas funciones serían absorbidas por un Consejo Nacional de Seguridad, del que formarían parte distintos sectores del oficialismo y de la oposición y cuyo presidente reuniría las facultades ejecutivas y la conducción de las fuerzas federales. Del Consejo participarían también los gobernadores. Cualquiera sea el organigrama resultante (y es preciso tener cuidado para que el nuevo ente no se superponga con el Consejo Federal de Seguridad, del que participan los ministros de seguridad provinciales) subsisten cuestiones que requieren una intervención decidida de la conducción política, en la línea que Alberto le marcó a la ministra Bullrich, cuando cuestionó la criminalización de la pobreza que implica la orden ilegal de que las fuerzas federales ejerzan el control de los pasajeros que viajan en trenes suburbanos, como si para ellos no rigieran las garantías constitucionales. (...)".