Tras el caso Agostina, el Gobierno acelera la reforma del Código Penal: Qué cambia

Dicha reforma, que aún no tiene los consensos en el Congreso para tratarla, incluye castigos más duros para delitos sexuales, nuevas figuras vinculadas al crimen organizado y una ampliación de los casos que podrían derivar en prisión perpetua.

La iniciativa no es nueva. Desde hace meses el oficialismo trabaja sobre distintos borradores, aunque las diferencias internas dentro del propio Gobierno impidieron hasta ahora que el proyecto llegue al Congreso. Sin embargo, la repercusión nacional que generó el asesinato de la joven cordobesa aceleró las discusiones y aumentó la presión para que el Ejecutivo avance con una propuesta concreta.

Reforma del Código Penal

Según fuentes oficiales, la intención es enviar el texto al Congreso en el corto plazo. El objetivo es impulsar una agenda centrada en el endurecimiento de las penas y en la incorporación de herramientas para enfrentar nuevas modalidades delictivas.

Qué cambios analiza el Gobierno

La alternativa que hoy reúne mayor consenso dentro de la Casa Rosada no es la creación de un Código Penal completamente nuevo, sino una reforma parcial del texto vigente.

La estrategia consiste en avanzar por etapas y comenzar con aquellos capítulos que generan menos resistencia política dentro del oficialismo y mayores posibilidades de aprobación legislativa.

Entre los temas que aparecen en la lista de prioridades figuran:

• Delitos sexuales y abuso sexual infantil.
• Grooming.
• Estafas piramidales.
• Entraderas y salideras bancarias.
• Delitos cometidos por motochorros.
• Casos conocidos como "viudas negras".
• Ingreso y tenencia de armas en cárceles.
• Picadas ilegales.
• Delincuencia organizada.
• Delitos tecnológicos y nuevas formas de criminalidad digital.

Uno de los aspectos que el Gobierno destaca especialmente es el endurecimiento de las penas para violadores y abusadores. Además, se estudia la posibilidad de declarar imprescriptibles determinados delitos sexuales graves y ampliar los supuestos que permitan aplicar prisión perpetua.

Una reforma atravesada por las internas oficiales

Detrás de la demora también aparecen disputas políticas dentro del propio oficialismo.

Mientras sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo sostienen que el proyecto permanece frenado en el área de Justicia, desde el entorno del ministro Juan Bautista Mahiques aseguran que se está terminando de definir una versión más viable para conseguir respaldo parlamentario.

Las diferencias no son menores. Algunos funcionarios defendían originalmente una reforma integral que reemplazara buena parte del Código Penal vigente, mientras que otros impulsan un proyecto más acotado para evitar que la discusión se empantane en el Congreso.

La Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, también participó de las revisiones del texto, lo que derivó en sucesivas modificaciones y devoluciones de los borradores.

Del proyecto integral a una versión más reducida

La propuesta original que se había trabajado durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona era considerablemente más ambiciosa.

El plan apuntaba a unificar el Código Penal con distintas leyes penales especiales y construir un cuerpo normativo de más de 900 artículos. Además de aumentar penas, contemplaba reformas relacionadas con narcotráfico, corrupción, delitos ambientales, propiedad intelectual, responsabilidad penal empresaria, ciberdelitos e incluso cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial.

Sin embargo, en el Ministerio de Justicia consideran que una iniciativa de semejante magnitud podría generar demasiados focos de conflicto y dificultar su aprobación. Por eso la nueva estrategia busca concentrarse en los aspectos que consideran más urgentes y con mayores posibilidades de avanzar.

Los temas que quedaron afuera

En medio de la reformulación, el Gobierno decidió dejar de lado algunos debates que habían generado controversia en distintos sectores políticos.

Uno de ellos es la modificación de la figura de femicidio. Aunque en otras oportunidades funcionarios libertarios habían planteado revisar ese agravante bajo el argumento de la igualdad ante la ley, finalmente esa discusión no formará parte del proyecto que se enviará al Congreso.

Tampoco habrá cambios vinculados a la legislación sobre aborto, otro de los temas que algunos sectores del oficialismo habían mencionado en distintas oportunidades. La decisión responde a la intención de evitar debates que podrían complicar el tratamiento parlamentario de la reforma penal.

Una agenda que vuelve a tomar impulso

La reforma del Código Penal forma parte de un paquete legislativo que el Gobierno viene preparando desde hace meses. De hecho, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había anticipado en marzo que el Ejecutivo trabajaba en modificaciones orientadas a endurecer las penas y reforzar la política criminal.

Ahora, con el impacto social generado por el caso Agostina y la seguridad nuevamente instalada entre las principales preocupaciones públicas, la Casa Rosada intenta acelerar una iniciativa que hasta hace pocas semanas parecía atrapada entre diferencias internas y definiciones pendientes.

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