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Sin definiciones y con internas: El Gobierno demora el paquete de reformas judiciales y económicas

El Gobierno no quiere errores en su agenda legislativa y por ello demora el envío de sus reformas al Congreso hasta tanto no estén dadas las condiciones.

El Gobierno nacional decidió bajar el ritmo en uno de sus proyectos más ambiciosos: el paquete de reformas que incluye cambios en el Código Penal y en el régimen de propiedad privada. Aunque las iniciativas siguen en elaboración, en la Casa Rosada admiten que aún falta trabajo técnico y, sobre todo, definiciones políticas.

“Todavía falta para que estén terminadas”, reconocen en el Ejecutivo, donde aseguran que los textos continúan bajo análisis en el Ministerio de Justicia y en los equipos legales del Gobierno.

Reformas sin fecha y con estrategia en revisión

Lejos de un envío inminente al Congreso, el oficialismo mantiene en pausa la definición del camino legislativo. La mesa política volverá a reunirse la próxima semana —aún sin día confirmado— para intentar ordenar una estrategia que, por ahora, sigue abierta.

“Falta cerrar definiciones de estrategia legislativa”, admiten desde Nación, en un contexto donde incluso el recorrido de los proyectos dentro del Congreso genera diferencias internas.

Internas en el Gobierno por el punto de partida

Uno de los debates que se reactivó en los últimos días es por qué cámara debería iniciar el tratamiento de la reforma penal. Si bien en una instancia previa se había acordado que comenzara en el Senado, esa decisión ahora está en discusión.

Dentro del oficialismo señalan tensiones en torno al rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich:

“Patricia quiere absorber todo y hay algunas quejas en Diputados”, deslizaron fuentes del oficialismo al diario TN, en referencia a la puja interna por el control del debate.

Propiedad privada: sin borrador final

En paralelo, el capítulo vinculado a la propiedad privada tampoco está cerrado. En Balcarce 50 reconocen que todavía no hay una versión final del proyecto, que en principio debería ingresar por la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem.

El paquete apunta a reducir la intervención del Estado y fortalecer garantías para inversores, en línea con el perfil desregulador del Gobierno.

Entre las modificaciones en estudio se destacan:

  • Cambios en la ley de expropiaciones para acotar la definición de “utilidad pública”.
  • Revisión de la ley de tierras rurales para flexibilizar la compra por parte de extranjeros.
  • Ajustes en el régimen de manejo del fuego, con la posibilidad de habilitar nuevos usos del suelo en zonas incendiadas.
  • Reformulación del esquema de integración socio-urbana en barrios populares, con menos herramientas expropiatorias.

Glaciares, el frente más sensible

Mientras el resto del paquete sigue en elaboración, el Gobierno prioriza un proyecto que ya está en marcha: la reforma de la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción del Senado y actualmente se debate en Diputados.

La Cámara baja convocó a audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo, en un esquema mixto que incluye participación presencial, virtual y presentaciones por escrito o en video, debido al alto número de inscriptos.

En el oficialismo consideran que este expediente es el más delicado, ya que combina intereses económicos con impacto ambiental. Por eso, buscan avanzar en este frente antes de abrir múltiples debates en simultáneo.

Una agenda abierta y sin definiciones

El freno en el paquete de reformas también se refleja en otras iniciativas. En Casa Rosada admiten que aún no está definido cuándo se impulsarán cambios en las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

Tampoco hay un plan cerrado respecto de los compromisos con Estados Unidos, otro de los puntos en agenda.

“Vamos viendo sobre la marcha”, reconocen en Balcarce 50, dejando en evidencia que, por ahora, la estrategia legislativa del Gobierno se mueve más por ajuste permanente que por un esquema ya definido.

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