El Gobierno terminó de darle forma a una de las iniciativas con mayor peso político y geopolítico de su agenda: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto anunciado por Javier Milei para reforzar las herramientas del Estado argentino frente a las actividades económicas no autorizadas en las Islas Malvinas y fortalecer el control sobre áreas consideradas estratégicas.
Fotomontaje de Javier Milei y un monumento honorífico a las islas Malvinas
Después de varios días de trabajo y correcciones sobre el articulado, la Casa Rosada tiene previsto completar este miércoles el circuito administrativo para enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados.
Con ese paso comenzará una segunda etapa bastante más compleja: conseguir los votos.
Seguir leyendo
La causa Malvinas llega al Congreso
El texto fue trabajado hasta último momento por un grupo reducido del Gobierno y, según el periodista acreditado en la Rosada, Ignacio Salerno (TN), estará organizado en alrededor de seis grandes títulos. La iniciativa combina aspectos económicos, diplomáticos y de seguridad y busca convertir en legislación parte de la estrategia anunciada por Milei el pasado 3 de septiembre.
No se trata únicamente de Malvinas.
El proyecto también incorpora herramientas vinculadas con infraestructura crítica, vigilancia marítima y aeroespacial y mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Nacional.
De la cadena nacional al Congreso
Milei había anunciado el envío del proyecto durante la cadena nacional que dedicó a la cuestión Malvinas a comienzos de septiembre.
La decisión llegó como respuesta al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas circundantes a las islas, una explotación que la Argentina considera ilegal por no contar con autorización de las autoridades nacionales.
Desde entonces, el Ejecutivo comenzó a desplegar distintas medidas.
El Decreto 868/2026 reglamentó procedimientos vinculados con la Ley 26.659, que establece prohibiciones y sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.
El Gobierno también inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas que estarían vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona. La nueva ley pretende ir más allá.
Más presión sobre las empresas que operen en las islas
Uno de los puntos centrales del proyecto será el endurecimiento de las herramientas disponibles frente a empresas o actores económicos involucrados en actividades que la Argentina considera ilegales en Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
El foco inicial estuvo puesto sobre los hidrocarburos, especialmente después del avance de Sea Lion. Sin embargo, durante la elaboración del proyecto se analizó extender el alcance hacia otras actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales.
El objetivo del Ejecutivo es aumentar el costo jurídico y económico para las compañías que decidan operar en las islas sin autorización argentina.
El Gobierno ya avanzó en esa dirección con el decreto publicado a comienzos de septiembre. La normativa no solamente contempla a las compañías directamente involucradas en actividades hidrocarburíferas, sino también a accionistas y prestadores de servicios alcanzados por las prohibiciones vigentes.
Además, las empresas que pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada acreditando el cumplimiento de la Ley 26.659.
Infraestructura crítica y Seguridad Nacional
El paquete que llegará al Congreso también tendrá un capítulo destinado a la protección de infraestructura considerada estratégica. Allí entran activos cuya importancia excede la defensa militar convencional: redes de telecomunicaciones, centros de datos y otros sistemas sensibles para el funcionamiento del Estado y la economía.
La intención de la Casa Rosada es establecer criterios específicos para proteger esa infraestructura y definir mecanismos de actuación ante eventuales amenazas.
El concepto detrás de la iniciativa es ampliar la mirada sobre la Seguridad Nacional y contemplar riesgos económicos, tecnológicos y logísticos además de los estrictamente militares.
Cambios en el control del espacio aéreo
Otro de los capítulos estará relacionado con la protección aeroespacial.
El Gobierno pretende ordenar y hacer más operativo el procedimiento frente a una aeronave que eventualmente sea declarada hostil, delimitando con mayor precisión las diferentes instancias de actuación del Estado.
El empleo de la fuerza aparecería como última instancia dentro de ese procedimiento y no supondría habilitar automáticamente el derribo de cualquier vuelo irregular.
Durante la elaboración del proyecto, además, se redujo el alcance de algunas de las reformas inicialmente estudiadas.
El texto no incorporaría una modificación integral de la Ley de Seguridad Interior para ampliar de manera general la actuación de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. Los cambios vinculados específicamente con el sistema de Inteligencia seguirían, por su parte, un camino separado.
El Atlántico Sur, otro de los ejes
La estrategia oficial también apunta a fortalecer las capacidades argentinas de vigilancia sobre el Atlántico Sur.
El Gobierno trabaja sobre un esquema que permita integrar radares, sistemas satelitales, telecomunicaciones e inteligencia de señales para mejorar el seguimiento de la actividad marítima y aeroespacial.
En ese mapa aparece la Base Naval Integrada de Ushuaia como uno de los puntos estratégicos.
La administración Milei ya anunció que buscará fortalecer esa infraestructura para convertirla en un nodo logístico y operativo relevante en el Atlántico Sur y en la proyección argentina hacia la Antártida.
Ahora empieza la pelea por los votos
Con la redacción prácticamente terminada, la discusión dejará los despachos técnicos y se trasladará al Congreso.
La intención del oficialismo es comenzar conversaciones con los bloques que habitualmente acompañan algunos de los proyectos del Gobierno, entre ellos sectores del PRO, la UCR y espacios provinciales y federales.
La Casa Rosada parte de la expectativa de que la cuestión Malvinas pueda conseguir respaldos que atraviesen las fronteras partidarias. Pero eso no significa que espere un trámite automático.
El contenido específico de cada capítulo, particularmente aquellos relacionados con sanciones económicas y herramientas de seguridad, deberá pasar por las comisiones correspondientes y podría sufrir modificaciones durante la negociación parlamentaria.
Por eso, en el Gobierno no proyectan inicialmente un tratamiento exprés. Primero buscarán ordenar los apoyos y escuchar las observaciones de los bloques antes de llevar el proyecto al recinto.
___________________________
Más noticias en Urgente24:
La interna peronista no da tregua: Estudiantes kirchneristas acusan a Kicillof de "extorsión"
Fuerte ruido en Córdoba: La violencia de género sacude a la política
En pocas palabras
- Ley de Defensa: El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reforzar el control sobre las Islas Malvinas y áreas estratégicas.
- Alcance ampliado: La iniciativa abarca la protección de infraestructura crítica, vigilancia marítima y aeroespacial, y seguridad nacional.
- Negociación política: El oficialismo buscará consensos en el Congreso, anticipando un debate parlamentario para la aprobación del proyecto.
Resumen generado por Thinkindot AI
Te puede interesar
No te lo pierdas
CONSPIRACIONES
