RECLAMAN POR "UNA VISION"
Mascardi: El Gobierno ofreció tierras del Estado a "mapuches"
La Fiscalía Federal de Bariloche informó que el Gobierno ofreció tierras del Estado a los "mapuches", pero ello no detuvo la violencia por la "visión de 2017".
La fiscal de Bariloche afirmó que el Gobierno le ofreció tierras a los "mapuches".
La representante del Ministerio Público Fiscal hizo un detallado repaso de cómo se fueron desencadenando los hechos en los últimos años y que las organizaciones mapuches rechazaron la oferta del Poder Ejecutivo antes del desalojo que se concretó el pasado 4 de octubre.
El pasado 28 de septiembre la Justicia Fedral solicitó el desalojo de los siete predios usurpados por la Lof Lafken Winkul Mapu, que reclama como propias tierras públicas y privadas. En un texto que dieron a conocer, la fiscalía señala que el reclamo se originó no en la forma tradicional que presentaba la ocupación de tierras en la zona de forma pública -como han hecho otras comunidades -, sino "en una visión que tuvo, en 2017, una niña de 16 años que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche": "La joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse".
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Pero más allá del fundamento utilizado, el grupo autopercibido mapuche "no canalizó sus reclamos por las vías de derecho", según la descripción de la fiscal. En el comunicado se describió que no se inscribieron ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), "ni pidió ser relevado". El mencionado organismo gubernamental informó que " no tiene registro ni petición alguna vinculada a este grupo de personas" y cita por el contrario, el antecedente de la comunidad Lof Colhuan-Nahuel que sí se incribió y le fueron reconocidas tierras en el barrio Virgen Misionera.
En el comunicado la Fiscalía Federal hace referencia al conflicto originado en 2017 con la primera usurpación. Y si bien a lo largo de estos años ha solicitado desalojos de varios predios, el último se fundamentó en los hechos ocurridos a partir de la noche del 25 de septiembre cuando un grupo de entre 15 y 20 personas armadas atacaron a gendarmes que custodiaban la zona.
En este sentido, indicó que "el primero de los predios de Parques Nacionales fue usurpado en noviembre de 2017; luego, en enero de 2018, lo fue el siguiente hacia el Sur, de la familia Grehan-Giménez de Tournier; en julio de ese mismo año se extendió la ocupación hacia el norte, tomando el exhotel Mascardi, también de propiedad de Parques. En mayo de 2020 la violencia se extendió hacia el Sur, primero ocupando el predio del Obispado de San Isidro y luego los lotes del sindicato Unión Personal Superior del Gas (exGas del Estado). Finalmente acontecieron el incendio (a la casilla de gendarmería) y el ataque armado a las fuerzas de seguridad mencionadas", detalla la fiscal.
Al día siguiente, el 26 de septiembre, cuando funcionarios judiciales se acercaron a la zona para realizar una inspección ocular, también fueron atacados por un grupo de personas. "El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo", expuso en el texto que reprodujo el medio local 'El Cordillerano'.
"Es importante destacar que, a lo largo de todos estos años, jueces, fiscales federales y provinciales, empleados judiciales y del MPF, guardaparques, policías federales, policías de seguridad aeroportuaria, gendarmes, policías de Río Negro, peritos, directivos de Parques Nacionales, veedores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hasta la propia gobernadora de la provincia han sido directamente atacados al intentar acercarse a los predios a cumplir con distintas medidas ordenadas en las causas judiciales", continuó relatando la fiscalía que agrega también los casos de de incendio de propiedades, destrucción de estructuras edilicias, interrupción de la Ruta 40, destrucción de vehículos y colectivos turísticos.
En ese sentido, María Cándida Etchepare justifica que el último pedido de desalojo responde a "la finalización de todos los canales de diálogo intentados por esta Fiscalía durante los últimos dos años". Además de diversas audiencias de las cuales participaron miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu y autoridades de distintos organismos estatales, la fiscal resaltó que "incluso Parques Nacionales ofreció reubicarlos en otras tierras cercanas, también del Estado Nacional, y permitir la permanencia del rewe (sitio ceremonial o sagrado) en el lugar en el que está apostado en la actualidad (en el predio del exhotel Mascardi) para que sea un lugar de culto de las comunidades".
"Nada alcanzó. A la par que se intentaban esos canales de diálogo continuaban suscitándose actos violentos. Los miembros de la comunidad manifestaron una y otra vez que solo aceptarían ser reconocidos como los dueños del lugar", explicó.
Además señaló la intervención "por vías políticas" del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y organizaciones de derechos humanos: "Ninguno de los actores involucrados logró traer al proceso algún atisbo concreto de acuerdo que permitiese evitar la vía penal haciendo prevalecer el diálogo pacífico, ya que la comunidad no se ha mostrado realmente dispuesta para esto".
En medio de las negociaciones, ante la escalada de la violencia, es que es que la Fiscalía Federal solicitó el desalojo de la zona que se concretó el 4 de octubre y por el cual se detuvo a siete mujeres.
Habló una detenida y Frutos
Una de las mujeres detenidas, la única liberada, por no pertenecer a la denominada comunidad Lafken Winkul Mapu, (había llegado a la zona desde Chubut), contó sobre la detención que:
"El peor momento fue el jueves a la tardecita, en la Unidad 28 (del Servicio Penitenciario Federal, en Buenos Aires), donde, por tercera vez ese día, nos desnudaron. Cuando nos hicieron sacar toda la ropa, pregunté por qué de nuevo, si lo habían hecho hacía un rato. Me pasaron un detector de metales entre las piernas y, en ese instante, se corrió una ventanita y vi a un hombre espiando… Dije que iba a denunciarlo… No sé su nombre ni nada, pero, aunque sea públicamente, lo estoy haciendo… Tantas veces nos tuvimos que llenar los dedos de tinta, pasar por distintos penales…Todo ha sido tremendo".
Pero también habló el presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, quien afirmó: "Quiero recuperar la paz que Mascardi siempre tuvo"...
Se refirió a la restitución de su propiedad, La Cristalina, y dijo que sintió "una mezcla de sensaciones porque es una felicidad a medias, porque todos sabemos que los encapuchados siguen ahí arriba, refugiados, es seguro que la saña, la bronca la van a desacargar nuevamente contra nosotros, los vecinos, es una mezcla de felicidad y angustia también por ver todo talado, los árboles añosos que teníamos". Además comentó que desvisaron el curso del arroyo y diseminaron espantapájaros por todos lados, como si fueran personas. "Hay destrozos por doquier en todo el predio", afirmó.
Dijo que le imploraron a Aníbal Fernández que no retiren el comando unificado y que dejen de lado las peleas con el gobierno provincial y que trabajen en conjunto. "La justicia provincial ha sido dejada de lado, cuando en estos 5 años fue la que más avanzó con la fiscal Betiana Cendón y sabe mucho más que cualquiera cómo es la situación en Mascardi", expresó.
Finalmente expresó que "al presidente lo veo como un tontuelo, estoy seguro que después se arrepiente de haber ido.. haberles dicho vamos a dialogar..." Agregó sobre la posibilidad de una mesa de diálogo que primero tiene que cesar el delito y planteó cómo sería "con personas que nos incendiaron y maltrataron hace cinco años".
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