La inteligencia artificial podría tener nuevas reglas en Argentina: Qué cambios impulsa el Congreso

La inteligencia artificial avanza a un ritmo acelerado y ya forma parte de actividades cotidianas, desde asistentes virtuales hasta sistemas que toman decisiones en ámbitos sensibles como la salud, la educación o el empleo. En ese escenario, un proyecto ingresó al Congreso con el objetivo de fijar las primeras reglas generales para el desarrollo y utilización de estas tecnologías en el país.

La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Juan Fernando Brügge y busca crear un marco legal que establezca obligaciones para quienes desarrollen, comercialicen o utilicen sistemas de inteligencia artificial, tanto en organismos públicos como en empresas privadas. El texto ya fue enviado a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Legislación General; y Derechos Humanos y Garantías para su análisis.

Inteligencia Artificial: Tres niveles de riesgo y aplicaciones prohibidas

Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en clasificar los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo que representen para las personas. A partir de esa evaluación, cada categoría tendrá diferentes exigencias y controles.

Las aplicaciones consideradas de riesgo inaceptable quedarían directamente prohibidas. Entre ellas aparecen los sistemas destinados a manipular el comportamiento de personas vulnerables, los mecanismos de "puntuación social" que clasifiquen a los ciudadanos según su conducta o características personales y las herramientas capaces de generar imágenes, audios o videos de contenido sexual utilizando la identidad de una persona sin su autorización.

El texto también limita el uso de tecnologías de identificación biométrica remota en tiempo real, salvo en situaciones excepcionales vinculadas con investigaciones judiciales o amenazas graves para la seguridad pública.

Argentina debe tener reglas para que la IA no sea peligrosa

La propuesta establece un régimen más estricto para aquellas aplicaciones que puedan afectar derechos fundamentales. En este grupo se incluyen sistemas utilizados en áreas como:

salud, educación, empleo, servicios públicos, infraestructura crítica, migraciones e identificación biométrica masiva.

Quienes desarrollen este tipo de herramientas deberán inscribirlas en un registro nacional, realizar estudios de impacto sobre derechos humanos antes de ponerlas en funcionamiento y someterlas a controles periódicos durante todo su ciclo de vida.

Nuevos derechos para quienes sean afectados por decisiones automatizadas

El proyecto también incorpora un conjunto de garantías para los usuarios frente al uso de inteligencia artificial.

Entre los derechos previstos figura la posibilidad de ser informado cuando una decisión haya sido tomada mediante un sistema automatizado, conocer los criterios utilizados por la tecnología y solicitar que una persona revise aquellos casos en los que una resolución basada en inteligencia artificial pueda afectar derechos o intereses relevantes.

La intención es evitar que decisiones con consecuencias importantes queden exclusivamente en manos de algoritmos sin intervención humana.

Identificación obligatoria de contenidos creados con IA

Otro de los cambios propuestos apunta a combatir la desinformación y los contenidos manipulados.

La iniciativa establece que los textos, imágenes, audios y videos generados total o parcialmente mediante inteligencia artificial deberán contar con mecanismos que permitan identificar claramente su origen. La obligación también alcanzaría a los servicios que interactúen con usuarios mediante IA o que adopten decisiones automatizadas.

El INTI sería la autoridad de aplicación

El proyecto designa al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como organismo encargado de controlar el cumplimiento de la futura ley.

Además, plantea la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial integrado por especialistas de distintos sectores para evaluar los impactos tecnológicos, sociales, éticos y jurídicos que pueda generar la expansión de estas herramientas.

Multas, prohibiciones y posibilidad de reclamar indemnizaciones

En caso de incumplimiento, la iniciativa contempla un régimen de sanciones que incluye multas, suspensión de sistemas e incluso la prohibición de determinadas aplicaciones.

También habilita a las personas afectadas por un uso indebido de inteligencia artificial a iniciar acciones judiciales para reclamar una indemnización por los daños sufridos.

A su vez, el texto declara inválidas las cláusulas contractuales que obliguen a consumidores argentinos a litigar en tribunales extranjeros por conflictos relacionados con servicios de inteligencia artificial.

Regulaciones inspiradas en el modelo europeo

En los fundamentos del proyecto, Brügge sostiene que la inteligencia artificial representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y la innovación, aunque advierte que su crecimiento debe ir acompañado de reglas que protejan los derechos fundamentales.

Según explica, la propuesta toma como referencia los criterios adoptados por la Unión Europea, basados en la clasificación de los sistemas según su nivel de riesgo, aunque adaptados al marco jurídico y constitucional argentino.

Si el proyecto prospera, la mayor parte de sus disposiciones comenzaría a aplicarse seis meses después de su promulgación, mientras que los sistemas catalogados como de alto riesgo dispondrían de un plazo de hasta dos años para adecuarse a las nuevas exigencias.