Hubo quórum y el Senado tratará el proyecto por el que se cruzaron Villarruel y Bullrich

La sesión viene precedida de un escándalo por un áspero cruce de mensajes entre la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, y la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich. La Vicepresidente se opone al proyecto oficial y buscó que no haya reunión en el recinto.

No lo logro, ya que LLA contó con la colaboración de sus habituales aliados La Libertad Avanza, el Pro, los radicales, los misioneros, la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón, quién tendría un particular interés en que se aprueba el proyecto.

Villarruel apareció en el recinto una vez que la sesión quedó habilitada. La Vicepresidente había anticipado su rechazo al proyecto, ya que modifica la ley de Tierras para permitir la propiedad de terrenos a favor de extranjeros, en particular los territorios de frontera, lo que, según muchos, casi habilitaría a crear 'estados paralelos'.

Villarruel anticipó su rechazo en un intercambio de mensajes con usuario de la red X en la previa al partido Argentina-Inglaterra y luego se lo manifestó a la propia Bullrich en un cruce por WhatsApp que se hizo público.

La Vice le espetó a la senadora que el proyecto que impulsa el oficialismo es "para vender el país". "Nadie quiere festejar en el Senado. Que cada senador lo festeje en su provincia, con su familia, no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras", agregó.

Bullrich defendió el proyecto en nombre del "desarrollo" y afirmó que "los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres". La jefa del bloque libertario instó a Villarruel a renunciar a su cargo si estaba en contra.

El proyecto

El proyecto que busca media sanción y tuvo varias modificaciones, endurece las expropiaciones y agiliza los desalojos, pero además avanza sobre una variedad de normas y alcanza aspectos tan diversos como, la regularización dominial, la adquisición de tierras rurales por extranjeros, el manejo del fuego y la organización de los registros inmobiliarios.

Según detalla parlamentario.com, uno de los núcleos centrales de la propuesta es la modificación de la Ley de Expropiaciones. El proyecto establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de manera restrictiva y justificar de forma específica el fin perseguido, al tiempo que exige que toda expropiación sea idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese objetivo.

La iniciativa también mejora las condiciones de indemnización para los propietarios afectados. Entre otros cambios, incorpora expresamente la posibilidad de reconocer lucro cesante cuando pueda acreditarse de manera objetiva, fija que la valuación del bien debe realizarse antes de cualquier anuncio oficial vinculado a la expropiación y dispone mecanismos de actualización monetaria hasta el momento del pago efectivo.

Además, ratifica que no podrá producirse la transferencia del dominio sin que previamente se haya abonado la indemnización correspondiente.

Otro de los capítulos con mayor impacto político es el referido a los desalojos. El proyecto convierte estos procesos en trámites sumarísimos y habilita mecanismos que permiten obtener la restitución anticipada de inmuebles en determinados casos, especialmente cuando se trate de ocupaciones irregulares o cuando el derecho invocado por el propietario presente suficiente verosimilitud.

Extranjeros

El proyecto de ley impulsado por el Gobierno deroga la actual Ley de Tierras, sancionada en 2011 durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, y elimina el límite del 15% para la posesión de campos y territorios por parte de extranjeros.

Esto permite que cada provincia decida libremente las reglas para la compra de tierras, eliminando además las restricciones a Estados extranjeros.

Otros temas

El temario de la sesión incluye, además, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Uno de los candidatos es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien está propuesto para el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

También se encuentra en la lista Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno, que está a punto de cumplir la edad jubilatoria de 75 años y por quien Javier Milei le pide al Senado que le extienda la magistratura por cinco años.