Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se roban alrededor de 10.000 celulares por día, lo que equivale a 416 por hora, cifras alarmantes que demuestran que este delito no para de crecer y que la práctica se extiende más allá del AMBA, sino que es un problema que se registra en todo el país.
PROYECTO
La alarmante cifra de celulares robados por día y la solución que propone el Congreso
El robo de celulares es un delito que no para de crecer. Por eso, desde el Congreso Nacional presentaron un proyecto que trata de ponerle freno.
Ante esta realidad, en el Congreso Nacional presentaron una propuesta que aspira a aminorar el delito de robo de celulares; proyecto en el que exigen mayor castigo a los chorros.
El impulsor de esta iniciativa es el diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño, miembro del bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, Encuentro Federal. Su proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan el delito de hurto o robo de teléfonos celulares y tiene como objetivo desalentar el mercado ilegal de estos dispositivos a través de modificaciones en las normas de encubrimiento.
Mayor castigo para quienes roben celulares
En detalles, el proyecto propone la inclusión de un nuevo inciso en el artículo 163 del Código Penal, que establezca penas agravadas específicamente cuando el hurto involucre equipos de telefonía celular.
Además, se modifica el artículo 277 del mismo código para aumentar las penas relacionadas con la adquisición y ocultamiento de celulares robados, al tiempo que se excluye la posibilidad de reducir las penas cuando se trate de estos dispositivos.
"Los teléfonos celulares excedieron su finalidad original de hablar por teléfono; hoy en día son una herramienta de trabajo, álbumes de fotos, billeteras, terminales bancarias y repositorios de nuestra vida personal", argumentó el legislador nacional al presentar el proyecto, y subrayó que el objetivo no es penalizar más severamente el robo por el valor económico del dispositivo, sino por lo que representa su privación y los daños asociados.
"Endurecer las penas y desalentar el comercio ilegal de celulares es un primer paso, pero sabemos que se necesitan políticas integrales de Estado para hacer imposible o extremadamente difícil la utilización de un equipo robado", agregó el autor del proyecto, que fue acompañado por sus colegas Miguel Ángel Pichetto, Francisco Morchio y Alejandra Torres.
El proyecto completo a continuación:












