El empresario Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., comenzó a declarar ante la Justicia en el marco de la investigación por las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, una causa que ya acumula cerca de 114 víctimas.
ESTÁ COMPLICADO
Fentanilo contaminado: Declara el empresario acusado en la causa por más de 100 muertes
La causa del fentanilo mortal sigue su curso. Declarará el empresario acusado de tener responsabilidad directa por las personas fallecidas. Son más de 100.
La indagatoria se desarrolla en el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, donde el empresario se presenta como uno de los principales imputados en el expediente.
Indagatorias clave y silencio de otros acusados
De acuerdo con fuentes judiciales, García Furfaro es interrogado junto a la directora técnica de la firma, Carolina Ansaldi. Ambos enfrentan acusaciones por su presunta participación en la adulteración de medicamentos.
En contraste, otros implicados optaron por no declarar. Entre ellos se encuentran la gerente de la empresa, Victoria García, y Eduardo Darchuk, exresponsable del área de producción de soluciones parentales de pequeño volumen.
Fentanilo mortal: Una causa con múltiples involucrados
En los últimos días, distintos integrantes de las compañías investigadas pasaron por el juzgado para prestar declaración. La lista incluye a técnicos, responsables de control de calidad y directivos de distintas áreas.
Entre quienes ya declararon figuran José Antonio Maiorano, técnico de HLB Pharma; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad de Ramallo; Adriana Iudica, responsable de Control Microbiológico; y Rocío del Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica.
También fueron indagados Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura; Edgardo Gerardo, integrante del proceso productivo; Antonio Sclafani, gerente de Producción y Mantenimiento; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, jefa de Garantía de Calidad; y Diego Hernán García, hermano del empresario, quien tenía a su cargo la coordinación de las plantas y la definición de órdenes de producción.
De 20 a más de 100 muertes: la investigación se amplía
La causa, que lleva casi un año en trámite, tuvo un giro significativo tras las pericias realizadas en los últimos meses. Inicialmente, el expediente contemplaba la muerte de 20 pacientes, pero ese número se elevó a cerca de 114 casos.
En este contexto, el juez Kreplak ordenó ampliar las indagatorias con el objetivo de incorporar nuevos hechos a la acusación que alcanza a 14 personas ya procesadas.
Procesamientos, embargos y posibles condenas
García Furfaro fue procesado en septiembre del año pasado junto a otros directivos. En su caso, la Justicia dispuso además un embargo sobre sus bienes por un billón de pesos.
El magistrado confirmó los procesamientos de todos los implicados, quienes ya habían sido indagados en 2025.
El empresario fue considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales”, una conducta que, según la acusación, provocó la muerte de al menos 20 personas.
A esa imputación se suma otra figura penal: “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
Prisión preventiva y situación de los familiares
Dentro del grupo de imputados también se encuentran familiares directos del empresario.
Su madre, Nilda Furfaro, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria tras un pedido de su defensa, aunque continúa con prisión preventiva. En su caso, la Justicia ordenó un embargo de 500 mil millones de pesos.
Por su parte, Diego García Furfaro, hermano del empresario, también fue procesado con prisión preventiva y afronta un embargo por el mismo monto.
Las penas en juego y el marco legal
La causa se apoya en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de entre 10 y 25 años de prisión cuando la adulteración o envenenamiento de sustancias medicinales provoca la muerte de personas.
En ese escenario, los acusados podrían enfrentar condenas de hasta 25 años de cárcel por homicidio agravado.
Antecedentes del empresario
Antes de su incursión en la industria farmacéutica, García Furfaro ya había tenido conflictos con la Justicia. En 2002, fue condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante.
Tras cumplir su condena, se volcó al sector farmacéutico, donde desarrolló un entramado de empresas que incluye HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
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