La situación judicial del concejal libertario de San Isidro Alberto Montes volvió a quedar bajo la lupa luego de que trascendieran detalles de la causa iniciada por una empleada municipal que lo denunció por haberla tocado sin su consentimiento dentro de una dependencia pública.
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Escándalo en San Isidro: Un concejal libertario pagará $12 millones tras tocarle la cola a una compañera
Un concejal libertario tendrá que pagar una cifra millonaria tras ser acusado de un caso de abuso sexual. El abuso quedó registrado en un video.
El concejal libertario que deberá pagar 12 millones de pesos a su víctima.
Aunque el dirigente alcanzó un acuerdo económico con la denunciante para reparar el daño en el ámbito civil, el expediente penal continúa avanzando y podría desembocar en un juicio oral durante los próximos meses.
El caso se originó a fines de 2023, cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio. Un registro de las cámaras de seguridad captó el momento en que Montes se acercó a una trabajadora que se encontraba de espaldas y le dio una palmada en los glúteos.
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La reacción de la mujer fue inmediata. Las imágenes muestran que respondió al contacto físico de forma defensiva y, posteriormente, decidió llevar el caso a la Justicia.
De trabajador municipal a concejal libertario
Montes había sido electo concejal por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023 y asumió su banca en diciembre de ese año.
Antes de ingresar al Concejo Deliberante, trabajó como inspector de tránsito y también desarrolló actividades como bombero voluntario. Sin embargo, el episodio registrado en una oficina municipal terminó convirtiéndose en uno de los hechos de mayor repercusión política y judicial dentro del distrito.
La difusión pública de las imágenes volvió a instalar el debate sobre los límites de las conductas en el ámbito laboral y las responsabilidades institucionales de quienes ocupan cargos públicos.
El acuerdo económico
En paralelo al expediente penal, las partes alcanzaron un entendimiento en la Justicia civil mediante el cual Montes se comprometió a abonar una indemnización de 12 millones de pesos a la denunciante.
Según trascendió, el pago fue acordado en cuotas y el cumplimiento del cronograma quedó sujeto a control judicial. La situación volvió a generar repercusión luego de que surgieran versiones sobre demoras en algunos desembolsos, lo que habría derivado en nuevas intimaciones.
Sin embargo, especialistas recuerdan que este tipo de acuerdos económicos no extinguen automáticamente las responsabilidades penales que puedan derivarse de los hechos investigados.
La causa penal sigue su curso
El frente más delicado para el edil continúa siendo el penal.
La investigación se encuentra encuadrada bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia clave: la Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Con ese escenario, la posibilidad de un juicio oral aparece cada vez más cercana. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, el debate podría realizarse durante el segundo semestre del año, instancia en la que se evaluarán las pruebas reunidas y se determinará si corresponde una condena.
El video registrado por las cámaras de seguridad aparece como uno de los elementos centrales de la investigación.
La defensa del concejal de San Isidro
Tras la difusión pública del caso, Montes sostuvo que el episodio fue malinterpretado y afirmó que su intención había sido realizar una broma.
Además, señaló que existió un pedido de disculpas y destacó el acuerdo alcanzado con la denunciante en sede civil.
Sus declaraciones, sin embargo, generaron nuevas críticas tanto desde sectores políticos como desde organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres, que cuestionaron la caracterización del hecho como una simple broma.
Reclamos por su permanencia en el cargo
Mientras la causa avanza, la situación política del concejal también genera controversia.
Dirigentes de la oposición en San Isidro reclamaron que el Concejo Deliberante adopte una posición institucional frente a la denuncia y cuestionaron que Montes continúe ejerciendo su función pública mientras enfrenta una acusación de esta gravedad.
Por el momento, el edil mantiene su banca y seguirá desempeñando sus funciones hasta que exista una resolución judicial o una definición política dentro del cuerpo legislativo local.
La próxima instancia clave será el eventual juicio oral, donde la Justicia deberá determinar si la conducta registrada por las cámaras constituye un delito penal y cuál será la responsabilidad del concejal en el hecho denunciado.
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