El Gobierno envió al Congreso un proyecto para evitar fraudes en las pensiones por discapacidad.
La iniciativa, titulada “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, modifica normas clave como la Ley 13.478, la Ley 24.901 y la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), e introduce cambios estructurales en la administración, control y financiamiento de estas prestaciones.
El diagnóstico del Gobierno: crecimiento y sospechas
El proyecto parte de un diagnóstico contundente. Según el mensaje enviado al Congreso, entre 2003 y 2023 las pensiones por invalidez pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000 beneficios.
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El texto advierte que ese crecimiento “exponencial” generó “una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”, sospecha que —según se afirma— fue confirmada por investigaciones administrativas y judiciales.
Entre las irregularidades detectadas se mencionan casos de personas que no cumplen los requisitos legales o médicos, así como situaciones de domicilios inexistentes y fallas en los controles.
Para el Gobierno, este escenario implica “un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional”, que termina afectando tanto al sistema en general como a quienes realmente necesitan la prestación.
Auditorías masivas y control de datos
Uno de los ejes centrales del proyecto es la implementación de un sistema de auditorías periódicas sobre los beneficiarios.
La Secretaría Nacional de Discapacidad será la encargada de cruzar información con bases de datos de organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y otras dependencias estatales para verificar requisitos documentales, patrimoniales y socioeconómicos.
Si se detectan inconsistencias, el proyecto habilita la suspensión preventiva del beneficio, aunque el titular podrá solicitar su rehabilitación provisoria mientras se resuelve el caso.
Una vez superada esa instancia, se prevén auditorías médicas para confirmar la condición de invalidez, con criterios técnicos y garantizando el derecho del beneficiario a participar del proceso.
Reempadronamiento obligatorio
La iniciativa también establece un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios.
Los titulares deberán actualizar su información personal, socioeconómica y médica en un plazo mínimo de 90 días, con posibilidad de prórroga por 30 días adicionales.
El incumplimiento implicará la suspensión automática de la pensión. Si el beneficiario regulariza su situación dentro de los 60 días posteriores, el pago se restablecerá con efecto retroactivo. En caso contrario, el beneficio podrá ser dado de baja mediante resolución fundada.
Nuevas condiciones para acceder a la pensión
El proyecto redefine los criterios de acceso a las pensiones por invalidez.
Se establece que el beneficio podrá otorgarse a personas sin recursos suficientes, sin cobertura previsional y que sean mayores de 70 años o estén imposibilitadas para trabajar.
Además, se fija una incompatibilidad explícita: quienes tengan empleo formal o estén inscriptos en regímenes laborales no podrán percibir la pensión.
En cuanto al monto, la prestación se define como equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Financiamiento y sostenibilidad
El texto introduce modificaciones para garantizar el financiamiento del sistema.
Los gastos serán cubiertos principalmente por el Ministerio de Salud, con posibilidad de recurrir a partidas del Tesoro en caso de ser necesario.
El proyecto también plantea un cambio de enfoque respecto de la ley vigente, al señalar que busca ajustar el sistema “a los recursos disponibles”, con el objetivo de asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
Cambios en discapacidad y prestaciones
La iniciativa también impacta en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
Entre otros puntos:
- se redefine el esquema de financiamiento de prestadores
- se establece una compensación económica para cubrir desfasajes frente a la inflación
- se habilitan planes de regularización de deudas para prestadores
Además, se introduce el concepto de “universalidad” del sistema, aclarando que no implica valores uniformes en todo el país, sino un piso mínimo de prestaciones garantizadas.
Rol de las provincias
El proyecto prevé la posibilidad de que Nación firme convenios con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para organizar la prestación del sistema en cada jurisdicción.
En esos casos, se establece un esquema de financiamiento compartido, tanto para los beneficiarios actuales como para los futuros.
Un cambio de enfoque
En los fundamentos, el Gobierno sostiene que la reforma busca corregir desvíos generados en los últimos años, cuando -según plantea- se amplió el universo de beneficiarios sin considerar adecuadamente los recursos disponibles.
El objetivo, según el texto, es “prevenir, detectar y sancionar el fraude”, pero al mismo tiempo “resguardar los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.
El debate que viene
El proyecto abre un debate sensible en el Congreso: cómo equilibrar el control del gasto público con la protección de las personas con discapacidad.
Mientras el oficialismo pone el foco en la necesidad de ordenar el sistema y evitar abusos, sectores opositores y organizaciones sociales podrían cuestionar el impacto de las auditorías y restricciones sobre beneficiarios reales.
El proyecto completo a continuación:
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