El Gobierno busca un acuerdo con las universidades para evitar un fallo millonario de la Corte Suprema

La estrategia oficial apunta a cerrar la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario mediante una negociación directa con los rectores. La propuesta que prepara la Casa Rosada consiste en transferir parte de los fondos contemplados en el proyecto de reforma impulsado por el oficialismo en el Congreso, pero a cambio de que las universidades retiren la medida cautelar presentada ante la Justicia.

Actualmente, ese expediente espera una definición de la Corte Suprema.

Según trascendió, la decisión del Ejecutivo busca evitar que el máximo tribunal falle en contra del Estado, ya que eso obligaría al Gobierno a desembolsar alrededor de $2,5 billones para cumplir con los aumentos previstos en la ley vigente.

La propuesta del Gobierno

El esquema que impulsa el oficialismo toma como base el proyecto presentado meses atrás por el Ejecutivo para modificar el sistema de financiamiento universitario y reducir su impacto fiscal.

Uno de los principales cambios respecto de la normativa actual es que el Gobierno solo reconocerá la pérdida salarial de los docentes correspondiente a 2025, dejando afuera la caída acumulada desde 2024.

Además, la recomposición salarial prevista en el proyecto se realizaría en tres tramos y los aumentos -del 4,1%- se aplicarían sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.

Otro punto central es que la iniciativa obliga al Poder Ejecutivo a convocar negociaciones paritarias cada tres meses, aunque no establece una actualización automática por inflación como sí contempla la ley actual.

Desde el oficialismo sostienen que esta alternativa permitiría atender parte de los reclamos universitarios sin comprometer el objetivo de equilibrio fiscal impulsado por el presidente.

El temor del Gobierno a un fallo favorable a las universidades

En la Casa Rosada reconocen que un fallo negativo de la Corte Suprema tendría un fuerte impacto sobre las cuentas públicas.

Por eso, el Ejecutivo busca alcanzar un entendimiento previo con las universidades y así desactivar la cautelar judicial que reclama el cumplimiento integral de la ley aprobada por el Congreso, incluyendo actualizaciones salariales y partidas ajustadas por inflación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Fuentes oficiales aseguraron que los fondos necesarios para avanzar con el eventual acuerdo ya cuentan con el aval del Ministerio de Economía y que podrían ejecutarse una vez sellado el entendimiento con las universidades.

“Incluiría todo lo que está en nuestro proyecto de ley”, explicó un funcionario con conocimiento de las conversaciones. De esa manera, el Gobierno evitaría además que la discusión vuelva a pasar por el Congreso.

Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) negaron haber recibido hasta el momento una propuesta formal por parte del Ejecutivo. “No hay nada de nada”, afirmaron desde el organismo que nuclea a los rectores.

La disputa por los hospitales universitarios

Mientras continúan las negociaciones informales, otro de los reclamos que sigue sin resolución es el de las universidades que cuentan con hospitales propios.

Hasta ahora, tampoco avanzó la convocatoria prometida por el Ministerio de Capital Humano para discutir una partida cercana a los $79 mil millones destinada al sistema de salud universitario y que todavía no fue ejecutada.

La situación genera preocupación en las universidades nacionales, especialmente en áreas vinculadas a atención médica, investigación y ciencia.

Qué cambia entre la ley actual y el proyecto oficialista

Las diferencias entre la legislación vigente y el proyecto impulsado por el Gobierno son profundas.

La ley actual exige actualizar por inflación distintas partidas presupuestarias acumuladas durante los últimos dos años, incluyendo gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y programas de ciencia y técnica.

En cambio, la propuesta del oficialismo elimina gran parte de esas actualizaciones automáticas y establece un mecanismo más limitado.

Según el texto impulsado por el Ejecutivo, solo habrá una actualización presupuestaria adicional si la inflación anual de 2026 supera el 14,5%.

No obstante, el proyecto sí incorpora una recomposición superior a los $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, uno de los sectores que más cuestionó el ajuste aplicado sobre las universidades públicas en los últimos meses.

Con las negociaciones abiertas y la Corte Suprema observando el conflicto de cerca, el Gobierno intenta encontrar una salida política que le permita bajar la tensión con las universidades sin resignar su estrategia de ajuste fiscal.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

RIGI bajo alerta: La decisión que tomó el Gobierno por temor al crimen organizado

Diputados mendocinos divididos por el gas: Quiénes apoyan y quiénes rechazan el recorte de Zona Fría

Bullrich buscaría exponer a Adorni y Karina la echó de las reuniones de Gabinete