El Gobierno nacional oficializó la creación de una mesa de coordinación de seguridad destinada a monitorear y prevenir posibles amenazas del narcotráfico y la criminalidad organizada sobre los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).
SEGURIDAD
RIGI bajo alerta: La decisión que tomó el Gobierno por temor al crimen organizado
El RIGI no solo traerá inversiones, sino que podría ser atractivo para el crimen organizado. El Gobierno busca frenarlos.
El RIGI puede traer problemas consigo, por eso el ministerio de Seguridad tomó la decisión.
NALa decisión fue formalizada mediante la Resolución 461/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por la ministra. El nuevo esquema buscará articular mecanismos de prevención y control sobre inversiones consideradas estratégicas por el Estado nacional.
Inversiones RIGI, atractivo del crimen organizado
Según plantea el texto oficial, los emprendimientos alcanzados por el RIGI y las zonas que se desarrollan alrededor de ellos podrían convertirse en objetivos atractivos para organizaciones criminales transnacionales y estructuras delictivas complejas.
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En ese sentido, el Gobierno advirtió que estos grupos podrían intentar obtener beneficios ilegales mediante distintos mecanismos, como el lavado de activos, el encubrimiento de dinero de origen ilícito, la infiltración en actividades económicas legales o la explotación de debilidades en los sistemas de control, logística y supervisión estatal.
El foco puesto en el lavado de dinero y la infiltración criminal
La resolución sostiene que los riesgos no se limitan únicamente al narcotráfico. También menciona posibles hechos de corrupción pública y privada, extorsiones y maniobras vinculadas al crimen organizado con capacidad de afectar el funcionamiento normal de los proyectos de inversión.
De acuerdo al documento, este tipo de amenazas podría impactar “la integridad, continuidad y seguridad” de las inversiones, además de comprometer la seguridad económica, institucional y social del Estado.
El Ejecutivo remarcó además que el volumen de capitales involucrados, la distribución territorial de los proyectos y el carácter estratégico de muchas de estas inversiones obligan a implementar mecanismos específicos de coordinación entre distintos organismos nacionales y provinciales.
La intención oficial es establecer herramientas de prevención temprana desde las primeras etapas de planificación y ejecución de los proyectos adheridos al RIGI.
Qué busca la nueva mesa de coordinación que creó el Gobierno
Entre los objetivos planteados por el Ministerio de Seguridad aparecen:
- Detectar y reducir riesgos asociados al crimen organizado.
- Fortalecer los controles sobre infraestructura crítica.
- Proteger a empresas, trabajadores y cadenas logísticas.
- Garantizar condiciones de estabilidad y continuidad para las inversiones.
- Reforzar estándares de transparencia y control estatal.
El Gobierno también señaló que busca asegurar que los beneficios otorgados a través del RIGI efectivamente contribuyan al desarrollo productivo y no sean utilizados para actividades ilegales.
Otro de los puntos destacados en la resolución tiene que ver con el impacto social que pueden generar los grandes proyectos de inversión en determinadas regiones del país.
El impacto social y urbano que preocupa al Gobierno
El texto oficial advierte que el crecimiento poblacional, laboral y urbano que suele acompañar este tipo de emprendimientos puede derivar en situaciones de vulnerabilidad social si no existen políticas preventivas adecuadas.
Por ese motivo, la resolución considera necesario incorporar estrategias de sensibilización, asistencia y fortalecimiento comunitario como parte de las políticas públicas vinculadas al RIGI.
Finalmente, el Gobierno aclaró que esta nueva estructura de coordinación no implicará mayores costos ni cargas burocráticas adicionales para las empresas alcanzadas por el régimen.
Según explicó el Ministerio de Seguridad, la mesa funcionará como una herramienta de acompañamiento destinada a otorgar mayor seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y brindar previsibilidad sobre el desarrollo de las inversiones estratégicas impulsadas por el Ejecutivo.
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