Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta, está en el centro de una investigación judicial que se complica con el correr de los días. Aunque pesan serias acusaciones sobre él, su condición de legislador con fueros lo mantiene, por ahora, fuera del alcance de la Justicia.
DE UXP
Dos empleados de un diputado fueron condenados por difundir fake news y él se salvó porque tiene fueros
Dos empleados de un diputado nacional de Unión por la Patria fueron condenados por difundir fake news. Eran mandados por el legislador para causar daño.
El diputado y sus asesores son acusados de difundir fake news con el fin de desprestigiar a sus oponentes políticos. En ese sentido, el foco de la investigación está puesto en un delito sin víctimas físicas directas, pero con consecuencias institucionales. Así lo explicó la fiscal Sofía Cornejo Solá, al señalar que “lo que se investiga en estas situaciones es un delito en donde no hay víctimas físicas, no hay personas físicas. Acá hay víctimas en el orden público, en el orden constitucional, por la desestabilización de los poderes del Estado”.
Sucede que estas personas usaron las redes sociales para viralizar fake news contra políticos, empresarios y periodistas. El diputado nacional Emiliano Estrada está imputado como autor intelectual de las difamaciones presuntamente destinadas a alterar el orden público, pero por ahora la Justicia no avanzó contra él porque tiene fueros parlamentarios (que se le terminan en diciembre).
Fake News desde el aparato legislativo
A medida que avanzó la causa, el Ministerio Público Fiscal detectó indicios de que la red de fake news podría haberse financiado con recursos públicos provenientes de la Cámara de Diputados. Por ese motivo, solicitó que el expediente sea derivado a la Justicia Federal. Sin embargo, por cuestiones de competencia, la causa finalmente regresó al fuero provincial.
El caso también tuvo impacto en el ámbito legislativo. En febrero, diputados de distintos bloques expresaron su repudio al accionar que se le atribuye a Estrada, principal apuntado en la investigación. El único espacio político que evitó pronunciarse al respecto fue Unión por la Patria, aunque sus propios legisladores tampoco salieron públicamente en su defensa.
Empleados del diputado, condenados por la Justicia
En ese sentido, dos ex empleados del diputado nacional Emiliano Estrada fueron condenados en un juicio abreviado a la pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública por la campaña que hicieron en redes sociales siguiendo las órdenes del legislador.
La causa contra Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand se inició a partir de una investigación de oficio por parte de la Fiscal de Ciberdelitos del MPF, Sofía Cornejo Solá tras la viralizacion de múltiples videos difamatorios contra empresarios, periodistas y políticos hechos a pedidos del legislador Estrada por quienes fueran sus empleados en el Congreso Nacional.
La investigación demostró la existencia de una operación de creación y gestión de cuentas en redes sociales, cuya finalidad habría sido hostigar y difamar a figuras políticas, periodistas y empresarios de Salta.
Los domicilios tanto de Arias como Allemand fueron allanados -no así el de Estrada- secuestrándose teléfonos y computadoras y en sus testimoniales. Los ahora condenados asistieron a todas las audiencias y prestaron testimonios que señalaron al diputado nacional Estrada como el instigador y quien daba las órdenes para la realización de ese material ofensivo y difamatorio.
En virtud del juicio abreviado celebrado ante el Juzgado de Garantías de 7ª Nominación a cargo del juez Pablo Zerdan, los dos exempleados de Estrada fueron condenados y además inhabilitados por un año a ejercer cargos públicos.
Ambos eran empleados del Congreso de la Nación -es decir eran funcionarios públicos al momento de los hechos-, contratados por el diputado nacional Emiliano Estrada. En funciones, generaron contenidos falsos y difamatorios en redes sociales, y aseguraron que lo hacían siempre bajo los lineamientos y órdenes de quien los contrató.
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