El Gobierno afinan su estrategia para poder avanzar con las privatizaciones de las empresas públicas deficitarias lo antes posible. Por ello, en Casa Rosada delinean los pasos a seguir para avanzar en este sentido y privatizar sin problemas las compañías en la mira.
EMPRESAS PÚBLICAS
El Gobierno acelera el plan de privatizaciones: Cuál es la estrategia de Casa Rosada
El Gobierno quiere avanzar en las privatizaciones de las empresas públicas. En Casa Rosada ya delinean una estrategia para no demorar el más el proceso.
El objetivo del Gobierno es, entre otras cosas, mostrar avances concretos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acelerar los tiempos legislativos. Por eso, el Gobierno busca poner en marcha en las próximas semanas la comisión bicameral encargada de supervisar los procesos de privatización de empresas públicas.
La medida, enmarcada dentro del acuerdo técnico firmado por la administración de Javier Milei con el FMI por US$20.000 millones, contempla que para noviembre se presente una hoja de ruta clara con el cronograma de desinversiones.
La estrategia del Gobierno
Desde Balcarce 50 reconocen que la comisión no tiene poder de veto, pero insisten en que su conformación resulta clave para cumplir con los requerimientos formales del Congreso. “Vamos a constituirla como parte del procedimiento, aunque su dictamen no sea vinculante”, afirmaron fuentes del oficialismo al periodista Ignacio Salerno, de TN.
La intención del Ejecutivo es activar la bicameral a través de un acuerdo político entre los presidentes de los bloques del Senado y Diputados, que también destrabe la conformación de otros cuerpos legislativos aún pendientes. Las negociaciones, aseguran, ya están en marcha con algunos jefes de bancada.
Qué dice la ley y cómo funcionará la comisión
La Ley Bases (27.742), en su artículo 13, exige que el Congreso esté informado sobre cada privatización que se lleve adelante. La comisión bicameral debe recibir detalles sobre los mecanismos elegidos para cada venta y contar con informes técnicos de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), donde se exponga la situación financiera y legal de las empresas involucradas.
El marco legal vigente, establecido por la Ley de Reforma del Estado (23.696), contempla distintas herramientas para llevar a cabo las ventas: licitaciones, concursos, remates, y colocación de acciones en los mercados financieros locales o internacionales. La norma también habilita la utilización de criterios de evaluación con puntajes o porcentajes, según variables técnicas o económicas.
Privatizaciones: Las empresas que están en la mira
Ya hay un puñado de compañías para las que el Ejecutivo activó el proceso de desinversión: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina (ENARSA) figuran entre las primeras. Además, se encuentra en preparación un decreto para avanzar en la venta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA). En este caso, el plan incluye la transferencia de acciones por medio de una licitación pública, combinada con una oferta bursátil. También está bajo análisis el futuro de SOFSE (la Sociedad Operadora Ferroviaria), aunque todavía no se definió una hoja de ruta clara para ese caso.
Quiénes integran la bicameral y qué falta para que se active
Por ahora, solo la Cámara de Diputados completó la designación de sus seis representantes. Los nombres confirmados son: Florencia Carignano y Ana María Ianni por Unión por la Patria; Pablo Cervi (ELI – Liga del Interior); Diego Santilli (PRO); Victoria Borrego (Coalición Cívica); y Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza).
Resta que el Senado designe a sus seis integrantes, algo que aún no se ha concretado. Desde el Ejecutivo admiten que todavía no iniciaron conversaciones formales con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside la Cámara Alta. Además, el jefe del bloque libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, por ahora no fue incluido en las negociaciones debido a que está concentrado en la impugnación de los comicios legislativos en Jujuy.
Objetivo: privatizar lo más posible en 2026
Mientras tanto, en el Gobierno trazan su meta: concretar la mayor cantidad de ventas de empresas estatales a lo largo de 2026. Para eso, necesitan agilizar los procesos técnicos y políticos, y mostrar resultados concretos que acompañen el relato oficial de reducción del Estado. La activación de la bicameral aparece como una pieza clave en ese engranaje, aun cuando su función sea más formal que resolutiva.
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