En Argentina existe la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene el objetivo central de proteger a los ciudadnos en su rol de consumidores de productos y servicios. Sin embargo, hay quienes creen que esta normativa quedó obsoleta y hay que realizar "importantes modificaciones" para que pueda ser efectiva.
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Buscan modificar la Ley de Defensa del Consumidor: Qué cambiaría
Un grupo de diputados presentaron un proyecto para modificar la Ley de Defensa del Consumidor. Creen que hay que mejorarla urgente.
16 de mayo de 2024 - 16:16
Propusieron diversos cambios en la Ley de Defensa del Consumidor.
En ese contexto, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, del bloque Hacemos Coalición Federal, impulsa un proyecto para modificar la Ley N°24.240 de Defensa del Consumidor en Argentina. La iniciativa también la firmaron los diputados Alejandra Torres, Francisco Morchio, Mónica Fein y Margarita Stolbizer.
"Esta propuesta busca introducir importantes cambios para fortalecer la protección de los derechos de los consumidores en diversas situaciones", argumentaron los diputados al presentar el proyecto de Ley.
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Defensa del Consumidor: Qué cambios proponen
Uno de los puntos clave del proyecto es establecer que los proveedores que ofrezcan canales de comunicación telefónica, a distancia o por medios telemáticos deben ofrecer atención humana en el primer menú de opciones para reclamos, gestiones y tramitaciones de los consumidores.
En ese sentido, si el proyecto se aprueba, se permitiría la gestión automatizada si el consumidor lo elige, excepto para consultas que puedan ser respondidas automáticamente de forma unívoca.
Además, se propone establecer una multa para los proveedores que, luego de una sentencia judicial favorable al consumidor, no hayan brindado una respuesta eficaz y adecuada.
La multa equivale a tres canastas básicas totales para el hogar tipo 3 según el INDEC, y se suma al capital de condena a favor del consumidor. Entre otras cuestiones, dicha sanción busca evitar cualquier especulación relacionada con la insignificancia del reclamo que pudiera desalentar al consumidor a acceder a la justicia en defensa de sus derechos.
Otro aspecto importante es que, en caso de apelación de una sentencia favorable al consumidor, la apelación se concederá previo depósito del capital, intereses y costas, excepto los honorarios de los profesionales que representan a la parte recurrente, que se abonarán al efecto devolutivo.
Por último, el proyecto también prohíbe a los proveedores de bienes y servicios incluir al consumidor en bases de datos de información comercial hasta que no obtengan una resolución administrativa o sentencia judicial favorable a su reclamo.
El proyecto completo a continuación
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