Petróleo, crypto y corrupción: millonaria estafa en PDVSA

De todos modos, y a pesar de la solidez y poder que tiene el Gobierno venezolano, los escandalosos casos de corrupción no dejan de salpicarlos; el último explotó hace tres meses, cuando se conoció la trama PDVSA-Crypto, proyecto de Maduro que hizo "desaparecer" más de USD 3.000 millones.

El inicio de esta trama de corrupción empezó en febrero del 2020 cuando el el presidente Nicolás Maduro le ordenó al entonces vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, reestructurar a Petróleos de Venezuela. Entre otras cosas, uno de los planes fue la creación de la criptomoneda "Petro", idea del mandatario venezolano para terminar con "los bloqueos" de EEUU a ese país, por lo que además pidió usar "todas las criptomonedas del mundo para mejorar el comercio interno y externo del país". La encargada de regular el mundo crypto en ese país era la empresa estatal de petróleo PDVSA a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).

Ahora, tres años después, la principal reguladora de este nuevo mercado empezó a ser investigada por malversar miles de millones de dólares procedentes de la venta de petróleo de PDVSA que se realizaba a través de tokens. Luego de conocerse el escándalo de corrupción multimillonario, Venezuela lleva tres meses consecutivos con fuertes restricciones a las crypto, entre las que destaca la prohibición total de la minería.

El escándalo de la trama PDVSA-Crypto fue tal que llevó a la renuncia vía Twitter del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

"En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso", indicó El Aissami.

Tras la renuncia del exministro también hubo varias personas detenidas por el caso de corrupción, algunas designadas y nombradas por el propio presidente Maduro y otros por Tareck, lo que suponía eran de extrema confianza.

En ese sentido, la Policía Nacional contra la Corrupción detuvo en el mes de marzo: al vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA, coronel Antonio Pérez Suárez, y a Joselit Ramírez, superintendente Nacional de Criptoactivos de Venezuela (SUNACRIP), que manejaba los fondos de la industria petrolera a través de criptomonedas. A su vez, también fueron detenidos el diputado Hugbel Roa; el abogado Cristóbal Cornieles, presidente del circuito penal de Caracas; un juez antiterrorismo; y un alcalde.

De todos modos, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que en total son 61 las personas que han sido detenidas por el caso, aunque el Gobierno solo ha revelado la identidad de 51 de ellas. Según trascendió, al menos 43 están directamente relacionados con el desfalco a la estatal petrolera, mientras las demás estarían vinculadas con corrupción en el sistema de justicia, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y alcaldías, entre otros. Entre los detenidos se cuentan 14 funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Asamblea Nacional.

Todas las personas detenidas son acusadas por los delitos de: apropiación del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación para delinquir y traición a la patria.

Investigación de Transparencia Venezuela

A tres meses del escándalo, la trama PDVSA-Crypto vuelve a tomar notoriedad luego de que se publicara una investigación realizada por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, estudio que reveló que al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas acusadas por el Ministerio Público de presuntamente participar en la trama de corrupción conocida como Pdvsa- Cripto.

En la trama de corrupción, que se conoció hace más de 90 días y que dejó una pérdida de entre 13.000 y 16.000 millones de dólares para el país, participó un grupo de personas ligadas a altos funcionarios del Estado y con empresas creadas en Venezuela (68), Panamá (18), Estados Unidos (9), Barbados (6), República Dominicana (2), Reino Unido (2), Malta (1) y Chipre (1).

Al menos 56 de las empresas fueron creadas entre 2012 y 2022, justo durante la administración de Nicolás Maduro, según la organización.

Luego de la revisión de información que ha estado publicada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) se identificó el objeto social de 56 de las 105 empresas vinculadas a las personas investigadas. Al menos 27 se dedican al sector alimentos, otras 10 abarcan el sector salud y 8 son del ramo petrolero.

Otras se dedican a obras y construcción, sector automotriz, vigilancia, transporte, asesoramiento financiero, turismo, venta de bienes muebles e inmuebles, papelería, computación, cemento, radiodifusión, ropa y calzado, publicidad y propaganda.

"11 de las compañías, que fueron creadas en Venezuela, poseen objetos muy diversos que van desde sistemas y software administrativos, productos de telecomunicaciones, electrodomésticos, suministros para oficina, mobiliarios, papelería en general, alimentos, vehículos automotores, ropa y calzados, alimentos, artículos y equipos de limpieza, aires acondicionados, materiales y equipos médicos quirúrgicos, uniformes de trabajo, juguetes, cosméticos y artículos de higiene personal, bisutería, equipos para industria petrolera y/o petroquímica, industrial y comercial, seguridad industrial agrícola, prestación de servicio de vigilancia, eventos recreativos, culturales, educativos, espectáculos sociales, deportivos, artísticos, electricidad, hasta impermeabilización", señala la investigación de Transparencia Venezuela.