CÓRDOBA. Finalmente, el gobernador Martín Llaryora a través de su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, terminó con la carrera policial de más de 35 años del subjefe y comisario Alejandro Mercado. El ahora policía retirado fue detenido en la mañana de ayer (3/7) tras ser imputado por encubrimiento agravado en calidad de funcionario público.
SEGURIDAD
Martín Llaryora y el fantasma de la Policía podrida: Otro jefe afuera
La crisis policial en Córdoba no encuentra calma. El gobernador Martín Llaryora, a través de su Ministro de Seguridad, tuvo que sacar otra “manzana podrida”.
El señalamiento que provocó la salida de uno de los “pesados” de la Policía de Córdoba provino de la investigación del fiscal Enrique Gavier, quien sostiene el seguimiento sobre una banda de policías y delincuentes que habrían entablado relación para sostener una red de delitos como venta de celulares robados, neumáticos ilegales y otras mercancías. En ese complejo diseño delincuencial habría quedado involucrado Mercado, quien llevaba las riendas de nada menos que la Dirección de Inteligencia Criminal.
Al respecto, el ministro Quinteros aseguró que el subjefe fue apartado gracias a la correcta división de poderes que practica el Gobierno provincial. “En nuestra provincia, no existe impunidad y la división de poderes funciona plenamente”, explicó Quinteros intentando aminorar los efectos mediáticos del caso.
De cualquier manera, y puertas adentro, el Gobierno provincial percibió la caída de mercado como un “gol en contra” en materia de seguridad.
El subjefe no es el único
El alcance del caso dentro de la Policía de Córdoba es todavía desconocido en su totalidad. Además de Mercado, Gavier ordenó la aprehensión del comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera, acusado de asociación ilícita en calidad de miembro, falsa denuncia y falsedad ideológica.
Lo mismo para la subcomisaria Verónica Aguilar, como supuesta miembro de una asociación ilícita. En esos dos casos, las imputaciones (asociación ilícita, entre otras) son más graves que la de Mercado, quien sería señalado por omitir la denuncia.
En el Gobierno provincial temen que caigan todavía más jerarcas policiales. Hay incluso funcionarios judiciales involucrados.
En cuanto a los civiles, los apuntados son Roberto Adrián Monge, Roger Emmanuel Monge, Maciel Adrián Monge y Fiorella del Valle Monge. Un clan que habría operado la venta de mercancía robada en una popular sede del delito en Córdoba.
“Nos duele, nos pega como institución, pero vamos a seguir adelante porque ese es el firme desafío que nos encomendó el gobernador”, señaló Quinteros.
Martín Llaryora lucha contra extraños y propios
Si bien Mercado no habría estado directamente involucrado en la actividad, la presunta omisión de denuncia sobre la red que mantenían algunos de sus subordinados habría sido el paso en falso. Así, el ex subjefe que asumió en diciembre del 2023 quedó bajo la lupa del fiscal Gavier.
En el Centro Cívico no pierden de vista que el ascenso de Mercado a la cúpula policial fue impulsado por la presente gestión y la investigación que lleva adelante Gavier data del 2022. Eso implicaría que la escalada del funcionario se produjo a medida que se llevaba a cabo la presunta actividad ilegal.
Esa dinámica será otro punto de presión política para la oposición provincial, que tiene identificada a la seguridad como un posible talón de Aquiles para la administración de Martín Llaryora. Un punto débil heredado y que el gobernador intenta fortalecer a toda costa, incluso contra la propia corriente interna.
En ese sentido, Llaryora dispone gran parte de los escasos recursos con los que cuenta en la actualidad para la seguridad. Desde las armas no letales y la Guardia Urbana, hasta una reestructuración de la Fuerza Policial Antinarcóticos, el gobernador ensaya acciones que se ven puestas en jaque por casos como el de Mercado.