Diferentes organizaciones ambientalistas alertaron sobre el peligro de que el gobierno de Javier Milei modifique la Ley de Glaciares por decreto. Actualmente, estas masas de hielo acumulan el 70% del agua potable del país. La reducción de zonas protegidas ya se había intentado tratar en la Ley Bases, pero fue eliminada por los legisladores.
QUIERE "ENTREGAR" LOS HIELOS
Llueven alertas por un decreto modificatorio de la Ley de Glaciares (a la medida de Barrick Gold)
El supuesto decreto de Javier Milei para modificar la Ley de Glaciares con un decreto ("a la medida de Barrick Gold") disparó todas las alarmas.
Argentina es uno de los mayores reservorio de agua dulce de Latinoamérica, junto a Brasil. Y alberga más de 16.000 glaciares, que representan reservas de agua dulce vitales.
Una de las alertas llegó de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalista (AAdeAA) en las redes sociales: "La Ley protege los sistemas de glaciares, verdaderas fábricas de agua fundamentales para las cuencas de las que tomamos agua. Pero el Gobierno nacional pretende reducir las zonas protegidas, a la medida de Barrick Gold."
Alerta del titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Su presidente, el abogado ambientalista, Enrique Viale, dijo que la decisión del gobierno de Javier Milei de modificar por decreto la Ley de Glaciares permitirá la minería en regiones del ambiente periglaciar, reduciendo las zonas protegidas, y afirmó que "es muy preocupante, es un claro ejemplo de regresión ambiental".
Remarcó también que "la actual legislación no impone severas restricciones, es bastante razonable, no permite realizar la tarea minera en los glaciares, en estas verdaderas fábricas de agua".
Explicó que "gran parte de Argentina es árida y semiárida y gran parte se nutre de agua de los ríos que nacen en la cordillera a partir de los glaciares. En ese lugar, las grandes transnacionales mineras están acechando, desde que se sancionó la ley, en 2010, para destruir los glaciares y sacar minerales de abajo".
El abogado ambientalista destacó que "lo que están haciendo es un decreto que elimina gran parte de los glaciares del ambiente de protección. La modificación la escribieron los abogados de la Barrick Gold, es la misma que se quiso hacer en 2016 y que logramos pararla con las movilizaciones y que se quiso hacer con la Ley Bases. Es quirúrgica la modificación que se hace pero es suficiente para destruir estas fábricas de agua".
Además, remarcó que "los glaciares ya están retrocediendo por la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. En Chile el emprendimiento de Pascua Lama fue prohibido por la Corte Suprema".
Por último, Enrique Viale aseguró en diálogo con 'CNN Radio', que "estos emprendimientos son muy voraces y no reconocen límites. Quieren hacer una actividad netamente extractivista, en 10 o 15 años explotarla de la forma más salvaje posible, de una forma irracional".
Y concluyó: "la afectación de esto es para siempre, el glaciar no lo podes pegar".
Greenpeace también se manifestó en contra de modificar la Ley de Glaciares
La reconocidas organización ambientalista Greenpeace manifestó un poco antes su profunda preocupación ante la posibilidad de que se formalice un nuevo intento de modificación de la Ley de Glaciares.
Y lanzó dos datos:
- La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, es un logro histórico de millones de personas y cientos de organizaciones civiles, que estableció salvaguardas estrictas para proteger a los glaciares y al ambiente periglacial, áreas críticas para el almacenamiento de agua y la regulación climática.
- Y es pionera en la región, establece prohibiciones a actividades que puedan dañarlos, como la minería y la explotación hidrocarburífera, reconociendo la importancia de estos ecosistemas en la lucha contra la crisis climática y en la provisión de agua para millones de personas.
En este sentido, Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, advirtió este lunes sobre esta decisión que "avanzar con la modificación de esta ley implicaría una seria regresión en las políticas ambientales del país. Además, ignoraría y vulneraría gravemente los compromisos internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática, así como el principio fundamental que impide retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados. No permitiremos que toquen a la ley de Glaciares. Y no avalaremos que le emitan condena a los glaciares argentinos".
La ley de Glaciares
En 2019, la Corte Suprema reafirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, que fue sancionada en 2010 tras una intensa discusión pública y política. En aquel fallo, se subrayó que la protección de los glaciares es responsabilidad conjunta entre Nación y provincias. La norma vigente obliga a realizar un inventario de glaciares y monitoreos periódicos del impacto de las actividades humanas.
No es la primera vez que el Gobierno intenta flexibilizar esta legislación. La intención de modificar la ley ya había estado incluida en borradores de la llamada 'Ley Bases', aunque finalmente fue retirada por falta de consenso político. Esta vez, la vía elegida es un decreto presidencial.
La medida de explotación de áreas protegidas fue impulsada desde el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, junto con la Secretaría de Energía y técnicos de Casa Rosada. El objetivo declarado es abrir camino a la inversión privada y facilitar infraestructura en territorios que, hasta ahora, estaban bajo fuerte protección legal.
Organismos internacionales y agrupaciones ambientales reaccionaron con preocupación. Pero antes la ONU había calificado una medida similar como "regresiva".
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