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DEUDA

La Corte Suprema obliga al Gobierno a pagarle a Santa Fe

La Corte Suprema intervino para que se cumpla una sentencia de 2015. Se conoció tras la reunión con el ministro de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia falló este martes a favor de la provincia de Santa Fe en su reclamo de coparticipación contra el Estado nacional en cuanto a los montos totales y la forma de pago de una sentencia de 2015 que firmó el máximo tribunal, pero cuya ejecución se dilató y representa un reclamo por casi $ 86.000 millones.

A las 16:00, según se anunció, el gobernador santafecino, Omar Perotti, y su ministro de Economía brindarán una conferencia de prensa en la que explicará cómo y cuándo se cobrará la deuda.

Exactamente, se le deberán devolver a Santa Fe $ 54.023.114.304 millones por una causa y $ 14.036.708.553 por la otra. Y otros $ 18.000 millones por una queja idéntica radicada en la Corte en 2009.

La decisión también tiene lugar un día después de que el Ejecutivo anunciara el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, una vez que ya supo que la Corte declarará inconstitucional la ley vigente.

De acuerdo al fallo de este martes "habiendo transcurrido 6 años desde la sentencia" que reconoció la deuda y "a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente por las partes de acordar el monto y la forma de pago de la deuda resultante", "ese propósito no se ha alcanzado", por lo que el tribunal tuvo que resolver "acerca de la cuantía" de restitución de los recursos coparticipables "detraídos ilegítimamente" a Santa Fe.

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El fallo de la Corte Suprema que beneficia a Santa Fe.

"Dicho esto, se decide, respecto de la tasa de interés aplicable, hacer lugar a la impugnación efectuada por el Estado Nacional y, en consecuencia, aplicar la tasa pasiva del BCRA –y no la activa del Banco Nación como pretendía la provincia-, por remisión al precedente “San Luis” –Fallos:342:85- sustancialmente análogo", agrega.

"A diferencia de ello, no se hace lugar al pedido del Estado Nacional de aplicar la tasa del 6,72 nominal anual y, para fundarlo, la Corte señala que dicho porcentaje no fue previsto por las partes en el Consenso Fiscal para la situación de los juicios con sentencia firme, sino que éstos tuvieron un tratamiento particular". Por el mismo motivo, la Corte entiende que "tampoco puede ser admitida la interpretación del Estado Nacional según la cual la aceptación de los títulos por parte de Santa Fe habría significado la conformidad de esta última en cuanto a la aplicación de la tasa, aunque aclara que tal conclusión no implica valoración alguna acerca de los alcances del compromiso de reintegro asumido por la actora allí".

Por último, el máximo tribunal desestima el pedido del Estado demandado consistente en que se establezca una reducción prudencial de la cantidad resultante de la liquidación en función del “crecimiento proporcionalmente mayor en las prestaciones que la ANSES tuvo a su cargo en la provincia durante todo el período”.

El gobierno de Santa Fe formalizó ante la Corte la semana pasada su reclamo para que se establezcan pautas de cómo se tiene que liquidar la millonaria deuda que el Estado mantiene con la provincia.

El máximo tribunal, hace 6 años, poco después de que Mauricio Macri se impusiera en las elecciones presidenciales de 2015, había decidido que se les dejara de percibir a Santa Fe, Córdoba y San Luis el 15% de coparticipación con el que se financiaba a la ANSeS y el 1,9% que se les quitaba por la AFIP, y que además se estableciera un plazo de 120 días para negociar términos y plazos de pago de las sumas retenidas a las provincias.

Tras el Pacto Fiscal de 2017 firmado por el gobierno de Macri, se les restituyeron recursos a los gobernadores, pero nunca se resolvió la cuestión de fondo judicial que reclamaban San Luis y Santa Fe. En el caso del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, no se adhirió al acuerdo con Nación, mientras que el distrito que encabezaba el socialista Miguel Lifschitz sí lo hizo. Así, los tiempos para San Luis fueron más rápidos y en marzo de este año el Gobierno nacional acordó el pago de una deuda de $ 25.749 millones, en bonos.

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