Doblete para Larreta: La Justicia y un asesor de Alberto F. avalan el acuerdo con los privados

Por un lado, la Justicia porteña desestimó una medida cautelar solicitada para anular los convenios que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscribió con entidades médicas privadas para la vacunación de sus afiliados incluidos dentro de las poblaciones de prioridad. 

Desde el Frente de Todos denunciaron que se trataba de una "privatización" de la vacunación. 

No obstante, para rechazar la solicitud de una particular, el juez Lisandro Fastman recordó que 
"es el propio Ministerio de Salud de la Nación quien previó la posibilidad de articular convenios con el sector privado y de la seguridad social". 

"Cabe resaltar que, incluso, el documento emitido por la Autoridad Nacional, en la parte final de su
Anexo, contiene un capítulo denominado “Alianzas Estratégicas”, y allí nuevamente se hace hincapié en la necesaria articulación con el subsector privado y la seguridad social", remarca el magistrado. 

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La demandante, una mujer de 65 años,  había interpuesto el recurso al considerar inconstitucionales los convenios suscritos por el gobierno porteño con entidades privadas como Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; y también con las obras sociales OSECAC (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).

De acuerdo al fallo, la demandante entiende que "se encuentra vulnerado el derecho a un trato igualitario y no discriminatorio y que los convenios son inconstitucionales". 

No obstante, y más allá de la constitucionalidad de los convenios (sobre lo que el fallo no se expresa), el juez Fastman también consideró que "la actora integraría recién el cuarto grupo de personas a ser vacunadas en el ámbito porteño, por lo que no se advierte que concurra –por el momento- la necesaria relación entre la medida que se pide y el derecho a la salud esgrimido".

El juez consideró además que "en la medida en que el proceso de vacunación constituye una estrategia de salud pública beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva, el rechazo de la medida solicitada es susceptible de acarrear menos consecuencias disvaliosas que los eventuales perjuicios que su admisión podrían producirle al resto de los habitantes de la Ciudad". 

"Nótese que una medida como la aquí solicitada podría incidir negativamente en la ejecución de la política vacunatoria, en momentos en que, a la compleja situación sanitaria que vive el país desde el mes de marzo del año 2020, se suman las dificultades provocadas por la falta de disponibilidad de las dosis suficientes para la inoculación de todos los habitantes, lo que naturalmente ha llevado a las autoridades competentes a establecer criterios de prioridad, teniendo en miras al conjunto de la comunidad", sostuvo. 

A este revés para el kirchnerismo que apostó fuerte al discurso de la "privatización" de la vacunación en la CABA se le suma, por otro lado,  la aprobación de Luis Cámera, un médico que integra el equipo que asesora al presidente Alberto Fernández en la emergencia sanitaria. 

El declaraciones al canal A24, Cámera consideró "un disparate" que se hable de "privatización" para atacar el plan de vacunación porteño y defendió que existan "más bocas" de aplicación  para la campaña de inmunización.