Discapacidad: Conferencia Episcopal reconoció el gesto, pero pidió realidades tras reunión con el Gobierno

El Gobierno recibió este lunes a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en la inminencia de la llegada del papa León XIV a la Argentina y con el telón de fondo de la preocupación de la Iglesia Católica sobre el destrato que la Casa Rosada les ha dado a los discapacitados.

Cabe recordar que el Sumo Pontífice, que llegará al país el próximo 08/11, tendrá como uno de los puntos de su visita el Cottolengo de la obra de Don Orione, en la localidad de Claypole, donde se alberga y trata a personas con discapacidad.

El Gobierno está en conflicto permanente con ese sector sensible que ha sido blanco de fuertes ajustes.

Para acercar posiciones antes de la visita del Papa, autoridades del ministerio de Salud convocaron a representantes del CEA, que incluyeron a dirigentes de la Obra de Don Orione y la Mesa de Discapacidad.

El ministro de Salud, Mario Lugones, no participó del encuentro que estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Roberto Olivieri Pinto. En representación del episcopado participaron el secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad.

Al cabo de la reunión, que duró cerca de una hora, Baya Casal destacó la convocatoria y valoró la "apertura de un espacio de diálogo" entre las partes.

No obstante, consideró se trató de "un gesto", pero que ese mero hecho "no alcanza" para solucionar los problemas del área, sino que para ello debe "traducirse en realidades por todo lo que falta".

En diálogo con la prensa, Baya Casal confirmó que las reuniones continuarán y si bien dijo no saber si el llamado del Gobierno respondía a la visita del Papa, estimó que la llegada del jefe máximo de la Iglesia Católica pudo haber "despabilado a las autoridades". La dirigente aseguró que la llegada de León XIV no fue tema de la reunión.

María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencial Episcopal Argentina.

La Mesa de Discapacidad fue constituida recientemente por la Conferencia Episcopal Argentina y reúne a representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.

"Llevamos un escrito con inquietudes, se habló de eso. Se plantearon posibles soluciones, caminos para rectificar algunos actos. Lo más importante es que es una primera reunión a la que fuimos invitados y abrimos un espacio al que debemos aportar", dijo Baya Casal.

Consultada sobre si la CEA se llevó alguna "respuesta concreta" sobre los reclamos, la dirigente admitió que "es muy difícil" conseguir un objetivo como en "una reunión de una hora".

Baya Casal sostuvo que hay "incumplimientos reales" por parte del Gobierno de la ley de emergencia en discapacidad, algo que el Ejecutivo reconoce, dijo.

Y agregó que el Gobierno "debe comprometerse" a pagar las actualizaciones de las "compensaciones" de los años 2023, 2024 y 2025. "Esa es la deuda actual", dijo.

"Es un gesto y tenemos que empezar a trabajar. Los gestos solos no alcanzan, se traducen en realidades por todo lo que hace falta. De buenas intenciones está hecho el camino al infierno", dijo la dirigente.

El encuentro se produjo mientras el oficialismo intenta avanzar en Diputados con su proyecto denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad", luego de que intentó introducir nuevos ajustes en el sector, lo que se encontró con críticas y resistancias.

La iniciativa obtuvo el mes pasado un dictamen de mayoría con 42 firmas y busca reemplazar la emergencia vigente, que vence a fin de año. Mientras que la oposición tuvo 36 firmas en su iniciativa para prorrogar la emergencia.

El proyecto mantiene la pensión no contributiva por discapacidad y prevé su actualización, además de garantizar el acceso a cobertura médica y permitir la compatibilidad del beneficio con determinados ingresos laborales. También ratifica la universalidad del nomenclador de prestaciones y establece partidas presupuestarias específicas para sostener el sistema.