El Gobierno dispuso un aumento del 2,20% en los aranceles correspondientes a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El incremento comenzó a regir en noviembre y fue oficializado este miércoles a través de la Resolución 3715/2026, publicada en el Boletín Oficial.
ARANCELES
El Gobierno actualizó las prestaciones por discapacidad: Los nuevos valores
La actualización de las prestaciones por discapacidad sigue la inflación de octubre y alcanza a todas las modalidades del nomenclador desde este mes.
La medida alcanza a las diferentes modalidades incluidas en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y contempla servicios de atención, educación, rehabilitación, transporte y alojamiento.
La actualización fue establecida por la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo que depende del Ministerio de Salud, y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. De esta manera, los valores de las prestaciones fueron ajustados en función del índice inflacionario registrado durante ese mes.
El incremento se aplica de forma uniforme sobre las distintas modalidades prestacionales comprendidas en el sistema. Además, se incorpora a la actualización del 1,90% que había sido establecida para el período anterior, por lo que representa un nuevo ajuste en los aranceles que reciben los prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad.
Por otra parte, la resolución confirmó que continuará vigente el adicional del 20% por zona desfavorable para aquellas prestaciones que se brindan en las provincias de la región patagónica. Este beneficio se mantiene de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24.901, que establece el marco normativo del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad.
Cuáles son los nuevos valores de las prestaciones por discapacidad
Dentro de los servicios alcanzados por la actualización se encuentran los Centros de Día con jornada doble, cuyos aranceles quedaron establecidos de acuerdo con las distintas categorías. Para la categoría A, el valor pasó a $1.166.692,96, mientras que para la categoría B se fijó en $979.967,23. En tanto, la categoría C tendrá un arancel de $746.193,92.
También se actualizaron los montos correspondientes a los Centros Educativos Terapéuticos con jornada doble. En este caso, la categoría A alcanzó los $1.310.557,92, la categoría B quedó en $1.100.312,05 y la categoría C se estableció en $839.377,84.
Otro de los servicios contemplados en la resolución es el Hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico. Para esta modalidad, los nuevos valores quedaron fijados en $2.194.516,03 para la categoría A, $1.842.808 para la categoría B y $1.465.570,71 para la categoría C.
La actualización también comprende otras prestaciones específicas del sistema. La estimulación temprana tendrá un arancel de $439.719,68, mientras que el módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE) quedó establecido en $801.937,24.
En el caso de la rehabilitación con internación, el nuevo valor asciende a $6.229.927,66. Por su parte, el servicio de transporte tendrá un arancel de $953,22 por kilómetro recorrido y el concepto de alimentación fue fijado en $5.223,37.
Nuevos valores de educación, formación laboral y rehabilitación
La resolución oficializada por la administración libertaria incluye, además, modificaciones en los aranceles de otras modalidades vinculadas con la educación, la formación y la atención integral de personas con discapacidad.
Entre ellas se encuentra la formación laboral con jornada doble, cuyo valor para la categoría A quedó establecido en $1.145.104,43. Asimismo, la escolaridad primaria con jornada doble alcanzó un arancel de $1.228.995,40.
En cuanto a las prestaciones de alojamiento, la residencia permanente tendrá un valor de $1.429.302,41 para la categoría A. A su vez, el hospital de día con jornada doble quedó fijado en $1.113.666,92.
De esta manera, la suba del 2,20% alcanza a las diferentes modalidades incluidas en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La actualización comenzó a aplicarse en noviembre y establece nuevos valores para los servicios de educación, atención, rehabilitación, transporte y alojamiento, tomando como referencia la inflación registrada durante octubre.
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