Javier Milei extendió la concesión de AA2000 a su exjefe Eurnekian a cambio de US$600 M en inversiones

La compañía administra terminales estratégicas como Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, además de concentrar alrededor del 90% del tráfico aéreo nacional. A través de su red aeroportuaria, que emplea a unas 2.100 personas, transitan anualmente cerca de 43 millones de pasajeros. La empresa había solicitado inicialmente una prórroga de 40 años, 30 más otros 10, pero el acuerdo establece una extensión de 11 años respecto del vencimiento actualmente previsto.

Las condiciones de la extensión adicional

Como parte del acuerdo, Aeropuertos Argentina deberá realizar inversiones adicionales por US$600 millones, que se sumarán a los US$606 millones ejecutados entre 2021 y 2026 para la modernización de la infraestructura aeroportuaria. Los fondos deberán ser acreditados en 2027 y el 75% de las obras previstas tendrá que estar concluido antes de finalizar 2031.

La ampliación adicional del plazo está atada a dos condiciones concretas. La primera establece que antes del 30 de junio de 2027, la empresa deberá demostrar, mediante un informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que cuenta con disponibilidad de fondos por US$600 millones destinados a infraestructura comercial. La segunda determina que el 75% de las obras correspondientes a esa inversión adicional deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2031.

Estos recursos no formarán parte del esquema financiado a través del fondo fiduciario alimentado por el canon que la concesionaria abona al Estado. Actualmente, ese canon representa el 15% de los ingresos totales de la empresa, provenientes de actividades como tasas aeroportuarias, alquileres comerciales, estacionamientos y otros servicios.

La discusión por la rentabilidad de la concesión

Otro de los puntos centrales de la renegociación fue la tasa interna de retorno (TIR) utilizada como referencia para recomponer la rentabilidad de la concesión. La empresa pretendía una TIR de algo menos del 17%, vinculada al riesgo país, y buscaba que ese porcentaje se transformara en una obligación contractualmente exigible al Estado Nacional.

Finalmente, el acuerdo estableció una TIR de referencia del 14,30%, sin mecanismos que puedan provocar su incremento automático. La discusión sobre la rentabilidad formó parte de una negociación más amplia entre la compañía y el Estado, que durante los últimos años mantuvieron diferencias respecto de las condiciones económicas del contrato.

El rechazo al RIGI y el cierre de la disputa judicial

La empresa también había buscado incorporar al acuerdo un tratamiento especial bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para las inversiones previstas en su Plan de Inversión. Ese pedido no fue aceptado por el Gobierno, por lo que las obras adicionales contempladas en la renegociación no tendrán el tratamiento particular dentro de ese régimen.

El convenio establece que el Estado Nacional y Aeropuertos Argentina 2000, incluidos sus accionistas, no tendrán nada más que reclamarse mutuamente por ningún concepto. Además, la firma deberá poner fin a la demanda judicial iniciada en 2023 por la distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato. La empresa deberá desistir del derecho que había invocado en ese proceso.

El antecedente de la renegociación y las actas secretas

El proceso de renegociación de esta concesión se remonta a 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. En el contexto de la pandemia y la paralización del transporte aéreo, la empresa argumentó que la crisis había alterado sustancialmente la ecuación económica del contrato. Como resultado, se acordó entonces una extensión por diez años, hasta 2038, a cambio de una inversión de US$606 millones.

Según el diario Ámbito Financiero, entre el 26 de septiembre de 2025 y el 10 de junio de 2026, el gobierno nacional emitió tres actas secretas en las que quedó expuesto el movimiento pendular de la gestión de Javier Milei respecto del reclamo de Aeropuertos Argentina para que se extienda el período de su concesión actual desde el año 2038 hasta el año 2066. Del acta secreta que firmaron el 26 de septiembre de 2025 entre el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, hoy detenido e investigado por enriquecimiento ilícito y lavado, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian, surge el acuerdo que buscaba extender la concesión.

La justicia está analizando patrimonios, contratos y posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro del Organismo. Los investigados, aparte de Leal, son la actual presidenta del ORSNA, Noelia Florencia Ruiz; la vicepresidenta, Lucila Belén Pagani, y el "controller" Facundo Gaitán. Otra de las razones que explican el apuro de la empresa es que el contrato original vencía en 2028 y la prórroga anterior, argumentada por la pandemia durante el gobierno de Alberto Fernández, está cuestionada por la Auditoría General de la Nación (AGN).

La excusación de Javier Milei y el rol del jefe de Gabinete

Este lunes, además, Javier Milei se excusó de intervenir en el procedimiento por su vínculo profesional previo con Corporación América y dejó la competencia en manos del jefe de Gabinete. El presidente había renunciado el 9 de diciembre de 2021 a Corporación América, el grupo de Eduardo Eurnekian y sus sobrinos Hugo y Martín, para ser diputado. Según la ley de ética pública, debían dejar pasar tres años antes de firmar cualquier decisión sobre quien fuera su empleador durante 21 años. Ese plazo finalizó el 9 de diciembre de 2024, cuando Milei ya cumplía un año al frente de la presidencia.

Aunque Aeropuertos Argentina concentra la mayor parte de las operaciones aeroportuarias del país, no es la única empresa del sector. London Supply, perteneciente a la familia Taratuty, mantiene las concesiones de los aeropuertos internacionales de Ushuaia, Trelew y El Calafate, constituyéndose como el otro actor relevante dentro del sistema aeroportuario argentino.

Con la renegociación formalizada, Aeropuertos Argentina 2000 continuará a cargo de la concesión bajo un nuevo esquema de obligaciones, con una fecha de vencimiento extendida hasta 2049 y la posibilidad de prolongarla hasta 2056 si cumple con las condiciones fijadas para las inversiones adicionales.

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