Guerra feroz La Rioja vs. San Juan por cobre y oro en Vicuña (BHP & Lundin Mining)

Vicuña, proyecto de la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining por US$ 7.100 millones entre 2027 y 2030, y que escalará hasta US$ 18.000 millones durante la próxima década, se encuentra en la Provincia de San Juan pero hoy necesita de infraestructura vial de la Provincia de La Rioja.

Vicuña pagará -cuando empiece sus operaciones- las regalías mineras de 3% a San Juan, donde contratará proveedores locales y mucho menos en La Rioja.

Es el motivo del alineamiento 100% del gobernador Marcelo Orrego a las causas de Javier Milei.

En La Rioja gobierna Ricardo Quintela, peronista anti Milei.

Vicuña solicitó en 2025 a La Rioja una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para hacer obras en la localidad Guandacol y el mantenimiento de la ruta provincial 506.

El gobernador Ricardo Quintela considera que Vicuña debería pedir la aprobación de impacto ambiental por todo el proyecto y no solo por el uso de las rutas, lo que sería un reconocimiento de recursos compartidos.

Obviamente en ese caso La Rioja exigiría que se le paguen regalías como en San Juan.

La jueza provincial María Greta Decker, a pedido de la Fiscalía de Estado de La Rioja, ordenó la suspensión del proyecto por 30 días y el bloqueo del tránsito de maquinaria por el corredor de Guandacol.

La protesta

Tensión en el departamento riojano Felipe Varela porque la medida judicial para frenar el uso de una vía de acceso hacia el Proyecto Vicuña (que incluye el yacimiento Josemaría), se ha transformado en un conflicto social en la localidad de Guandacol.

Tras la asamblea pública realizada este lunes 21/04 en la Plaza Principal, la comunidad difundió un comunicado de prensa por su "profunda preocupación" por los efectos colaterales del fallo dictado por la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, que suspendió actividades vinculadas al proyecto y el cierre del corredor logístico por un plazo de 30 días, fundamentado en cuestiones ambientales.

El documento de la Asamblea denuncia que la operadora del proyecto ha reorientado su logística hacia San Juan, lo que implica una pérdida inmediata de ingresos para transportistas, comerciantes y trabajadores riojanos que prestaban servicios en la zona.

Fuentes del sector minero en San Juan han confirmado a medios regionales que la provincia vecina mantiene sus vías de acceso operativas, lo que deja a La Rioja —y específicamente a Guandacol— en una situación de desventaja competitiva y aislamiento económico mientras dure la restricción judicial.

La Asamblea de Guandacol se desmarcó de la disputa legal técnica: "Nuestra acción no cuestiona la medida ambiental; exigimos que la Provincia se haga cargo de las consecuencias que hoy recaen sobre los trabajadores".

En San Juan

El Bloquismo sanjuanino reclamó un enérgico repudio tanto a una resolución judicial de La Rioja como a las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela.

El documento del bloque bloquista rechaza cualquier acción que, desde otra jurisdicción, intente “afectar, paralizar o condicionar” el desarrollo del proyecto Vicuña, considerado estratégico para la economía sanjuanina.

El proyecto también cuestiona lo que interpreta como una intromisión institucional por parte de La Rioja, al sostener que decisiones judiciales de esa provincia no deberían impactar sobre actividades radicadas en San Juan.

Y reafirma la defensa de la autonomía provincial, la integridad territorial y el derecho a definir un modelo propio de desarrollo.

El texto apunta contra las declaraciones públicas del gobernador riojano, a las que califica como contrarias a los intereses sanjuaninos, especialmente por reabrir el debate sobre límites interprovinciales. Para el bloquismo, ese planteo resulta “políticamente irresponsable” y ajeno al principio de respeto entre provincias.

El diputado Federico Rizo le dijo a Radio Amanecer: “Pretender reabrir una discusión de límites entre provincias resulta desubicado, fuera de tiempo y sin demasiado asidero legal o jurídico. Es una cuestión política para presionar”.

También: “Vamos a defender a San Juan, cada centímetro de la provincia y de nuestros departamentos”.

Rizo abordó el planteo histórico sobre los límites interprovinciales, al recordar que fueron fijados en 1968 (Revolución Argentina / Juan Carlos Onganía) mediante acuerdos que, según explicó, mantienen plena validez jurídica.

“El carácter de facto del gobierno de ese entonces no invalida las leyes sancionadas. Es una cuestión que en derecho está resuelta. Han pasado casi 60 años sin reclamos, por lo que la situación está consolidada en el tiempo”, argumentó.

Última: cuestionó la intención de llevar el debate al Senado de la Nación: “El Senado no resuelve estas cuestiones. Si hubiera alguna revisión, corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Por eso no tiene demasiado sentido lo que se está planteando”.

--------