En un fallo que tiene como principales beneficiados al intendente de La Plata por el PRO, Julio Garro; el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas; el senador bonaerense Juan Pablo Allan y por añadidura a la exgobernadora María Eugenia Vidal -a quien se responsabilizó por el hecho-, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi votaron por anular los procesamientos contra la opinión en minoría de Eduardo Farah que se inclinó por la confirmación, en el marco de la denominada causa de la ‘Gestapo sindical’.
"PRUEBAS DIFUSAS"
'Gestapo sindical': Anularon todos los procesamientos
La Sala II de la Cámara Federal anuló los procesamientos de exfuncionarios de Vidal, espías de la AFI y empresarios en el caso denominado 'gestapo sindical'
Mesa y el ‘Pata’
La causa que también se llamó "mesa judicial bonaerense", se inició en la ciudad de La Plata e investiga un supuesto armado del que habrían participado directivos de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, funcionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y empresarios para lograr la supuesta persecución por medios ilegales del sindicalista platense de la construcción Juan Pablo ‘Pata’ Medina, hasta lograr su detención.
El caso, se inició a partir del hallazgo de un video en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que correspondía a una reunión celebrada en la sede porteña del Banco Provincia el 12 de junio del 2017, en que se destacaba por su rol el ministro de Trabajo del gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, quien pronunció la siguiente frase: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. La alusión a la policía secreta del nazismo fue tomada por el kirchnerismo para denunciar una persecución ilegal por parte del gobierno de Vidal.
A fines de 2022 se resolvió que la causa pasara a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, lo que fue motivo de críticas desde el Frente de Todos que argumentaron que allí había jueces leales a Juntos por el Cambio que podrían terminar cerrando la investigación.
El fallo Bertuzzi-Llorens
En el fallo dividido de la Sala II que anuló los procesamientos a los imputados por la ‘gestapo sindical’, los jueces Llorens y Bertuzzi argumentaron contra el juez de primera instancia: "en su decisión tuvo por corroborada su hipótesis delictiva a partir de la formulación de las denuncias detalladas, que dieron lugar a la formación de once causas contra (el exlíder de la UOCRA, Juan Pablo) Medina y su agrupación gremial. No obstante, se advierte que el a quo (juez) analizó en profundidad solo siete de ellas, omitiendo las restantes".
Luego, manifestaron que se debe " profundizar el análisis de la totalidad de los hechos, cuanto menos para poder agotar todas las hipótesis y dar una respuesta jurisdiccional adecuada".
También enumeraron las irregularidades que advirtieron en los procesamientos de juez Kreplak y dejaron en claro que se trata de cuestiones que " desnudan vicios suficientes como para descalificar" la resolución dictada el 28 de abril del 2022.
"Nos hallamos frente a un déficit en la fundamentación del auto de mérito, que nos conduce a declarar la nulidad de la resolución en crisis, a tenor de lo normado por el art. 123 del ordenamiento ritual. Y en este apartado, se observa que la calificación legal asignada no guarda correlato con las conductas atribuidas a este grupo de imputados", añadieron.
Y le indican a Kreplak: "Deberá resolver eventualmente la situación procesal de cada imputado en base a una imputación clara, concreta y circunstanciada sobre la cual estribar la acreditación, con el grado de probabilidad que esta instancia exige (...) y despejar cualquier duda penal vinculada a la eventual responsabilidad que cualquier integrante de la AFI hubiera podido tener en la utilización, si así se acreditara, de sus recursos propios tanto de infraestructura material como humana en los hechos, y su relevancia jurídico penal".
Entre otros conceptos, el fallo también habló de “deficiente” valoración de la prueba, sostuvo que son “difusas y debatibles” las conclusiones sobre la reunión filmada y advirtió que aquel encuentro “pudo haber tenido una finalidad distinta” a la de la persecución política a sindicalistas.
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