La jubilación de la jueza Ana Figueroa abrió un nuevo frente de conflicto entre la Corte y el Gobierno nacional, que ya lleva adelante un intento de enjuiciar al máximo tribunal en el Congreso de la Nación, aunque ese proceso no tiene chances de prosperar. En una clara represalia por ordenar que la magistrada cese en sus funciones por haber cumplido la edad legal para su retiro hace un mes, la Administración Fernández le negó nuevos fondos y le complicó especialmente el pago de salarios en una semana donde los trabajadores judiciales cumplieron con otro paro nacional en reclamo de un incremento que ya habían acordado con el máximo tribunal.
EFECTO FIGUEROA
El Gobierno le negó fondos a la Corte y le complica pagos
Tras ordenar que la jueza Figueroa cese en sus funciones, la Corte abrió un nuevo conflicto con el Gobierno. Fondos restringidos y trabajadores sin aumento.
Segundo pedido
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le envió una segunda nota a Jefatura de Gabinete para reclamar el giro de fondos para afrontar las subas salariales ya pactadas con los empleados judiciales y cuya demora en el pago generó esta semana un ‘banderazo’ en el edificio de tribunales y un paro nacional.
Pero el Gobierno rechazó en duros términos la solicitud. En encargado de la respuesta fue el jefe de ministros Agustín Rossi, quien le recordó a la CSJN sobre la autarquía del Poder Judicial y le recomendó que haga una reasignación de partidas.
“La buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente”, dijo Rossi en su respuesta a la Corte.
El jefe de Gabinete, si bien le negó nuevos fondos a la Corte, si le permitió que modifique el Presupuesto vigente para disponer de $55.387 millones de aplicaciones financieras que tiene como superávit.
“En caso de resultar insuficiente, se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para atender los faltantes presupuestarios que presente el Poder Judicial de la Nación en el ejercicio 2023, cuestión que deberá contemplarse en el pedido de modificación presupuestaria incluyendo la fuente de financiamiento 13 - Recursos con afectación específica dispuesta por la Ley N° 23.853″, agregó Rossi tras permitir la modificación presupuestaria.
Oportunidad
También el pedido de fondos de la Corte parece encerrar un mensaje. Ocurrió el mismo día en que el máximo tribunal cesanteó a Figueroa y en el pedido remarcan la necesidad de “una urgente respuesta”.
Además, los ministros de la Corte remarcaron que la demora en la respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de Justicia”.
Agustín Rossi, en su respuesta, le recuerda a la Corte que sí tiene fondos para afrontar sus pagos: “a la fecha, en el Presupuesto de la Administración Nacional, el Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de $426.095 millones mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de $370.708 millones, dando como resultado un superávit de $55.387 millones”.
“Respecto a vuestra solicitud de incremento presupuestario, a través de la presente autorícese modificar el presupuesto y disponer los $55.387 millones de aplicaciones financieras para solventar el faltante presupuestario para Gastos en personal del Poder Judicial”, agrega el funcionario en línea con la autorización a la CSJN para reasignar partidas.
Y en esa línea, añade que “se proyecta un excedente de recursos propios adicional al cierre del ejercicio de $24.000 millones aproximadamente” y que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazo fijos al 31 de julio del 2023 por $187.922 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos”.
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