El juicio contra el senador K, Oscar Parrilli, por presunta administración fraudulenta comenzará el 13 de junio. Así lo fijó el Tribunal Oral Federal 7.
SERÁ EL 13/06
Arranca juicio a Oscar Parrilli por libros que no imprimió
El senador Oscar Parrilli está acusado de defraudación a la administración pública al autorizar el uso de 800 mil pesos para imprimir un libro sobre CFK.
04 de abril de 2022 - 20:16
Oscar Parrilli será juzgado a partir del 13 de junio.
El actual senador será juzgado por autorizar, cuando era secretario general de la Presidencia, e l gasto de $800.000 en copias de un libro que repasaba los logros de la gestión de CFK llamado “La década ganada” para el Bicentenario, ejemplares que nunca fueron impresos.
Oscar Parrilli, senador cercado a CFK, no será juzgado solo, sino que también será juzgada Katya Daura, extitular de la Casa de la Moneda, ya que este fue el organismo al que se le adjudicó la impresión del libro.
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En concreto, a Oscar Parrilli se lo acusa de haber autorizado una partida de $800.000 como un adelanto de la impresión de copias del libro “La década ganada”.
La partida salió del presupuesto de la Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010, que era el equipo a cargo de los homenajes y actos en celebración del Bicentenario . Sin embargo, los libros nunca salieron y no se reclamó la devolución de esos fondos.
Además, el dinero fue adjudicado directamente, sin concurso, a la Casa de la Moneda. La denuncia que derivó en la investigación y juicio la hizo en 2015 el nuevo titular de ese organismo, Marcelo Pose.
El proyecto era la impresión de 100 mil ejemplares que iban a entregarse entre mayo y junio de 2013 a un precio de 80 pesos cada libro.
El tribunal a cargo de la causa es el mismo que tiene la de los “cuadernos de las coimas”. Está integrado por Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Habrá cerca de 90 testigos que declararán los lunes de manera virtual.
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Rívolo acusó un “uso indiscriminado de los recursos del Estado, sorteando invariablemente los canales regulares propios de la administración pública y bajo la apariencia de un proceso licitatorio normal que en realidad no fue tal, y que ha redundado en un claro perjuicio para el erario público”.
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