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DESTITUCIÓN

El caso Pedicone ratifica que Tucumán con Manzur no es mejor que con Alperovich

Un bochorno todo lo que ha sucedido en Tucumán con el 'caso Pedicone', que exhibe una intensa relación del poder político y algunos funcionarios judiciales para eliminar cualquier atisbo de transparencia.

Ya el año 2020 había comenzado mal para Enrique Pedicone, quien era vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Ex legislador provincial y ex intendente de Monteros, él fue sorteado para evaluar el recurso presentado por el senador nacional José Alperovich para impedir ser investigado en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires en la causa en la que se lo investiga por presunto abuso sexual con acceso carnal, contra su sobrina 2da. y exsecretaria. 

Pedicone resolvió declarar la causa como asunto de feria judicial y avanzó con la citación de ambas partes a una audiencia pública "para asegurar a los ciudadanos un procedimiento y una investigación racional, justa y controlada". 

Si el juez tucumano de la Cámara de Apelaciones consideraba que la causa debía ser investigada en Ciudad de Buenos Aires, sería la Justicia porteña la encargada de avanzar con la causa, tal como lo estableció la resolución de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a cargo del juez Mariano González Palazzo.

En cambio, si consideraba que la investigación era responsabilidad de la Justicia tucumana, sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tendría la última palabra, ante el choque de fundamentos entre Cámaras de Apelaciones de ambas provincias.

No era la primera vez que Pedicone intervenía en causas de alto impacto. 

En el caso en que Alperovich aparece como abusador sexual, Pedicone declaró la nulidad parcial de la decisión del Juez de Instrucción Penal de la 2da. Nominación, Facundo Maggio, de enviar la causa que investiga a Alperovich por la presunta comisión del delito de abuso sexual al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también decidió que se enviaran copias del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de que se pronuncie respecto de qué jurisdicción es competente para tramitar la causa.

Pedicone no satisfizo la exigencia de Alperovich.

El tema de fondo

Pero Pedicone comenzó a caer cuando hizo pública una denuncia contra el citado Daniel Leiva, luego de que éste le habría solicitado que "maneje" la intensidad" del expediente por presunto abuso sexual que se inició contra el legislador provincial y líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. Según la denuncia del magistrado, actuó a pedido del gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

Pedicone habría grabado una conversación privada con Leiva y puso esa grabación a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, solicitando que se investigue al exFiscal de Estado de Tucumán por "tráfico de influencias, coacción y violación a los deberes de funcionario público".

El ex juez señaló: “advertí a la sociedad que esta sentencia estaba escrita antes de la celebración del juicio. Todo esto que pasó no puede suceder nunca en un Estado de derecho. En Tucumán estamos fuera del Estado de derecho” y afirmó: “yo hice la denuncia –contra Leiva- porque como juez y por mi juramento a la Constitución Nacional y a los Santos Evangelios tenía la obligación de poner en conocimiento de la Justicia de una injerencia” del poder político en parte del Poder Judicial.

Ahumada dijo: “el jurado de enjuiciamiento cumplió a rajatabla las órdenes emanadas desde los otros poderes del Estado. De los señores jurados el que más me sorprendió fue el representante de los Abogados. Que haya sido capaz de convalidar semejante atropello a las instituciones. Lo del doctor Critto es sumamente grave”.

Además, señaló: “esta es nada más que la perdida de una batalla en la que se jugaba el futuro del doctor Pedicone, sino la posibilidad de que los jueces sean reconocidos y no perseguidos como se ha demostrado claramente en este juicio”. Manifestó, también, que las actuaciones continuarán en otras instancias para probar la inocencia de Pedicone y la culpabilidad de Leiva.

Battig declaró: “La sociedad abrió los ojos y vio de frente la grave situación institucional que hay en Tucumán. Con este fallo, desprovisto de pruebas, se comprueba que lo denunciado por Pedicone es verdad”.

Ahora

Días antes, el abogado Alfredo Falú, devenido otra vez en un instrumento del poder político, había presentado en la Legislatura tucumana un pedido de juicio político, destitución e incapacidad para ocupar cargos a sueldo contra el juez de Impugnación Penal, Enrique Pedicone.

El culebrón de los incidentes provocados por Falú es extenso pero no viene al caso.

En verdad, fue el 2do. pedido de Falú porque en el caso de denuncia contra el vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva, ya había pedido juicio político contra Pedicone, en septiembre 2020.

En octubre 2020, la Legislatura tucumana rechazó los pedidos de juicio político contra Leiva pero admitió los pedidos contra Pedicone.

Un grupo de familiares de víctimas de la inseguridad, iniciaron expedientes en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura contra Pedicone, vinculados a supuestas actuaciones sin competencias durante una feria judicial como la violación sistemática de derechos de las víctimas.

El legislador Zacarías Khoder, presidente de la Comisión de Juicio Político, consideró probadas las 7 acusaciones contra Pedicone.

Khoder es un personaje muy particular para presidir la Comisión de Juicio Político. Él acumuló una serie de supuestas irregularidades registradas en 2015, cuando cerraba su última gestión como intendente de Banda del Río Salí.

Pero la Legislatura tucumana se votó para sí misma un sistema único de fueros, que les permite a sus integrantes no rendir cuentas ante los jueces....

La caída

Finalmente, el 17/02 Pedicone fue removido del cargo de vocal del Tribunal de impugnación del Poder Judicial de Tucumán.

El voto positivo contra Pedicone fue de los legisladores oficialistas Javier Morof, Dante Loza, Alberto Herrera, Sara Alperovich; del integrante del Colegio de Abogados Javier Critto; y del fiscal de Estado Federico Nazur. 

A su vez, el juez de la Corte, Daniel Posse y el legislador Walter Berarducci se manifestaron contrarios a la destitución.

Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó la recepción y el inicio del análisis de la presentación formulada por Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, abogados del juez penal Enrique Pedicone, por presunto tráfico de influencias por parte del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Daniel Leiva.

Tras el juicio, Pedicone declaró ante la prensa: “Me sigo sintiendo juez. Esto no culminó porque ni bien esta causa traspase los límites provinciales y haya, en su totalidad, un tribunal independiente, esta medida se va a revertir. Me refiero a la Corte Suprema de la Nación y a los organismos internacionales que, lamentablemente, harán responsables a la República Argentina”.

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