Pesqueras rechazan paro gremial con corte de rutas

Desde CAPIP, señalaron que el paro provocó que más de 260 toneladas de langostino no se procesaran en tiempo ideal y en consecuencia se obtuviera un producto de inferior calidad, con baja o nula rentabilidad, perjudicando a las empresas que integran la Cámara.

El costo de las perdidas rondó los US$650.000 valor de la materia prima que se comprometió por la demora

Por su lado el gremio sostiene que la medida va en contra del Acta Acuerdo que firmaron la secretaría de Pesca Provincial, la Administración del Puerto de Comodoro, el SUPA y la CAFACH, para abastecer de merluza a las plantas de Comodoro Rivadavia y eventualmente, a plantas del valle para destrabar el conflicto con los estibadores.

El acuerdo aseguraba que, por un tiempo determinado, parte de la flota descargaría merluza en Comodoro Rivadavia, para destrabar el conflicto con los estibadores y asegurar -a las plantas locales- la posibilidad de trabajar con merluza fuera de la temporada del langostino.

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Pesqueras advierten pérdidas, en dólares, por paro gremial

Aclaración de la cámara

En medio del conflicto la organización empresarial (CAPIP) asegura que "ninguna de las empresas de las que se relacionan con el gremio participó del acuerdo cuestionado por el STIA, que da origen a la medida de fuerza".

La Cámara de Industrias Pesqueras denuncia que cada medida de fuerza viene acompañada de gomas que queman los portones de acceso a las plantas, cortes de ruta, amenazas al personal administrativo, toma de plantas, escraches, actos violentos, e inclusive el deterioro de la materia prima, como sucedió en el caso que mencionamos.

Luego agregan:

Todo se ve magnificado cuando el cese de actividades no guarda ninguna relación con las empresas que lo sufren, y por lo tanto se ven perjudicadas. Y que estas acciones atentan contra planes de inversión y naturalmente con aumento de puestos de trabajo Todo se ve magnificado cuando el cese de actividades no guarda ninguna relación con las empresas que lo sufren, y por lo tanto se ven perjudicadas. Y que estas acciones atentan contra planes de inversión y naturalmente con aumento de puestos de trabajo

Frente a esta compleja realidad, la cámara empresaria solicita a las autoridades provinciales y gremiales "arbitrar los medios necesarios para defender la actividad, actuar con responsabilidad, cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente, el que garantiza el derecho a huelga pero también garantizar el derecho a trabajar y no generar situaciones de evidente inequidad e injusto perjuicio a la actividad".

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