Tensión en Puerto Deseado: Santa Cruz cancelaría licencias a las pesqueras, que en España denuncian tener miedo

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Fuentes muy cercanas al gobierno de Santa Cruz confirmaron a la agencia OPI Santa Cruz que el gobernador Daniel Peralta ha comenzado a evaluar la posible rescisión de los permisos de pesca de las empresas radicadas en Puerto Deseado y que hace más de 20 días mantienen un conflicto con los trabajadores por reclamos salariales y la firma de un convenio colectivo con mejores beneficios para el sector. En tanto, según empresarios pesqueros españoles denunciaron en Madrid al diario La Nación, sienten "amenazas y miedo a que nos la den de nuevo en cualquier momento" como parte del conflicto que los tiene en la mira en Puerto Deseado. Al mismo tiempo, expresaron su "absoluta decepción" ante "el desinterés" que por las amenazas, los desmanes y sus consecuencias dijeron notar en la candidata presidencial Cristina Kirchner, durante su almuerzo proselitista a puertas cerradas. Los empresarios dicen que ellos no quieren explicaciones políticas. "Queremos que se castigue a quienes nos agraden", explicaron, estimando sus pérdidas en € 80 millones que esperan que el Gobierno argentino se los reconozca. Según La Nación: "(...) "Ella hablaba como si lo que se hubiera perdido fueran dos cajones de langostinos. Y no plantas pesqueras de cuyo funcionamiento dependen cientos de personas", dijo uno de los empresarios afectados". Volviendo a OPI Santa Cruz, el gobierno provincial logró que las autoridades de la CALAPA (Cámara Argentina Langostinera Patagónica) y de la CAPeCA (Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de Argentina) viajaran a Río Gallegos para mantener negociaciones con la representación gremial a los efectos de destrabar la situación que generó hechos de violencia en la portuaria localidad de Puerto Deseado, durante el viernes próximo pasado. Sin embargo, la intransigencia de los grupos empresarios habría echado por tierra la posibilidad de llegar a un acuerdo, lo que quedó evidenciado en el regreso de los empresarios a la Ciudad de Buenos Aires, sin que hubieran tomado una resolución concreta. De acuerdo a funcionarios santacruceños "se buscó por todos los carriles posibles arribar a un principio de diálogo, participando incluso como 'facilitadora' en los encuentros que los empresarios mantuvieron con la delegación de representantes marineros que viajó a Río Gallegos convocada para lograr un punto de entendimiento". Agregaron: "Lamentablemente no podemos seguir dilatando esta situación. No se quiere llegar a ningún arreglo " señaló la fuente, que no descartó la posibilidad de que se avance en la quita de los permisos de los grupos empresariales involucrados, lo cual está siendo seriamente estudiado por el Ejecutivo provincial por estas horas. En cuanto al diario La Nación, "Nos acaban de llamar por teléfono. Hay gremios que piden un aumento de sueldo del 16% pero, como hemos exigido primero que se garantice la seguridad de las personas y de las fábricas, la respuesta ha sido que nos atengamos a las consecuencias. Nos la van a dar de nuevo ", dijo anoche José Parajuá, de la cámara que representa a las empresas pesqueras que operan fuera de la Unión Europea. "Tenemos miedo por nuestra gente y ellos, naturalmente, temen más aún. Es increíble que, en vez de perseguir y castigar a quienes hacen estas cosas, les pongan aviones para llevarlos a Buenos Aires a negociar", añadió, en su condición de vocero del Cluster de Empresas en Países Terceros, que representa a una treintena de empresas propietarias de 400 barcos. Uno de los directivos de la cámara, Amador Suárez, expresó decepción por "la escasa respuesta" que -a su juicio- ofreció Cristina Kirchner en España, porque ella explicó los desmanes en Santa Cruz como un capítulo de la contienda electoral. "Los desmanes ocurrieron un día después de que yo lanzara mi candidatura; y un día antes de que iniciara mi viaje a España. Da como para pensar", analizó. La respuesta indignó a los pesqueros. "O no sabe de qué está hablando, o lo quiere minimizar", insistió Parajuá. El gobierno español dijo, ante una consulta periodística, que la cuestión "no estaba cerrada" y que se reclamaron "garantías de seguridad al gobierno de Néstor Kirchner (sobre lo que se informa por separado).