En el primer trimestre, el Índice de Precios al Consumidor, a nivel nacional, acumuló 6,7%, el rubro alimentos dio lo mismo, pero equipamiento y mantenimiento del hogar 7,4%; transporte 8,7%; comunicación 14,2%, educación 16,7 y restaurantes y hoteles 6,9%, superaron esa media. Eventualmente, el rincón del tarifazo se mantuvo relativamente moderado: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, estuvo por debajo, con 5,5%. No está cargada la incidencia de las paritarias en los cálculos y, en general, se trata de servicios, o sea que no tienen como referencia al valor dólar, que había saltado al doble en el período. Salvo los sectores gastronómico y hotelero, por efecto de las vacaciones, y los comestibles, por lo mismo más la devaluación, las restantes locomotoras de la inflación se originaron en las lapiceras de áreas gubernamentales, como Transporte y Producción, que homologan los incrementos. El abril impacta el segundo aumento en los transportes (colectivos y trenes) 12% y otros precios regulados, como gas (hasta 40%), todos dispuestos por funcionarios que responden al Poder Ejecutivo. En mayo entraría electricidad y los combustibles son candidatos en todos los tiros. Con esta planilla a la vista, llama la atención la bronca oficial contra los formadores de precios privados y la permanente invocación que se extendió por gran parte del arco de Cambiemos a las prácticas de amedrentamiento que aplicaba el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, al empresariado para evitar que subieran los precios. Estuvieron activos pero no tanto como los reguladores en estos meses que se reavivó la llama inflacionaria.

El 2,4% del Índice de Precios al Consumidor de marzo, que redondea 6,7% en el trimestre, les abrió los ojos a los dirigentes sindicales para no seguir convalidando un tope salarial del 15% cuando el propio gobierno, a fuerza de tarifazos y devaluación, mandó la pauta arriba del 20%. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, olvidó que el 28 de diciembre había anunciado el recálculo de la meta inflacionaria y que en marzo el Presidente Mauricio Macri proclamara que “lo peor ya pasó”, para afirmar que este será “el último año para hacer grandes correcciones tarifarias" y que tienen un supuesto plan de estabilización para los próximos 20 años, en vez de para los dos que faltan hasta la elección presidencial. Sin embargo, la mesa chica económica que se coordina bajo su mando comprueba que no es gratis hacer tan largo y arduo el camino para bajar la inflación y, aunque el déficit fiscal vaya cediendo de a poco, la población se defiende de la erosión de los ingresos con cambios de hábitos defensivos que traen efectos sociales colaterales, como un vuelco hacia la informalidad en desmedro del retail formal. El cortocircuito encendió con Carrefour y los 1.000 retiros voluntarios con achicamiento de la operación, consecuencia de tres años consecutivos de pérdidas. Es el primero pero no el único en el sector comercial. Las reformas aplicadas por la Casa Rosada, tan alabadas en el exterior, no convergen en el que sería un plan económico con metas creíbles y cumplibles de corto y mediano plazo, sino que más bien son administradas por hombres de negocios avenidos a la función pública.

2 datos claves acaba de brindar oficialmente el Banco Central cuando se cierne la guerra comercial mundial: "El nivel relativamente elevado del tipo de cambio real y la propia acción del BCRA llevan a no prever, en los próximos meses, depreciaciones significativas del peso", afirmó, al anunciar que mantenía la tasa de referencia en 27,25%. La lectura del mercado, que en las próximas licitaciones se verá si los operadores creen, es que entre mayo y julio, al menos, el dólar quedará anclado… ¿en $20,5? y volverá a presentarse la oportunidad de hacer la diferencia con el carry trade, sea con Lebacs o con las Letras del Tesoro (Letes), tanto en dólares como en pesos, en plazos de 6 meses y un año. En moneda nacional, a 182 días, la tasa nominal mensual es de 2,06%; mientras que en el billete norteamericano habrá emisiones a 196 y 364 días, con tasas que se fijarán a partir de las ofertas que se reciban. Seguramente la señal que el mercado espera ahora es qué decisión tomará el gobierno a partir de mayo con los precios regulados, o sea, tarifas y combustibles, en especial, por su incidencia en la inflación. Todo parece indicar que, como en la campaña electoral del año pasado, las tablas de actualización podrían quedar en suspenso.

El economista Miguel Kiguel suele manejar buena información y acaba de asegurar que, a partir del 1ro. de mayo, se producirá una caída muy grande en la inflación,. El temerario pronóstico depende de que no sea aplicado el tarifazo eléctrico aún pendiente y que YPF siga haciendo que las naftas acompañen el alza internacional del crudo (recordar que un 5% en surtidores equivale a 1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A la vez tendría que suceder que las paritarias que faltan continúen, como hasta ahora, cerrando en 15% y que con los restantes precios regulados tampoco la cartera de Producción ceda a las presiones sectoriales para indexarlos. El 1er cuatrimestre se irá con 12% de crecimiento del IPC y a cualquier meta, por corregida y aumentada que esté, le quedarán por delante 2 períodos más completos para encuadrarla. Suponiendo que el gobierno imagine una suerte de congelamiento en los precios relativos para afrontar la guerra comercial que se está más que incubando a esta altura, y además que los sectores sociales se lo banquen, la capacidad adquisitiva de la población en general, resentida por los tarifazos y el séquito empresario que les venía haciendo coro, no dejará margen de movilidad al alicaído consumo. Según la universidad de Avellaneda, las facturas de los servicios públicos ya absorben casi el 20% de un salario mínimo. Otra incógnita reside en saber cómo afectará al PBI que la inversión privada prevista en obras de infraestructura (PPP) termine ralentizándose para adecuar las inyecciones de capital que requieren las construcciones, y por ende el empleo, a las endurecidas condiciones financieras internacionales.

Para ubicarlo en su justo término: la venta de dólares forzada que realiza el BCRA es fuga de capitales. O sea que con Mauricio Macri en la Casa Rosada, no ha cesado la fuga de capitales, que podría resultar más explicable en los días de restricción de CFK. Y, aunque el lunes 09/04 haya sido tranquilo en materia de venta de dólares del BCRA vía el Banco Nación, los operadores no le creen al gobierno cuando insiste en que aún es baja proporción entre deuda y PBI: del 30% según acaba de declarar el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en el Congreso, quien asevera que no peligra la continuidad del financiamiento externo e interno elegidos para solventar con gradualismo el déficit fiscal. Pero resulta que si se computan los rojos del Tesoro, los intereses de su deuda y los de la que contrae el BCRA, más el atraso cambiario, la verdadera relación se estira a un riesgoso 50%. El agujero a financiar, en consecuencia, termina triplicando el 3,2% del PBI del desequilibrio primario que consta en el presupuesto. E inclusive los intereses que se pagan por la rueda real a solventar aumentaron 51% en el primer bimestre, en comparación a igual período de 2017. La vulnerabilidad de la estrategia de financiamiento llevaba a cabo por la Administración Macri enciende luces naranjas porque, además de que se debe más de lo admitido, el perfil de los vencimientos se concentra entre un mes y 3 años. En tan breves plazos, los movimientos en alza en las tasas internacionales que ya empezó a descargar la Reserva Federal de USA y las aprehensiones que puede despertar entre los acreedores el elevado grado neto de exposición deudora del país, en el marco de una inflación que no cede y con un PBI de débiles pulsaciones, el camino sólo conduce al dólar. No ayuda que en el horizonte cada vez más se ciernan, amenazantes, recuerdos no muy lejanos que remiten a medidas desesperadas con que se buscaban financiamientos forzosos o semiforzosos a través de canjes de deuda gigantescos a rendimientos exorbitantes o métodos aún peores de obtener préstamos de determinados sectores de la sociedad en particular.

Carrefour es una multinacional francesa líder en Europa, con 11 mil tiendas en 33 países, que emplea en total casi 400 mil personas, y la filial argentina, que hace 3 años que da pérdidas, acaba de cambiar su management local y lleva al Ministerio de Trabajo un últimatum: o de ahí sale un arreglo con el gobierno y el sindicato para afrontar juntos la crisis, o se despachan 3.000 telegramas para empezar y se cierran varias persianas. El Estado tendría que revisar la presión impositiva y la representación gremial las condiciones de trabajo de los antiguos convenios que no contemplan la dinámica moderna del negocio. La cadena gala, lo mismo que su competidora en Argentina chileno-alemana Cencosud, se encuentran en plena mutación de inversiones, ya que el consumidor no quiere ir a las grandes superficies a abastecerse de comida y limpieza (canasta básica, diría el INdEC) porque prefiere hacer la compra diaria en los despachos exprés que impusieron los chinos con sus autoservicios cuando desbancaron al tradicional almacén, carnicería y verdulería. Y cuando quieren acopiar o buscar precio se van a los mayoristas. A un Jumbo, Disco, Coto, etc, les sucede lo mismo: abrieron en los barrios el denominado formato de proximidad y se propusieron ir a pelearle a Walmart el segmento mayo-minorista, copado gracias al efecto inflación que promueve el gobierno con los tarifazos a la sazón determinantes de los cambios de hábito de consumo de la población por su incidencia en los presupuestos hogareños. Para complicar el panorama, a los supermercadistas se les viene Amazon y el comercio digital a la cacería de su clientela. La reconversión que necesitan exige inyecciones de capital que pasan por filtros de decisión en las casas matrices, demanda además cambios de radicación y de horarios en el personal, simplificaciones impositivas, que eviten la doble imposición, por ejemplo, con ingresos brutos, y alquileres más accesibles. Pero hay otro obstáculo que, en realidad, depende de la Casa Rosada, y es el castigo al consumo masivo que infringe el modelo económico en ejecución, malas praxis incluidas. El año pasado cayó 1% y este lo volverá a ese punto de partida.

A la voz con acento español del GPS se le hubiera rayado la grabación del recalculando si relatara el partido que viene jugando el Macri´s team en la embarrada cancha económica. 1) en enero de 2017, recambio ministerial con el ascenso de Luis Caputo en Finanzas; Nicolás Dujovne por Alfonso Prat Gay en Hacienda, y Javier González Fraga por Carlos Melconián en el Banco Nación; 2) en mayo, receso preelectoral, tarifazos postergados, con el carry trade del BCRA a full; 3) en diciembre, vuelta los tarifazos, ajuste fiscal empezando por los jubilados y corrección de las metas de crecimiento e inflación; y 4) pasado lo peor, tope paritario, replanteo presupuestario, refuerzo PPP a la inversión pública, relevo en AFIP, intervención estadística y... volver a empezar, como cantaría Alejandro Lerner. El timón está enfilado a lograr la reelección tripartita en 2019: Macri, Vidal y Rodríguez Larreta, y mientras no haya moros en la costa, los números podrán toquetearse todo lo que las circunstancias manden.

De las metas incumplidas, el gobierno dio vuelta la página y pasó a un carrousel indexatorio que gira en torno de una inflación núcleo venida y quedada del 20%, que se nutre de los tarifazos y los precios regulados o más o menos, como en los servicios públicos, los combustibles y el tipo de cambio, más las prepagas, cuotas de colegios, autopistas, transporte. Este elenco estable, a su vez, retorna con sus respectivas incidencias al Índice de Precios al Consumidor (IPC), de ahí al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), y a la equivalente Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), para reflejarlo en la actualización mensual del dólar y la tasa, y vuelta a empezar. Una eventual desaceleración podría provenir de cómo repercuta el costo laboral en las próximas remarcaciones, a condición de que el tope salarial del 15% se mantenga en el medio millar de paritarias, ya que los precios relativos se retroalimentan con la referencia del 20%. La otra posibilidad es que las estadísticas oficiales sean más benévolas que hasta ahora y acompañen las intenciones del gobierno de ir mejorando la macroeconomía. En ello le va el futuro al INdEC.

El gobierno espera agazapado que terminen de concretarse las paritarias de los principales gremios privados dentro de la referencia del 15%, con cláusula de revisión, no con gatillos, que se vienen cerrando para después ir a la carga con los capítulos en que dividió la reforma laboral, con la competitividad y el blanqueo de empleos como objetivos centrales. Las estadísticas dan que 2017 finalizó con sendos aumentos en las tasas de participación y demanda de la economía de trabajadores y con una pujante incorporación formal en la construcción de mano de obra (11%). Pero la informalidad laboral, en general, no cesa de crecer y actualmente supera un tercio de la población económicamente activa. Como para separar la paja del trigo en la conflictiva relación con una parte de la dirigencia sindical, una vez definidos los convenios, la Casa Rosada se propone avanzar con un primer paquete de la reforma laboral, compuesto por el blanqueo de trabajadores informales (que beneficia los ingresos en las obras sociales), la ampliación de licencias por paternidad y las pasantías como capacitación. La mayor flexibilización laboral, el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de desempleo pagado por los propios trabajadores y la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social, ya incluida en la reforma tributaria sancionada al cierre de 2017, constituyen la 2da parte, que verán si la oportunidad es después del Mundial o de las elecciones presidenciales de 2019.

El gobierno apostó todas las fichas de la reelección a que aumente 50% la inversión en infraestructura, para lo cual depende de que esté funcionando en el 2do semestre y entre a pleno el plan de participación público-privada (PPP) en el próximo año electoral. Dentro de una semana se devela la incógnita sobre si estarán los US$ 6.000 millones para que empiece la construcción de la Red de Autopistas y Rutas Seguras y se confirmó, por declaraciones de bancos de inversión formuladas a Bloomberg, que no hay consenso en Europa para recategorización al país como emergente en junio, como se aseguraba en Nueva York, con lo que la tasa de riesgo continuaría siendo la de fronterizo. También sufrió un traspié el proyecto de ley de financiamiento productivo (mercado de capitales) en el Congreso, porque el Senado lo devolvió a Diputados con modificaciones impuestas por el PJ que impulsó Cristina Fernández de Kirchner. Más que nunca depende el proyecto político de Cambiemos de la mano que le dé la élite de grandes constructores sobre la que apoyó el plan de infraestructura y consiga saltar con garrocha estas trabas financieras. Claro que habrá que ver en ese caso cuál sería el “costo oculto” compensatorio del encarecimiento financiero, aunque el “poncho” de la inflación puede barrer debajo de la alfombra.