El año que viene el saldo del comercio exterior dará US$4.500 millones de superávit, un poco gracias a la mayor exportación agrícola y de carnes, ya sin las sequías de la anterior campaña, otro tanto a la repercusión de la mejor performance económica brasileña, pero fundamentalmente al parate importador, donde la devaluación hizo subir los costos de lo que se trae de afuera y la recesión frenó la demanda, en el marco de un intercambio de bienes y servicios 1% más bajo que el de 2017. La consultora Abeceb, que fundó el ministro de la Producción, Dante Sica, difundió un ránking que elabora con los costos laborales de 25 países, según el cual el 110% que de diciembre a octubre se había elevado la paridad de la moneda sirvió para mejorar la competitividad en un 50% respecto de los otros países de la región y acercó un poco a la Argentina a los posicionados al tope de la eficiencia manufacturera, como Indonesia, México, Tailandia y China. La salvedad es que a esa relación se llega con el dólar a $37/38 y los salarios en general convenidos con 15 a 25% de aumento, muchos en trámite de actuación arriba del 40% que el bono compensatorio dejó para definir después. O sea que, para mantener la competitividad alcanzada en este renglón y que ayude a incrementar exportaciones o sustituir importaciones futuras, Sica debería lograr que los productores internacionalizados dolaricen esa relación y lo traten en la respectiva mesa sectorial de transformación productiva, antes de someterla a paritarias y al arbitrio de la política cambiaria. La agobiante presión impositiva y la parálisis de la infraestructura por el ajuste fiscal y los cuadernos son, a los efectos de esta estrategia, como entrar a la cancha perdiendo 2 a 0.

Cuando entra en el 4to año al frente del Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta considera que llegó el momento de resumir el contenido de su gestión bajo el título de una megaobra cumbre consensuada con el bloque del PJ: el desarrollo urbano del Mercado de Hacienda, en Mataderos, que le cambiará la cara al emblemático barrio del sur de la Ciudad, como pretendió también hacerse con Soldati, al dejar a la Villa Olímpica como legado de los Juegos de la Juventud que acaban de organizar. Aún en un año de sequía financiera para el país, como éste, se disparó un centenar de proyectos, la mitad ya iniciados, que se localizan principalmente en lo que solía llamarse extramuros, de la avenida Rivadavia para el Riachuelo, según describe un artículo publicado en La Nación. Desde Santa Fe al río, los emprendimientos privados se han hecho cargo de las inversiones en construcción, cuyas regulaciones constituyen en sí mismas un negocio de los desarrolladores inmobiliarios que se regula desde la sede de Parque Patricios, aunque cabildeado con la Legislatura donde el oficialismo tiene mayoría. La excepción sería la Villa 31, a cuya urbanización el gobierno porteño destinó este año $1.600 millones. Rodríguez Larreta termina de abrocharle al Pro la renovación del mandato capitalino a fuerza de carteles de obra por todos lados y de pactos políticos cerrados con referentes de la oposición, como el sindicalista Víctor Santa María y su ex contrincante electoral Martín Lousteau, y con un operador radical-peronista de la talla de Coti Nosiglia.

El mercado inmobiliario podrá estar en repliegue en toda América Latina, y en especial en nuestro país, tanto en tamaño como en precios, pero la malaria no amedrenta a paladines del real estate, como los altos mandos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Faltarán demanda (por la masiva desaparición del crédito hipotecario UVA) y capitales (ante el recorte en los planes públicos de urbanización y viviendas y la aspiradora de la Reserva Federal), pero la Administración de Rodríguez Larreta igual busca acuerdos con los desarrolladores para los negocios de nicho: por ejemplo, este fin de mes sacará a remate codiciados terrenos fiscales en Retiro, La Boca, Colegiales, Villa Urquiza y Palermo. Al mismo tiempo, activa otro filón, que no engordará la macroeconomía pero conforma una potencial oferta de 21 mil propiedades de valor histórico protegidas para que queden en condiciones de ser transformadas en proyectos arquitectónicos modernos y dotados de servicios, que conserven el estilo original, como se hace en Estados Unidos y Europa. Representan suculentos nichos de negocios alternativos a los menguados planos de construcción de departamentos que se concentran en los barrios de Palermo, principalmente, y en Caballito. Lo mismo sucede con la aparición de una tendencia importada que seduce a las nuevas generaciones de buena capacidad adquisitiva: los espacios compartidos en condominios, que empezaron con los laborales (el coworking) y ahora siguen con el coliving, reemplazante de los amenities por el concepto integrador de comunidad. Se empezó a construir en Colegiales un complejo que ostenta la mayor inversión en el rubro viviendas: US$140 millones. Sin embargo, no todos los desarrolladores están felices con la gestión de Rodríguez Larreta. El titular de IRSA, Eduardo Elsztain, destila bronca por los proyectos deportivos que están paralizados y porque tuvo que cerrar Buenos Aires Design.

Estampar la rúbrica en Presupuesto 2019 avalando el ajuste de $370.000 millones que contiene les devolvió a las provincias la masa de recursos del impuesto a las ganancias con que se financiaba a Anses para pagar las pasividades. La inyección de $30.000 millones que recibieron por el acompañamiento parlamentario para sacar la ley las torna, en general, superavitarias, mientras los haberes jubilatorios no cubren ni la mitad de la canasta. Las Pymes y los balances de las grandes empresas también pagan los platos rotos, aunque con medidas que van a contramano de la seguridad jurídica que Cambiemos le reclamaba al kirchnerismo cuando era oposición, ya que convierten las pérdidas reales de los balances en ganancias al no permitirles que incluyan la inflación para obligarlas a tributar. La Administración Macri, que se preciaba de promercado, quemó las naves en el altar de una crisis financiera internacional, guerra comercial exterior y contingencia climática interna, de lo cual, salvo en este último caso, su equipo de lujo debía estar enterado desde hacía 7 años. Fue en 2012 cuando se cortó el boom de las commodities y se desató las tormenta a la que recientemente aludió la Casa Rosada para justificar la corrida cambiaria que derivó en el ajuste en marcha. Su solo advenimiento al poder no atrajo la lluvia de inversiones anunciada, y ahora circula a contramano de su propia propuesta: subió las retenciones a la exportación, en lugar de eliminarlas como había prometido en campaña, y castiga los balances de las grandes empresas y principales Pymes al no permitirle descontar la inflación para calcular ganancias. De modo que, en un contexto recesivo como el actual, desalienta inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo. A la vez, redujo la obra pública a la mínima expresión, justo cuando las PPP privadas están inhibidas de compensar por el efecto de los cuadernos.

Jaime Durán Barba, el gran consejero político de Mauricio Macri, debería comenzar a resetear el software electoral: la rabia e impotencia de 13,2 millones de desocupados se acaban de reflejar en las urnas brasileñas que consagraron ganador a un autopromocionado antisistema, como el diputado derechista y ex militar Jair Bolsonaro. Y como quien ve al vecino rasurar, pone las barbas a remojar, las miradas de este lado convergen ahora sobre la estadística laboral que difundirá el INDEC del 3er trimestre, que junto al anterior fueron los que recibieron de lleno el impacto que deserrajaron sobre la economía nacional las corridas cambiarias iniciadas en mayo, con la secuela devaluatoria y de tasas de interés siderales que afectaron a empresas y particulares. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en setiembre-octubre, los despidos y suspensiones aumentaron casi 7 veces respecto del mismo período de 2017, con la particularidad de que las tres cuartas partes se originaron en la industria. De reflejarse el clima laboral adverso en el indicador oficial en ciernes, la cantidad de desocupados superará largamente los 2 millones y en ascenso, que si tuvieran que entrar en un cuarto oscuro antes de fin de año destilarían toda su bronca hacia los que considera responsables de sus desventuras. Nada más que de los enojados por haber quedado en la calle, Cambiemos resigna con seguridad un 8% del caudal electoral. Tiene en juego otro porcentaje similar de ciudadanos que no consigue trabajar las horas necesarias para cubrir sus necesidades y encuadra entre los subocupados. Y habrá que ver cuántos de los 8 millones de sufragios de pobres e indigentes consigue descontarle a Cristina Fernández de Kirchner con los planes sociales que administran la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la gobernación bonaerense María Eugenia Vidal, en franca pulseada con los aliados K de las tres organizaciones piqueteras: Barrios de Pie, Movimiento Evita y la Corriente Clásica y Combativa. De lo que puede estar segura la coalición oficialista es que el deterioro de los salarios y la incertidumbre laboral serán auténticos piantavotos.

La Administración Macri inventó su propia versión de Fuenteovejuna, del dramaturgo Lope de Vega, con los $5.000 del bono compensatorio de diciembre acordado con la CGT: la respuesta es similar a la del pueblo cordobés español en el siglo XV, cuando la monarquía les preguntó quién mató al comendador: todos y ninguno. Es que las empresas que puedan afrontarlo lo trasladarán a precios o tarifas, otras imposibilitadas de remarcar por la recesión lo dividirán en cuotas y pondrán a cuenta de futuros aumentos y habrá también las que manejen la opción con los gremios de hacerse cargo a cambio de despedir personal. En general, las compañías alimenticias y las productoras y distribuidoras de energía, junto a las excepciones que confirman la malaria que hasta los auditores del FMI admiten para esa altura del año, casi que tendrán asistencia perfecta entre los que otorguen por un lado aunque recuperen por otro e igual terminen transfiriéndoselo a la sociedad. De 6 millones 222,8 trabajadores registrados en el sector privado en condiciones de percibir el bono, no menos de la cuarta parte se pondrá a cargo del impuesto inflacionario. A juzgar por lo declarado por el titular de SMATA, Ricardo Pignanelli, tampoco la evolución de los precios dejará margen para descorchar champán y ni siquiera sidra, ya que sólo cubre el gasto de 10 panes dulces. El jueves, el INDEC difundirá el IPC de octubre, que agrega entre 5,3 y 6% al ritmo que traían entre los naftazos, tarifazos y el pass through del dólar a $40, que a propósito bajó 10% en noviembre sin que nadie, salvo Axión y por otro motivo, se diera por enterado y diera marcha atrás con las planillas alineadas con aquella paridad. El mismo día, AySA, en audiencia pública, intentará implementar su propio bono de resarcimiento por la diferencia entre lo que subieron la tarifa y el IPC en 2018 y prever para 2019 un incremento inclusive superior a la pauta de inflación presupuestada por el gobierno.

La regulación directa o indirecta estatal obligó al 80% de la población, entre la masa asalariada y previsional, a sacrificar ingresos del 10% para arriba, según quién sea, en el altar de la inflación, que el propio gobierno atiza a fuerza de tarifazos, naftazos e impuestazos. Que junto con una macrodevaluación y supertasas empujan hacia arriba la estructura de precios relativos. Al final quedó al demostrado que era falso que el cambio en el régimen de movilidad de las pasividades sacado por ley a fin del año pasado beneficiaría a los jubilados, como declararon del Presidente para abajo, ya que representará una quita del 11% del poder adquisitivo, siempre que el IPC cierre en no mucho más que el 40% (van 32,4% y falta un todo un trimestre). La difusión del RIPTE de julio- setiembre demostró, asimismo, que los salarios quedaron casi a mitad de camino de las alzas de precios, y esa diferencia estará ausente cuando sea trasladada a la fórmula de actualización con los 6 meses de delay para 17 millones de pasividades: en diciembre les liquidarán 7,7% (apenas un puntito más que en un solo mes del período, setiembre) y recién en marzo reintegrará 11,8% de lo que le haya fagocitado la canasta básica del INDEC. Pagar la inflación cash minuto a minuto y recibir sólo una parte de la compensación salarial con medio año de diferimiento constituye una metáfora para la regresiva política de ingresos que aplica la Administración Macri.

La antigua ortodoxia del Fondo Monetario Internacional se hubiera rendido a los pies de la Administración Macri: cuando en las recetas clásicas de Washington la inflación era mala palabra, ahora se le acepta a la Argentina, como si nada, un plan de ajuste con más del 35% anual. La realidad se impone y en 9 meses de 2018 el gasto fiscal (principalmente sueldos y jubilaciones) logró ser reducido más de 14 puntos en términos reales sin desbordes sociales de protesta, como los que tuvo el Fondo en Europa. Inclusive, por bastante menos que eso, al ex ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy, casi le prendieron fuego cuando anunció un 10% neto de recorte en el marco de un paquete de estabilización. Otra heterodoxia que hubiera hecho santiguar a aquel director gerente francés que le tocó al gobierno de Raúl Alfonsín, Jacques de Larosiere, como a la implacable americana Anne Krueger, con la que lidió el menemismo en los ´90, es la que ve venir la cátedra nacional: la consumación de un atraso cambiario preelectoral que, por más que afecte a las exportaciones industriales y a algunas regionales que ganaron terreno con las devaluaciones, licúe una porción de la carga de intereses de la deuda del BCRA, que totaliza US$20.000 millones, al pesificarla. No es un tema menor, ya que forma parte de un rojo financiero de 8 puntos del PBI, que es la verdad de la milanesa a cubrir más allá del papeleo fiscal.

Un balance de lo que va del año acerca de la desregulación del precio de los combustibles que ata su suerte al dólar daría que, mientras el crudo cotiza apenas 3 centavos más que en enero y el peso argentino se devaluó 95%, las naftas subieron promedio 72% y el gasoil 102%, a pesar de lo cual se afirma en el sector faltaría recuperar 9% neto de atraso. Suena a mala noticia para el ya híperrecalentado índice de precios al consumidor, debido a que en la medición general incide en un 1 punto por cada 5 que aumenta por la repercusión en el transporte particular y público de pasajeros y en la logística. En los costos agropecuarios es el insumo que más pesa. No sólo las petroleras están pendientes del indexador ahora dolarizado y tocaron el marcador de los surtidores 14 veces en 10 meses, sino que hay dos socios silenciosos que esperan su ración tributaria y no quieren saber nada de que se pare esta rueda continua: la Tesorería de la Nación y las arcas de las provincias productoras, según reveló el hasta hace poco subsecretario de Hidrocarburos José Sureda. Uno de los motores más potentes de la inflación tiene así larga vida asegurada, por más que ya haya llegado a valer lo mismo que la media de 43 países que integran un índice global. En esta última oportunidad quedó demostrado que ni las leyes del mercado ni la fórmula binómica que conjuga dólar y crudo funcionan para la determinación del precio doméstico de los combustibles: pese a que bajaron ambas referencias siguió subiendo, y cuando la respuesta en los surtidores (la demanda) fue consumir menos, la oferta viró hacia el exterior y decidió que lo que no venda acá lo exportará.

¿Cómo se hace para tributar más ganando menos y encima con tarifas y tasas por las nubes? Es la ecuación que deberá resolver la ciudadanía ante el autismo recaudador de los gobernantes, que apela a situaciones económicas pasadas como base de cálculo para las cobranzas presentes. Es lo que terminó generalizando a la clase media un gravamen que estaba dirigido a la riqueza. Y a que, con la experiencia bonaerense como avanzada, se suba fuertemente la base sobre la que se toman esas imposiciones para situarla “a valores de mercado”, inciertos ante el reacomodamiento de la oferta y la demanda que provocan la devaluación y la merma en el nivel de operaciones inmobiliarias. La voracidad fiscal, que va en sentido contrario a la depresión en la que se sumió a la actividad económica en general, tampoco tocó el techo, ya que en un par de años tendría que generarse un superávit entre 2 y 4 puntos de un PBI en retroceso, o en el mejor de los casos estancado, para asegurar el repago de un endeudamiento cuyos intereses en total insumirán el año que viene US$14.100 millones, más lo que no se renueve de los US$21.000 millones de los bonos colocados por el Banco Central. Pero además se dio vuelta la tortilla de los subsidios energéticos y, a pesar de los tarifazos que debió absorber la sociedad, el Tesoro le vuelve a pagar fortunas a los productores debido a que la devaluación pegó fuerte sobre los contratos dolarizados. O sea que los traslados de esos mayores costos al consumidor de combustibles y servicios públicos continuarán su marcha, con los justificativos camuflados en la inflación. Miguel Boggiano, Ceo de Carta Financiera, tira el gran ratón: el contexto de endurecimiento financiero internacional no tiene miras de modificarse, el agujero fiscal una Argentina hiperendeudada no será factible de seguir financiándose y la presión tributaria no da para más para una economía que no genera los recursos pueda cubrirla. ¿Qué será de nosotros cuando se acabe la inyección del Fondo Monetario Internacional?