Situar en 1,3% del PBI el déficit primario de la Administración Pública Nacional para el año que viene concretamente implica recortar nada menos que $300 mil millones. No sólo porque lo dijera el Fondo Monetario Internacional, sino porque las posibilidades de financiamiento, en el actual contexto restrictivo internacional y con el récord alcanzado por el riesgo-país, no dan para más.

Es la moraleja actualizada a la fecha por el economista Federico Furiase, de la consultora EcoGo, ex estudio Bein y Asociados, de una fábula que diría: Había una vez unos islotes de la fantasía habitados directamente por una minoría de jugadores ávidos de rápidas ganancias que contrastaban con las penurias para llegar a fin de mes y poder trabajar que padece la gran mayoría de la población del continente al que pertenecen. Con apenas una calle de por medio, fondos comunes, banqueros, empresas, superahorristas minoristas y no residentes (según la caracterización hecha por el propio titular del Banco Central, Luis Caputo) le sacan viruta a portafolios de Lebacs, Leliq, Novacs, o verdes billetes, mientras en el resto del territorio se contabilizan 154 despidos o suspensiones por día en lo que va de 2018: o sea, 4700 desempleados por mes. La realidad que rodea a la campana de cristal de las finanzas muestra que 1 de cada 8 despidos que hubo en el 2do trimestre de este año se relaciona con cierre de empresas o plantas. En la industria, la proporción sube a 1 de cada 5, con el sector textil como el más afectado, seguido por alimentos y bebidas, automotor y de autopartes y metalúrgico. Luego marroquinería, frigorífico y electrónica y electrodomésticos. El 55% de los despidos y suspensiones en las actividades relacionadas con los servicios lo representa el comercio, al que se suman salud, gastronómicos, estaciones de servicio, comercios mayoristas, seguridad, peajes, medicina, juego, gastronomía, bancario, educación, clubes y obras social, según surge de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) procesados por el kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El 20% de la obra pública que, según el arrepentido ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, que las empresas adjudicatarias, la suya entre ellas, destinaron durante una década a llenar bolsos entregados a funcionarios los investigadores de Conicet y docentes de UBA, Ariel Coremberg y Martín Grandes, es calculada en US$36.000 millones, muchisimo más que los US$200 millones que la fiscalía de Carlos Stornelli sumó en concepto de coimas que surgen de quienes están declarando como arrepentidos. Además de que falta mucho por descubrir, la Leandro Cuccioli, jefe de la AFIP, se comprometió con el juez de la megacausa de los cuadernos, Claudio Bonadío, a escarbar en las bases de datos cuál podría ser el origen de los fondos que eran entregados y cómo cada compañía lo volcaba en los balances. Los bancos también se abocaron a peinar los movimientos de dinero que generaba la obra pública, entre los organismos estatales que transferían y las cuentas de las empresas en los que se depositaban. Seguramente con la lupa saltarán inconsistencias, pero los sobreprecios pagados, los retornos y el derrame en actividades vinculadas, como proveedores, las importaciones, lavados, etc, forman parte de una economía paralela que para dimensionarla mejor debería ser cruzada con las causas Skanska, Odebrecht, cuentas offshore como las reveladas en los Panamá Papers, etc, que darían cuenta de un estilo corrupto de enriquecimiento impunemente enquistado en la Argentina. Una caja de Pandora que se abrió en la era de Mauricio Macri, por la cual por acción u omisión lo responsabilizan tanto el kirchnerismo como los ex aliados del círculo rojo.

¿Quiénes pagan el brete financiero de Donald Trump y los cuadernazos de Oscar Centeno? Retenciones al campo, no. Más presión impositiva a grandes contribuyentes, no. Menos asignación para obras públicas, no. Transporte, logística, servicios públicos... Jubilaciones y salarios estatales… (llenar los puntos suspensivos). El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, espera a la comitiva auditora de Washington con el hecho consumado de un recorte presupuestario extra para el año en curso, de buena voluntad, superior al 25%, que consiste en trazar una línea efectivamente en las partidas hasta lo que se hayan ejecutado. O sea que las transferencias a los organismos que Hacienda viene pisando desde principios de 2018 definitivamente no habrán de concretarse y cada uno tendrá que arreglarse con lo que hay. El italiano Roberto Cardarelli y los FMI boys quieren que la Administración Macri les explique cómo piensan meter el déficit primario en el 1,3% del PBI comprometido para 2019, más por el brete internacional que imponen las restricciones de Trump para conseguir financiamiento adicional en los mercados de capitales, que por las convicciones ortodoxas clásicas del Fondo, pero mientras punteará los números del trimestre para liberar los US$3.000 millones trimestrales que debe desembolsar el Fondo Monetario Internacional desde mediados del mes que viene y abrir la siguiente revisión para autorizar otros US$ 3.000 millones en diciembre, que Luis Caputo necesita como el agua para tapar los agujeros semanales que legó la bicicleta trunca del denominado gradualismo. Habrá que ver también el recálculo que se haga del PBI sobre el que se basaron todas las metas por la repercusión judicial en el financiamiento de las obras PPP.

El delay de dos meses en la liquidación de impuestos decisivos para la recaudación como el IVA (ocupa la cuarta parte) y porque el que le sigue, ganancias, reúne la mitad con anticipos generados en un año en que las había, 2017, ayudó a disimular la recesión. Y como hasta ahora tampoco se nota el faltante previsional del 2 al 3% de los empleados privados que dejaron de tributar al desaparecer de la nómina, según revelan desde las ART, no trasunta los problemas de empleo resultantes. Mientras los números que reflejan situaciones pasadas le dan bien aún, el titular del organismo recaudador, Leandro Cuccioli, sale a acordar con las entidades empresarias facilidades de cobranza para que el cumplimiento se resienta lo menos posible: planes de pagos, flexibilidad con los embargos, suspensión de ejecuciones, constituyen un colchón para amortiguar una eventual interrupción de la cadena. Entretanto, se junta también con el juez Claudio Bonadío para coordinar que, una vez que defina los montos y tiempos que surjan de los arrepentidos a raíz del caso detonado por los cuadernos de las coimas, tomen la fuerza de una DDJJ y su cobranza pueda ser reclamada. Publica Carlos Burgueño en Ámbito que el primo de Macri, Angelo Calcaterra, lo mismo que Javier Sánchez Caballero IECSA) y Carlos De Goycoechea (de Isolux, que además conformaba una UTE con IECSA), ya se encuentran en ese trance. Al parecer estarían confiados en que las urgencias fiscales hagan sacar un blanqueo a medida (del tipo del que permitió regularizarse a otros miembros del gobierno con las cuentas offshore) que los salve de la ley Penal Tributaria por el delito de evasión, en la que los propios arrepentidos terminaron autoimputándose al acogerse a una declaración voluntaria.

La Administración Macri encontró otro punto de coincidencia con su antecesora de CFK: usar a la inflación como redistribuidor de ingresos relativos sin decirlo. El 6,67% de incremento de los haberes jubilatorios que se pagará en setiembre acumula en 9 meses un 19,2% y hacia fin de año proyecta una pérdida real superior al 8%, que los jubilados resignan para que mejore el rojo de la caja previsional, principal animadora del déficit fiscal infinanciable por estos días. También con la inflación se licuara en más de 5 puntos la nómina salarial del sector público, de fuerte participación en el gasto estatal. La fórmula que pesifica el costo de los combustibles para trasladarlo al que los usuarios pagan en el surtidor conjuga de modo continuo en un indexador la cotización internacional del barril y la devaluación. Al igual que sucede con las tarifas de los servicios públicos, hubo aumentos del 1.500% en las facturas que afrontan los consumidores, que se reciclan en el IPC y vuelven, para que el dinero lo perciban directamente las empresas petroleras y distribuidoras en lugar de recibirlo a través de subsidios que diezman el erario público. Los gobiernos regulan para sacarles a unos y darles a otros, pero la inflación hace el trabajo sucio al perjudicar a los de menor capacidad de reacción en la relación de fuerzas. Claramente los jubilados encabezan la lista.

Mientras tiene al ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, entretenido con la traducción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al proyecto de Presupuesto 2019 y al titular del Banco Central, Luis Caputo, operando la paridad cambiaria con el respaldo del desembolso recibido por el stand by y cavilando dónde buscar los US$19.000 millones que faltarán el año que viene para cerrar el programa financiero, el presidente Mauricio Macri decidió en este tormentoso 2do semestre ocuparse en persona de las economías reales que sean capaces de tirar para arriba, empezando por el agro, que de la mano del trigo promete ingresar entre US$ 4.240 millones y US$ 4.460 millones antes de fin de año. Atrás viene la siembra de la soja en verano, que puede agregar US$17.800 millones entre poroto y subproductos. En ambos casos, hay contingencias internacionales, como la ola de calor europea y la guerra comercial USA-China, que abre oportunidades para colocar granos argentinos en mejores condiciones de precio. El jefe de Estado dejó de lado la teoría del derrame y va de lleno a los bifes: se metió en las mesas sectoriales vinculadas a la actividad agropecuaria para ver qué más se puede extraer de los potenciales de cada una. Por caso, con la maquinaria agrícola, algunos retoques en la competitividad tornarían vendibles algunos productos que por un pelito no pudieron emigrar. Los resultados conseguidos en la mesa sectorial de las carnes oficia de tarjeta de invitación de cuanta otra tenga alguna tela que añadir. Pero antes que nada, blindó al campo de los renovados embates fiscalistas para ajustar retenciones.

Si el presidente Mauricio Macri no consiguiera ser reelecto en 2019 y si se toma el escenario más pesimista de la economía que trazó el Morgan, en diciembre legaría un PBI con 2% de caída, una inflación del 26%, una tasa de interés del 32% y por cada $100 de valor agregado producido, $72,7 de deuda. Los contactos de los ejecutivos del banco norteamericano con funcionarios de la Administración Cambiemos que fueron sus ex compañeros son tan fluidos y la línea tan directa, que es difícil determinar dónde se origina la información que intercambian y las decisiones inmanentes. Por ejemplo, se comenta en la City que fue el Morgan el que inició la corrida contra las Lebacs. El titular del Banco Central, Luis Caputo, cuanto menos, seguro que estaba enterado. Actualmente, uno de los principales animadores de Wall Street, con mayor grado de exposición en el continente, realiza un análisis de las restricciones financieras que ocasiona la política monetaria de USA, así como las hipótesis que pendulan desde el optimismo al pesimismo de las proyecciones privadas al año de la elección (que extienden al fin de un eventual 2do mandato) de la crisis que motivó el SOS al Fondo Monetario Internacional. Los Morgan boy´s vinculados al macrismo están entre quienes evalúan insuficiente la asistencia del FMI, frente a los compromisos de deuda, y juzgan inevitable una nueva peregrinación argenta por los clubes de inversores privados externos en busca de refuerzo crediticio. El economista Wálter Graziano lo expuso claramente en un artículo publicado por El Cronista Comercial: “El stand by no está diseñado para salvar al país, sino que se trata de un préstamo puente a la espera de que se reabra el financiamiento de la comunidad internacional para marzo”, advierte ante el que considera un excesivo sesgo ministerial en concentrarse en la situación fiscal. Las bicicletas, a todo esto, están que arden (N. de la R).

Para algo sirvió la inflación en América Latina, y en especial en Argentina: salvó las papas en 2018 ante la magra actividad económica e hizo crecer la facturación en publicidad, según consignó MAGNA, de IPG Mediabrands. Las categorías de medios más destacadas fueron digital (display, vídeo, search, social), con +35%, y periódicos,+ 10%. si bien televisión retuvo el liderazgo gracias a las transmisiones de la Copa del Mundo disputada en Rusia. A nivel regional, si la línea tradicional pudo mantenerse resistente fue gracias a la demanda de las grandes marcas de consumo masivo (alimentos, bebidas, cuidado personal y productos para el hogar), medios/entretenimiento, cadenas de restaurantes y farmacias. Donde se está produciendo un notable avance es en la participación de digital en la torta publicitaria, que con el 33% aún sigue relegada en comparación al promedio global del 45%, inhibida por la constante dominación de la televisión en combinación con una presencia relativamente fuerte de la publicidad en medios gráficos. De todos modos, como seguirá creciendo al 3,4% anual hasta 2022, se pronostica que desplazará a la tevé. La expansión de esta forma no tradicional de publicidad sacudió los cimientos de la industria al punto tal que las agencias, compañías de tecnología de publicidad, propietarios de medios y plataformas, se pusieron a trabajar junto con los anunciantes en la creación de un entorno más seguro, más transparente y más amigable para el consumidor. Vio así la luz una Carta Global de Medios, un código para regular las relaciones y las mediciones consensuado entre las partes y la Federación Internacional de Anunciantes.

En menudo lío se metió Mauricio Macri en plena tormenta con frío como la que atraviesa la economía, según la definición de uno de los causantes del meteoro, el jefe de Gabinete Marcos Peña: Telefónica de Argentina no sólo impugnó ante la Secretaría de Comercio manejada por el primo de Peña, Martín Braun, la fusión de Telecom y Cablevisión, gestionada por el socio mediático del gobierno, el Grupo Clarín, sino que sitúa el conflicto a las puertas de una inoportuna repercusión internacional que puede afectar el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La corporación de capitales españoles se encargó de recordarle a la Administración Cambiemos que "el nivel de concentración que la resolución permite, sin asegurar un ambiente de competencia efectiva, no tiene precedentes en ningún país de la OCDE”, y ratificó que, luego de la instancia administrativa, vendrían las judiciales en el país y el exterior, donde incluye llevar la demanda al Ciadi, el tribunal del Banco Mundial, en suspenso desde hace más de un año. Hizo hincapié en que el favoritismo de la Casa Rosada consolidará una concentración de casi el 60% del mercado de banda ancha fija a nivel nacional y hasta 90% en determinadas ciudades. Sin embargo, en el market share que engloba la telefonía fija; móvil; conexiones a internet por banda ancha fija; conectividad móvil; y TV paga, Telecom-Cablevisión controlan el 36%. Telefónica subió la apuesta y, además de mencionar las posibles consecuencias internacionales de la fusión, subraya que “pone en peligro las inversiones que requiere el sector”, cuando desde 2017, a nivel corporativo, la telco española decidió reorientar los recursos de capital a competir en el mercado de las telco del Reino Unido y reducir el endeudamiento reunido en el mundo para darle lugar a esa reubicación de los capitales. Estratégicamente, optó por priorizar el servicio digital al cliente a las infraestructuras, justo al revés de lo que viene haciendo en Argentina desde 1990 y ahora apunta a modificar con el rebranding en torno de Movistar y la presentación del asistente Aura, competidor de Siri de Google y Alexa de Amazon.